Serpientes y escaleras - El fraude del Filateq

Lo que ocurrió en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es ilegal e inmoral

El fraude del Filateq

El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es un organismo gubernamental dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos, funciona desde hace años y no había llamado la atención porque muy pocos conocían su existencia, circunstancia sumamente favorable para quienes intervienen en su funcionamiento. En términos llanos, el Filateq es una inmobiliaria.

En sus reglas de operación el fideicomiso establece que al término de cada año fiscal se entregará el cincuenta por ciento de las utilidades a los ejidatarios, situación que no ha ocurrido desde que Dionicio Álvarez asumió la dirección hace tres años.

En este periodo el Filateq operó de manera discrecional, sin ejercer más de 20 millones de pesos aprobados por el comité técnico para realizar obra pública en los ejidos que conforman el fideicomiso. Aunque en la última administración se reportaron ingresos superiores a los 60 millones de pesos, en las cuentas del fideicomiso solo hay 58 mil pesos.

Las anomalías que la nueva administración estatal encontró en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo van desde el “reseteo” de las computadoras para borrar información, hasta el extravío de expedientes y la venta de terrenos muy por debajo de su valor comercial a funcionarios del gobierno anterior y gente cercana al director.

El comité del Filateq está conformado por el gobernador, representado por el Secretario Coordinador de Sector del Fideicomiso y los titulares de las secretarías de Hacienda, Desarrollo Sustentable, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Comisión de Agua y dos representantes de cada uno de los ejidos de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotla. En carácter de invitados participan también los secretarios de Gobierno, Administración, Agricultura y Contraloría.

Lo que ocurrió en el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo no es claro, porque su último director se encargó de ello; en la toma de decisiones del Filateq participan varios secretarios y todos estuvieron enterados de lo que ahí ocurría, lo cual deja implícita su participación y complicidad en lo que se hizo en esa dependencia.

Los pormenores operativos y reglamentación del organismo es confuso, pero será la base para que las nuevas autoridades estatales actúen conforme a derecho. Para el ciudadano común, como tú y como yo lectora queridos, digamos que se trata de una inmobiliaria que posee una amplia reserva territorial, la vende y divide las ganancias a la mitad con los ejidos.

Lo primero que llama la atención de las transacciones realizadas en esa oficina es el precio de venta de los predios; la zona del Lago de Tequesquitengo es una de las más cotizadas en la región, de ahí que el precio de venta de los terrenos, dependiendo de su ubicación y cercanía con el agua van de los 3 mil a los 15 mil pesos por metro cuadrado.

Aquí comienza a volverse llamativa la historia, porque de acuerdo con las denuncias que han hecho diversas personas, entre las que se encuentran algunos presidentes y expresidentes municipales, el modus operandi de la administración pasada era realizar un pago mínimo de manera oficial y un complemento en efectivo mucho mayor sobre el escritorio.

Y tiene lógica: tomemos como ejemplo los cuatro predios que compró la entonces secretaria de Administración del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, miembro del comité del Filateq:

El 29 de febrero del 2024 a las 11:49 am, Sandra Anaya Villegas adquirió al Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 4 lotes de 224.56 m2 a un precio de 160,036 pesos con un descuento adicional de 16,003.60 pesos; al final erogó 144,032.40 pesos por cada uno de ellos. La actual diputada federal se hizo de cuatro terrenos pagando 640 pesos por metro cuadrado, muy por debajo de lo que comercialmente valen, porque dependiendo la zona el metro de tierra cerca del lago puede costar entre 3 y 15 mil pesos.

Lo mismo ocurrió con la entonces secretaria de Hacienda, también parte del comité del Filateq; Mónica Boggio y su esposo Edgar Riuo compraron 6 y 3 lotes respectivamente, dos de ellos, además, a crédito por 36 meses. A diferencia de Sandra Anaya, la hoy magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa era parte del Órgano Máximo del Fideicomiso y no solo invitada. Como estos casos hay muchos más.

Desde hace varias semanas el nuevo secretario de Desarrollo Sustentable ha señalado irregularidades en el Filateq y Dionicio Álvarez, su último director, renunció quince días antes de que concluyera la pasada administración para evitar el proceso de entrega recepción. A la fecha, señaló en una entrevista Alan Dupré, “se han presentado al menos 20 personas que aseguran haber sido defraudadas porque vendieron los mismos terrenos dos veces, no fueron legalmente registrados como compradores o el precio que pagaron por los lotes no es el que se reportó de manera oficial”.

La venta de terrenos y la manera como se condujo el Filatec en los últimos años puede derivar en acciones legales de parte del gobierno estatal y de particulares contra los responsables del organismo y los funcionarios que formaban parte del comité, me explica un abogado experto en la materia.

Independientemente de la norma jurídica, lo que sobresale es el abuso de quienes tenían voz y voto en el fideicomiso, acceso a información privilegiada y a sabiendas de que estaban comprando terrenos muy (pero muy) por debajo de su valor real, adquirieron los bienes. Puede ser que las transacciones no sean ilegales porque como lo afirma la diputada Sandra Anaya, “Yo compré en lo que me lo vendieron”, pero sin lugar a duda es algo inmoral y merecedor de repudio público.

