Serpientes y escaleras - El fiscal y el gobernador

El pleito no es nuevo y aún no hay ganadores; desde cualquier ángulo todos pierden.

El fiscal y el gobernador

Desde que tomó protesta como jefe del ejecutivo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo ha intentado deponer al fiscal general del estado; la razón, ha dicho, es que Uriel Carmona Gándara responde a los intereses de Graco Ramírez y fue nombrado para protegerlo. Tres años después la pugna continúa sin que el abogado pueda ser removido del cargo. ¿Hasta donde llegará este conflicto?

Lo que vimos la semana pasada es parte de una historia de toma y daca entre personajes de poder locales; el último episodio de esta batalla apareció con la determinación del Congreso de la Unión sobre el desafuero del fiscal, porque aunque el juicio de procedencia interpuesto contra el abogado morelense no avanzó, los representantes populares confirmaron que el fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara no tiene fuero y por tanto la Fiscalía General de la República puede detenerlo en cualquier momento, pues pesa sobre él una investigación.

Casi en paralelo a este debate parlamentario, en Morelos, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se presentó una denuncia en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y contra varios integrantes de su familia. El demandante es el abogado Enrique Paredes Sotelo, exsecretario del ayuntamiento con Jorge Morales Barud e incondicional del excandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca Matías Nazario Morales. Por cierto, como funcionario municipal Enrique Paredes fue quien otorgó y firmó la constancia de residencia al exfutbolista para que pudiera competir en el 2015 por la presidencia municipal de Cuernavaca.

Un día después de que el congreso federal dejó sin fuero al fiscal de Morelos, el contenido de la denuncia presentada ante la FECC llegó a la portada del periódico reforma bajo el título de “Acusan a Cuau en red de lavado”. El contenido de la historia fue llamativo, aunque no nuevo: hablaba de la triangulación de millones de pesos y operaciones financieras sospechosas a través de diferentes empresas y comercializadoras en las que participaban diversos miembros de la familia del gobernador. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos depende de la Fiscalía General del Estado cuyo titular es Uriel Carmona Gándara.

Sobre lo escrito en el rotativo cabe hacer notar algo: lo denunciado ante la fiscalía anticorrupción y retomado por el periódico Reforma forma parte de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera; este expediente, conocido públicamente como el “Caso Primavera”, es el mismo que hace unos meses desechó públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus visitas al estado.

Durante una de sus conferencias de prensa mañaneras celebradas en Cuernavaca, a pregunta expresa de un reportero, el presidente de México dio por cerrada la investigación de la UIF al señalar que “no había nada más que investigar porque no se habían encontrado elementos que constituyeran un delito”; los dichos de AMLO fueron públicos, aunque nunca hubo un cierre formal al proceso, ni se cancelaron las pesquisas de la UIF. Pongámoslo de esta forma: políticamente se mató el asunto, pero legalmente la investigación continúa vigente, porque después de la declaración de López Obrador la oficina de Santiago Nieto ha continuado investigando y presentando denuncias ante la FGR.

Revivir esta historia es llamativo y genera morbo, sobre todo porque hubo reacciones de algunos personajes de la política nacional que inmediatamente retomaron el tema, como el senador de Morena Germán Martínez, quien pidió abiertamente que se estrenara la ley de juicio político con el gobernador de Morelos. “Creo que es hora de estrenar la nueva ley de juicio político y declaración de juicio de procedencia que acabamos de aprobar para ver si es cierto que sirve… hay que evitar que el congreso local lo proteja”.

El debate en torno a esta nueva (vieja) acusación contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco será mediático, al menos hasta que alguna autoridad o representación popular más allá de Germán Martínez lo retome; la declaración del senador mantuvo la vigencia del tema por un par de días más, pero se trató de una expresión individual, no de la postura de su bancada, ni tampoco la de otras instituciones como la UIF o la FGE.

