Serpientes y escaleras - Escándalos sexenales

En opinión de Eolo Pacheco

Serpientes y escaleras - Escándalos sexenales

Cuando se aproxima el cierre de administración, empiezan las historias de corrupción.

 

Escándalos sexenales

Los escándalos políticos y actos de corrupción que se cometen al amparo del poder se han vuelto comunes en Morelos, sobre todo al cierre de las administraciones; desde hace años los morelenses hemos sido testigos mudos de las acciones ilegales de los gobiernos y de sus integrantes, una y otra vez observamos tráfico de influencias y abusos de poder, sexenio tras sexenio se difunden este tipo de hechos y al final todo queda en ruido mediático, porque pocas veces sucede algo más allá de la bulla. ¿Pasará algo esta vez?

Al final del gobierno de Sergio Estrada Cajigal se hicieron públicas diversas acciones ilícitas cometidas por el gabinete saliente; se habló de obra pública entregadas a familiares y amigos, de precios inflados en los contratos y un negocio multimillonario en el proceso de reemplacamiento y en los verificentros. Fueron muchos los temas que se pusieron sobre la mesa y bastante la evidencia que confirmaba que el gobierno saliente era parte de múltiples acciones fuera de la ley; la más llamativa al final: el proceso de expropiación de los terrenos para la construcción de la autopista Siglo 21.

El apretado resultado de la contienda electoral del 2006 y el tibio carácter del siguiente gobernador hizo que las denuncias quedaran solo en escándalo; los excesos del régimen saliente y el enriquecimiento inexplicable de sus integrantes quedó en el olvido, lo mismo que los evidentes nexos que el gobierno estradista mantuvo con grupos de la delincuencia organizada.

El sexenio de Marco Adame Castillo no estuvo ajeno a este tipo de situaciones, desde el principio quedó claro cómo serían las cosas y quienes llevarían las riendas de los negocios; por un lado estaba el poderoso coordinador de asesores y director de comunicación Javier López Sánchez; ningún contrato se hacía sin que él lo supiera y toda la obra pública que se asignaba recibía su visto bueno. Fue tal el poder de Javier López que hasta formó una empresa llamada Minuto 57, cuya función formal era generar cápsulas informativas (que nadie escuchaba), pero que en realidad fue el espacio donde se hacían todo tipo de negocios.

La fuerza de Javier López Sánchez dentro del gabinete adamista era absoluta, pero cometió excesos que lo enemistaron con el resto de los funcionarios y compitió con la primera dama. La presidenta del DIF representaba el otro poder del estado, Javier y Mayela eran figuras muy influyentes en el tibio gobernador y peleaban por todos los negocios del gobierno; al final el peso de Mayela Alemán fue mayor porque sumó voluntades en contra de López Sánchez y porque, como dijo Lino Korrodi respecto a Martha Sahagún: “es imposible competir contra ocho horas sábana”. A mitad de sexenio Javier López salió del gobierno.

Los negocios en el adamismo fueron evidentes desde el inicio de la administración y aparecían por todos lados: estuvieron en la obra pública, en los contratos de servicios, en las compras de insumos y hasta en los servicios de alimentos en los centros penitenciarios. En el DIF la historia era particularmente compleja, se habló de que la presidenta lucraba con los contratos para los desayunos escolares, con las despensas y en algún momento hasta se le acusó de ponerle precio a las adopciones. En medio de su mediocridad institucional, el gobierno de Marco Adame brilló por la corrupción de sus integrantes y los vínculos que a través de la familia creó con cárteles del narcotráfico. Entonces llegó la era de Graco.

En su discurso de toma de protesta Graco Ramírez prometió dos cosas: acabar con el narcogobierno que le heredaba Marco Adame Castillo y erradicar la corrupción característica del panismo. Sin pelos en la lengua el perredista arremetió contra su antecesor: lo acusó públicamente de vincularse con el narcotráfico, de abrirle las puertas del estado a diversos grupos criminales y de vender protección a cárteles; con Adame a su lado destacó la corrupción en la administración estatal, particularmente en el área de salud y en el sistema DIF Morelos.

Todo lo prometido por el nuevo régimen se mantuvo así, en promesas, porque en seis años nunca sancionó a nadie, ni cambió el estatus de las cosas; la única modificación que hubo fue que llegaron nuevos proveedores de la mano de su familia y rápidamente se entendió que todos los negocios del estado pasarían por los escritorios de Elene Cepeda y Rodrigo Gayosso.

