Rechazan acusaciones los todavía titulares de F. Anticorrupción y CDHM
Edmundo Salgado
Luego de las declaraciones del Gobierno del Estado de Morelos por cateos realizado en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes ubicado en el municipio de Temixco, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Fiscalía Anticorrupción, rechazaron las acusaciones y defendieron el trabajo realizado por sus dependencias.
En primer lugar, fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Israel Hernández Cruz, quien en conferencia de prensa rechazó las acusaciones del Gobierno del Estado en donde se le señaló de responder a las órdenes del ex gobernador, Graco Ramírez, por lo que el ombudsman explicó que no fue designado por el ex mandatario, sino por los diputados de la actual legislatura, los cuales en su mayoría son legisladores del Partido Encuentro Social, del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido del Trabajo.
"Sin duda alguna rechazo que mi actuar sea obedeciendo órdenes del exgobernador pues quiero recordarles que no fui designado por el ex gobernador Graco Ramírez ni por los diputados que eran mayoría del PRD en la pasada legislatura, fui designado por los diputados de la actual legislatura en donde la mayoría son de Partido Encuentro Social", explicó.
Además, dijo que las acciones de la Comisión de Derechos Humanos han sido siempre enfocadas en buscar que se cuiden las garantías individuales de los menores recluidos en este lugar, lo cual seguirían haciendo en estricto apego a la ley.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción a través de un comunicado rechazó también las acusaciones al mencionar que no se presentó ninguna prueba sobre lo declarado por las autoridades estatales, además de que lo único que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción es atender una denuncia presentada por instancias de derechos humanos para investigar presuntos abusos de autoridad durante un operativo registrado el pasado 1 de septiembre en dicho inmueble.
"Esta Fiscalía reitera que el único propósito de las acciones realizadas en el albergue de menores y el centro de adicciones, es esclarecer a través de las investigaciones, las denuncias de las instancias en derechos humanos y organizaciones internacionales, sobre la presunta desaparición de 14 adolescentes y el presunto uso desproporcionado de la fuerza pública en los hechos ocurridos el primero de septiembre del 2020", se lee en el comunicado.