Localmente el tema podría tener una connotación distinta si el parlamento retoma la denuncia como algo propio, es decir, si utilizan la querella de Paredes ante la Fiscalía Anticorrupción como un elemento para cuestionar al gobernador. Mientras eso no ocurra lo único que veremos es un escándalo mediático que enfadará al jefe del ejecutivo, lastimará a su familia, pero no tendrá ninguna repercusión legal o política.

La semana que inicia es clave para poder conocer el futuro de la historia: si el tema se mantiene vigente y otros actores o instituciones lo retoman, podríamos suponer que detrás del debate hay algo más que un ataque personal contra Cuauhtémoc Blanco. El tema no es nueva, se trata del refrito del Caso Primavera, una investigación inconclusa que hasta el momento no ha llegado a nada y que además, fue desechada y no avanzará hasta que el presidente lo autorice.

Amen de ello hay que tomar en cuenta que Cuauhtémoc Blanco es un personaje cercano a Andrés Manuel López Obrador y ha sido invitado por el jefe moral y político del Movimiento de Regeneración Nacional a buscar la jefatura de la Ciudad de México en el 2024; bajo esta lógica sería absurdo que el gobierno federal anulara las expectativas de uno de los más fuertes precandidatos de Morena en la capital del país.

Lo que vimos la semana pasada fue un duelo de poder entre figuras políticas locales; la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción es de un abogado que forma parte del mismo grupo político del fiscal y cuyo contenido fue estratégicamente filtrado a un medio nacional que estás enfrentado con el gobierno de la cuarta transformación. La respuesta del gobernador fue referir que se trataba de un asunto viejo y ya juzgado, pero añadió que detrás del ataque esta el exgobernador Graco Ramírez.

En este tema hay que poner atención en un aspecto en particular: aunque el expediente inicial de esta historia está en la Unidad de Inteligencia Financiera y ahí nada se moverá hasta que el presidente López Obrador lo diga, en Morelos las pesquisas corren a cargo del abogado Juan Salazar, también protegido del exgobernador Ramírez Garrido, enemigo personal de Cuauhtémoc Blanco y aliado del fiscal Uriel Carmona.

La FECC forma parte de la estructura de la fiscalía general del estado, pero tiene autonomía en su actuación y facultades legales para actuar. Si el fiscal anticorrupción de Morelos Juan Salazar quiere, puede hacer pasar momentos muy complicados al gobernador Cuauhtémoc Blanco y a su familia, porque aunque el expediente esté congelado en la UIF, en lo local la investigación puede continuar más allá de lo que diga el presidente.

El nivel de enfrentamiento al que han llegado el fiscal Uriel Carmona y el gobernador Cuauhtémoc Blanco es de llamar la atención: uno y otro han dejado de lado la diplomacia y ambos se han acusado públicamente de todo, dejando claro que entre ellos no existe una relación respetuosa ni institucional.

El jefe del ejecutivo estatal ha decidido emprender una batalla frontal contra el fiscal y no obstante que reiteradamente ha perdido los procedimientos que ha impulsado en su contra, continúa con una guerra que cada día se ve más difícil de ganar, porque el tiempo y las circunstancias políticas cada vez son más favorables para el abogado Carmona. Un dato más: el nombramiento del fiscal de Morelos es por nueve años, es decir, cuando Cuauhtémoc Blanco concluya su gestión en el 2024, a Uriel Carmona aún le quedarán varios años como funcionario y será sumamente peligroso para todos los que acompañan hoy al jefe del ejecutivo.

Puede ser que políticamente hablando el gobernador tenga razón al afirmar que el titular de la FGE protege a los graquistas, pero lo que no se puede pasar por alto es que los funcionarios de su gobierno, empezando por el consejero jurídico y el asesor anticorrupción no han tenido la capacidad profesional, la habilidad política ni el interés personal de castigar las tropelías cometidas en el sexenio pasado.

Pasados tres años de que se prometiera meter a la cárcel a Graco, cada vez es más claro que dentro del gabinete de Cuauhtémoc Blanco existen una red de complicidades que juegan en contra del gobernador, filtran información de varios funcionarios y señalan a integrantes de su familia.

