Revés a juez que favoreció a exfuncionarios graquistas

Vinculan a proceso de exfuncionarios de la pasada administración, Einar Topiltzin y  Rafael Bolívar, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así como Sergio “N” y José “N”, exsubsecretarios de Obras, esto por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, tras apelar el fallo de un juez; magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenaron dar vista de la actuación del juez a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado.

A través de un recurso de apelación al dictamen del juez Humberto Romero Ulloa, que en Julio pasado dictó la “no vinculación” de estos cuatro exfuncionarios, la Fiscalía Anticorrupción logró revocar el auto de no vinculación a proceso dictado por un juez de control, a favor de cuatro exfuncionarios de la administración pasada.

Tras la revocación, Einar Topiltzin Contreras MacBeath, exsecretario de Desarrollo Sustentable, Rafael Bolívar Garrido Niembro, exsubsecretario de Desarrollo Sustentable y Vivienda, así como Sergio “N” y José “N” exsubsecretarios de Obras, quedaron vinculados por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, relacionados con la carpeta de investigación FECC/150/2018.

Esto se logró después de que la Fiscalía presentó, en su apelación, argumentos suficientes para demostrar que los exservidores públicos debieron ser vinculados a proceso, por lo que la Sala del Circuito Único del Tribunal Superior de Justicia de Morelos determinó revocar la determinación del juez.

Ellos están relacionados con la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos, ubicada en la localidad “El Zarco” del municipio de Yautepec, para la cual se destinaron más de 13 millones 800 mil pesos, pero nunca funcionó, ya que sólo se avanzó en un 40 por ciento de su construcción y fue entregada por la empresa y recibida de manera indebida como si estuviera terminada al 100 por ciento.

En tanto, magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenaron dar vista de la actuación del juez a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, para que, de existir alguna falta oficial, proceda en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Cabe señalar que por este caso también se les sigue proceso Patricia “N” exsecretaria de Obras Públicas, Lucero “N” exdDirectora de Infraestructura y Marco “N” exsupervisor de Obras.

En aquella audiencia, que inició el 8 de Julio y terminó la madrugada del día siguiente, los equipos de defensa de quienes fueron altos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, asumieron como estrategia de protección a sus clientes el responsabilizar a la Secretaría de Obras Públicas de Morelos, argumentando que esta instancia debió hacer el seguimiento de las obras inconclusas por las cuales son imputados ellos dos.

Durante la audiencia celebrada en la sala cuatro de Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la cual duró más de 12 horas, los dos exservidores públicos se apegaron a su derecho a no declarar, y pusieron en manos de sus grupos de defensa la responsabilidad de responder a los señalamientos.

El Regional del Sur fue testigo de las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al juez Hernando Romero Ulloa, entre las que destacaron aquéllas que demostraron que los dos referidos tuvieron responsabilidad legal en la firma del inicio de obras.

Además, están relacionados con la autorización de los pagos con que se liquidaron al ciento por ciento distintos trabajos, a pesar que, en realidad, ninguno de los enlistados por la parte acusadora haya sido concluido jamás; varios de ellos, ni en un 50 por ciento.