Muchas fueron las faltas cometidas en esa administración, pero todas bajo un esquema de protección institucional en el que participaban los tres poderes del estado; lo que sí hizo muy bien el tabasqueño fue tejer una amplia y compleja red de complicidades en todos lados: con los diputados, con los magistrados y con los presidentes municipales. De esa manera pudo hacer de la compra de medicamentos un negocio multimillonario a través de Andrik Ruíz de Chávez, lo mismo que con la obra pública, negocio que estuvo a cargo de Sergio Beltrán Toto.

El enriquecimiento de la familia gubernamental fue rápido y exponencial, todo pasaba por ellos y a todo se le ponía un porcentaje de comisión; con el panismo la cuota, dicen, era del diez por ciento, pero con el PRD la comisión subió al 35 por ciento pagada por adelantado, incluso antes de que se cobraran las facturas. En ese sexenio hubo cuatro grandes rubros en los que se operó: la seguridad, la obra pública, la salud y los eventos; este último renglón quedó en manos de José Domingo Ramírez Cepeda.

Los escándalos de corrupción en el graquismo empezaron casi desde el inicio del régimen, pero dada la cercanía del gobernador con el presidente Enrique peña Nieto ninguna denuncia avanzó. Peor: en el renglón de la seguridad el estado destinó miles de millones de pesos para la construcción del C5, la adquisición de miles de cámaras, renta de patrullas y helicópteros y capacitación para los policías. En este negocio, dicen, participaron familiares del exsecretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

El remate del régimen más corrupto que ha tenido Morelos hasta ahora vino con la tragedia del sismo del 2017; el terremoto del 19 de septiembre fue aprovechado para hacer un último y multimillonario negocio a costa de la desgracia de miles de morelenses; todo empezó con la apropiación de las donaciones humanitarias y se redondeó con el manejo de un fondo de 7 mil millones de pesos creado para la reconstrucción. En este fideicomiso el gobernador Graco Ramírez colocó a dos personas de su entera confianza: Sergio Beltrán Toto y Alexis Ayala.

Los abusos del sexenio fueron tantos que hundieron políticamente al partido y acabaron con la carrera política de Graco Ramírez; encarcelar al gobernador saliente se convirtió en bandera de campaña de la 4T porque lo ocurrido en lo local era similar a lo que a nivel nacional hizo el PRI; item más: enarbolar la lucha contra la corrupción en Morelos iba en perfectamente con el discurso de Andrés Manuel López Obrador y provocaba simpatías por todos lados. Graco Ramírez y su familia se habían convertido en las personas más despreciadas en la entidad. Así llegamos a la actualidad.

En la víspera de que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo entre a su quinto año comienzan a generarse historias que replican lo ocurrido en administraciones pasadas; la filtración de un audio que refiere la presunta entrega ilegal de una notaría puede ser el primero de varios escándalos en contra del régimen saliente.

Ulises Bravo es una figura de enorme peso en el ánimo del mandatario y ahora una de las de mayor influencia en Morena; el hermano del gobernador ha asumido un rol político propio con un evidente objetivo electoral. Bravo Molina no es un personaje ajeno a la vida pública, es un actor político con agenda propia y como tal lo comienzan a atacar, porque saben que de esa manera afectan al gobernador y sobre todo le meten ruido al Movimiento de Regeneración Nacional.

El audio difundido por Reforma revela más allá de lo que se escucha, se trata de una grabación hecha por alguno de los dos personajes que intervienen en la conversación y fue uno de ellos quien la entregó al rotativo: hacer pública esta situación expone la molestia contra el jefe del ejecutivo, contra su hermano y contra quienes conforman el primer círculo de Cuauhtémoc Blanco.

La grabación puede ser el primero de varios escándalos que veamos en los meses siguientes, atacar al gobernador y a los suyos será la constante en el cierre de sexenio porque, además, representa una manera fácil y rápida de ganar simpatías y obtener votos.

El problema para los gobiernos no radica en la aparición de escándalos, deriva de la manera como los enfrentan.