El fraude del Filateq representa la primera prueba para el gobierno de Margarita González Saravia; la información sobre lo ocurrido en el fideicomiso no deriva de una denuncia oficial, ni se divulgó de manera institucional; como en el caso del secretario de Agricultura es producto del enojo de los propios trabajadores que observaron los negocios que se hacían a costa del estado y decidieron ventilar las cosas para que el resto de la ciudadanía se enterara.

En este punto la administración estatal ya no tiene margen de maniobra porque la historia es pública y se añade a los múltiples comentarios que en el mismo sentido se están haciendo en casi todas las dependencias del gobierno estatal. Imposible contener una historia de corrupción de proporciones millonarias que involucra a exfuncionarias estatales y en donde existen denuncias de muchas personas que, a diferencia de Sandra Anaya o Mónica Boggio, fueron estafadas en su compra.

Las redes de complicidad que existen en este caso son enormes y van más allá del exdirector Dionisio Álvarez, incluyen en primera instancia al exsecretario José Galindo, a los notarios que se prestaron a hacer los trámites inmobiliarios y a quienes desde una posición privilegiada en el gobierno estatal aprovecharon la circunstancias para adquirir terrenos a precios irrisorios.

Los ciudadanos nos hemos acostumbrado a ser testigos mudos de este tipo de actos de corrupción y dar cuenta que, por muy infames que sean las cosas, solo quedan en escándalo porque la impunidad en Morelos es enorme. Hoy nuevamente vemos un caso oprobioso que daña al patrimonio de Morelos, pero sobre todo a los ejidatarios que son copropietarios de la tierra y en los últimos tres años no han recibido un solo peso por las transacciones.

El fraude del Filateq pone a prueba el discurso de honestidad del nuevo gobierno.

·         posdata

Por culpa o vergüenza la diputada federal Sandra Anaya se montó en el escándalo del Filateq como si ella fuera responsable directa u orquestadora de todo lo que ahí ocurrió.

Su amenaza de demandar a quienes hacemos pública la información es un intento de desviar la atención para tratar de contener la opinión pública, es una reacción anímica ante el hecho que adquirió terrenos muy por debajo de su precio, aprovechando su posición como integrante del comité del fideicomiso. Lo que hizo puede ser legal, pero es visiblemente inmoral.

La validez de la transacción a través de la cual adquirió tres lotes el 29 de febrero del 2024 a un precio individual de 144,032.40 pesos cada uno está fuera de duda porque, como ella lo ha dicho “pague el precio que me dieron”. El punto medular en esta historia no es el beneficio personal que obtuvieron ella, Mónica Boggio y las demás personas que compraron terrenos a muy buen precio, sino la manera poco ortodoxa como operó el Filateq y su director.

Pongámoslo de esta manera: ¿Quién realizó el avalúo de los predios? ¿Quiénes forman parte de la Comisión de Avalúos del gobierno del estado? ¿Qué tomaron como base para fijar tan bajo el precio de los lotes del fideicomiso? ¿Por qué se determinó venderlos muy por debajo del precio comercial de la zona? ¿Están de acuerdo los cuatro ejidos que participan en el fideicomiso en que se remate su tierra? ¿Hay conflicto de intereses si los miembros del comité del Filateq son quienes compran los terrenos?

Las amenazas y las rabietas de la diputada no espantan a nadie, se trata de la reacción violenta de una figura pública que sabe que está en el ojo del huracán por acciones que a la vista de todos son reprobables, porque aunque puedan estar apegadas a derecho significan una acción abusiva de su parte y de todo un gobierno al que no le importó la gente, ni cuidar la manera como actuaron.

Como funcionaria estatal Sandra Anaya estaba acostumbrada a que el gobernador la cuidara, a que escondieran sus errores y solaparan su incapacidad profesional. Hoy no está Cuauhtémoc Blanco para protegerla, para gritarle a los demás secretarios que la procuraran, que suplieran sus deficiencias laborales y la proyectaran como un activo político.

La transacción inmobiliaria de Sandra Anaya no es la parte central del problema, porque se realizó conforme a derecho, según se lee en los documentos; lo que habrá que revisar es si existe conflicto de intereses, tráfico de influencias o algún tipo de responsabilidad de su parte en lo que ocurrió en el Filateq.

El enojo de la secretaria refleja culpabilidad. El tiempo y las instancias legales determinarán si se investigará o nuevamente todo quedará en la impunidad. Los periodistas solo informamos.

·         nota

Los implicados en el tema del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo se han encargado de hacer crecer la polémica.

Todo ello mete presión a un gobierno que presume estar en contra de la corrupción.

El fraude en el Filateq es la primera prueba de honestidad para el gobierno de Margarita González Saravia.

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Los políticos de Morelos roban, abusan, se enriquecen… y después de ello, en ocasiones, se convierten en impartidores de justicia para tener fuero y evitar las consecuencias de sus actos.

Por eso estamos como estamos.

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¿Y cómo a qué hora llegará la demanda?

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