Las acusaciones que nuevamente han surgido en contra del jefe del ejecutivo de Morelos no representan nada nuevo, ni tampoco algo comprobado, pero muestran que dentro y fuera del equipo del examericanista hay figuras interesadas en atacarlo y dejarlo fuera de la carrera por la capital del país; este tipo de escándalos merman su imagen nacional, sobre todo en la Ciudad de México, convulsionan el ambiente político local y generan un riesgo para él y los suyos.

Pasada la segunda mitad del sexenio, con un congreso opositor y muchos actores políticos locales y nacionales interesados en lastimarlo, Cuauhtémoc Blanco tendría que ser más prudente de sus actos y entender que sus problemas no se acaban con expresiones banqueteras. Frente a un cierre de sexenio sumamente complejo, el mandatario necesita aliados, pero sobre todo tiene que evaluar su estrategia política y el alcance mediático de sus acciones.

Lo que es claro para muchos es que, políticamente hablando, el gobernador está durmiendo con el enemigo.

• posdata

Veamos esta historia por partes:

1. Enrique Paredes, abogado especializado en temas penales e hijo putativo de Matías Nazario presentó una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco con datos del expediente del Caso Primavera que obra en poder de la Unidad de Inteligencia Financiera. El contenido de esa investigación no es secreto, se ha dado a conocer varias veces por distintos medios, pero hasta ahora se le da forma de demanda y se exhibe ante una dependencia local abiertamente confrontada con el gobernador. El momento en que se ingresó la denuncia coincide con el proceso contra el fiscal en el congreso federal
2. La divulgación de la demanda inició en el periódico Reforma, severo crítico del gobierno de la 4T, un periódico que reiteradamente ha dado espacio a notas en contra del gobernador y a favor del fiscal Uriel Carmona. Tras la revelación de Reforma, varios medios retomaron el tema con perfecta sincronía y lo expusieron a nivel nacional en sus espacios físicos y en sus redes sociales.
3. La denuncia la retomó Germán Martínez, un senador rebelde en Morena que formó parte del gabinete del presidente López Obrador en la dirección del IMSS. El señalamiento del legislador no fue respaldado por ningún otro miembro de ese partido, ni respaldado hasta ahora por los grupos parlamentarios del Movimiento de Regeneración Nacional en cualquiera de las dos cámaras.
4. El congreso local recibió la semana pasada al fiscal Uriel Carmona con motivo de su informe de labores, el encuentro entre el abogado y los legisladores fue terso, sin contratiempos, ni señales que advirtieran algún tipo de enfado o crítica de los representantes populares con el abogado del estado. Más aún: sin decirlo formalmente, quedó claro que los diputados son aliados del fiscal.
5. En lo local el gobierno de Cuauhtémoc Blanco pudo contener el tema; la historia se contó muy poco y sin ocupar grandes espacios. Esto es señal de la buena relación del ejecutivo con los medios, pero no es suficiente para que el asunto se resuelva de fondo, porque la discusión es legal y es política y ahí los operadores de Cuauhtémoc Blanco le han quedado a deber.

• nota

Hace unos años Enrique Paredes era defensor de Cuauhtémoc Blanco y de su residencia, hasta que lo dejaron fuera del equipo de gobierno. Hoy lo señala como mal gobernante, olvidando que fue su firma lo que le abrió camino político en Morelos.

• post it

El reto del gobernador Cuauhtémoc Blanco ante esta nueva embestida política es que sus enemigos y adversarios no hagan frente común. Aunque el futuro político del exfutbolista es tutelado por el presidente López Obrador, un problema de gobernabilidad e imagen local lo puede dejar fuera de la jugada. En política los aliados son importantes mientras tengan rentabilidad social.

• redes sociales

Los panistas disidentes lograron registrar su planilla para competir en el proceso de renovación de la dirigencia estatal de su partido.

Ahora toca a la militancia decidir: cambiar o seguir igual.

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