  • posdata

Luego de que el periódico Reforma divulgó un audio en el que se escucha a Pablo Ojeda y a Eduardo Kenji Uchida discutir sobre la entrega de una notaría, el actual titular de la política interna de la administración morelense Samuel Sotelo fijó postura oficial al respecto:

“El procedimiento lo inicio el exsecretario Pablo Ojeda; Kenji (Uchida) es a quien le atribuyen participar en esa conversación, pero no estaba trabajando en la dirección jurídica de la secretaría de gobierno.

- ¿Hay denuncias contra ellos?

Lo desconozco, en un momento determinado en el proceso de designación del notario la fiscalía realizó algunas diligencias porque decía que había una denuncia anónima…

- ¿O sea que sí notificaron a la secretaria de gobierno sobre esas denuncias?

No. Practicaron algunas diligencias y yo de manera informal platique con el fiscal y con el fiscal anticorrupción y me dijeron que había una denuncia anónima relacionada con ciertos hechos, pero hasta ahí.

- ¿Iniciara algún procedimiento legal contra su antecesor y contra ese funcionario?

Haciendo una revisión puntual del estatus, hemos encontrado algunas irregularidades en los expedientes, precisamente de los aspirantes a ser notarios; estamos trabajando en eso y estamos en una revisión puntual.

- Es una filtración ¿Está curándose en salud el exsecretario?

Pareciera ser, no sabemos porque se filtraría y si él participo; lo desconozco yo no estaba en esa área y no sabemos si es fiel; el caso no afecta a la Secretaria de Gobierno como tal porque el procedimiento lo inicio el anterior secretario y lo culminé yo, entonces en cuanto al procedimiento como tal no hay ninguna irregularidad. No se le entrego (la notaría) al hermano del gobernador, no sé porque lo plantean, pero él (Ulises Bravo) no tiene ninguna participación”.

  • nota

Sigue pagándole a mi gente, en mes y medio regreso” pedía arrogante Roberto Yáñez luego de que le notificaron que un tribunal le había retirado la diputación local. “Déjame mi oficina y mi equipo, tú sabes que en el federal me van a dar la razón” insistía. Pero nadie le hizo caso.

La semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en favor de Gabriela Marín y la ratificó como legisladora local por el partido Morelos Progresa; los magistrados federales consideraron correcto el fallo del tribunal local y desecharon la impugnación interpuesta por el hermano Lelo. El hecho que exista una mujer más en el congreso local no vulnera el principio de paridad, como lo reclamaba Roberto Yáñez, quien se hacía pasar como integrante de la comunidad lésbico gay.

Hagamos memoria: Roberto fue el primer diputado Lelo, fue plurinominal por el partido Social Demócrata; luego llegó su hermano Julio, por el mismo camino y en la legislatura pasada fue la esposa de este último, quien en el mismo esquema ocupó una curul sin haber obtenido un solo voto en las urnas. En esta cuarta etapa los Lelos quisieron repetir el esquema en Morelos Progresa, para hacerlo usurparon dos posiciones: de indígena y de la comunidad lésbico gay; la candidatura de Julio Yáñez fue desechada y aunque a Roberto se la validaron, no pudo superar el hecho que Gabriela Marín era la siguiente en la lista de prelación.

Cuando menos en esta legislatura se acabó la era de los Lelos.

Ninguno de los 20 legisladores lamentó que lo echaran de la cámara.

  • post it

Comenzó a tomar forma el proceso jurídico contra el exalcalde de Cuernavaca Antonio Villalobos; hace unos días un juez formuló imputación contra él y siete miembros de su cabildo por el presunto desvío de 25 millones de pesos de cuotas de los trabajadores. El próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso; por lo pronto un juez estableció medidas cautelares para que no pueda huir.

Esta semana veremos si la suerte le sigue sonriendo al alcalde más torpe y corrupto que ha tenido Cuernavaca en toda su historia.

  • redes sociales

Cayó el director del mercado Adolfo López Mateos; Luis Anguiano renunció al cargo luego de que una dama a quien le ofreció trabajo y prometió darla de alta en la nómina del ayuntamiento lo denunció por acoso y agresión sexual.

Este señalamiento opaca las denuncias por incompetencia, corrupción y ausencia laboral que en su contra vienen haciendo comerciantes desde hace varios meses.

Parafraseando al personaje en cuestión ¿On tá el alcalde en este tipo de situaciones?

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

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