Pugna entre poderes, por repunte de crimen

El crecimiento de la espiral violenta se debe, en parte, a las omisiones del secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, quien no ha suministrado los recursos necesarios hacia la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

De esta forma concluyeron los legisladores integrantes de la comisión respectiva, así como José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la CES -dentro del acto de comparecencia de este último (en una sede alterna, en Cataluña 25, al norte de la capital)-.

El congresista Marcos Zapotitla Becerro (del Partido Encuentro Social) y presidente del órgano colegiado antes descrito, enlistó las deficiencias en la materia: se trata de una “gravedad de omisiones, que se ven reflejadas en la operatividad”. No se pagó un contrato a TELMEX, lo cual fue en detrimento de 600 cámaras de video. Los policías no poseen chalecos y uniformes.

En su intervención, Ortiz Guarneros disertó en torno al déficit con que opera; verbigracia, expuso que durante un año no se recibió apoyo para resarcir el deterioro de las aparatos de videovigilancia. El sistema cuenta con 600 filmadoras; de éstas, 247 están “fuera de servicio; las están reparando”. (Si se hace un pago anticipado a la empresa de telefonía, ésta ofrece 400 más, que podrían instalarse en los ocho municipios que tienen alerta de violencia de género). No obstante, el adeudo se traduce en 27 millones de pesos.

Al retomar la palabra, Zapotitla Becerro anunció la comparecencia del secretario de Hacienda, para que dé una explicación de lo que “está pasando”, porque los grupos delincuenciales operan en el estado. Y, a la vez, hizo un llamado a Uriel Carmona Gándara, fiscal general, a fin de que se establezcan mejores mecanismos de coordinación. El 90 por ciento del personal de combate al secuestro está adscrito a la CES y no tiene infraestructura.

De esta forma, el fiscal posee el “presupuesto suficiente” para “cubrir” los procesos de operatividad. Sin embargo, el incremento de la criminalidad da cuenta de lo contrario. Desde ese ámbito hay omisiones también; y se carece de una “sinergia institucional”. La realidad evidencia otros “hechos”: reproducción del escenario violento.

Asimismo, se trataron (durante tres horas) los siguientes tópicos: la crisis penitenciaria; la posibles colusiones entre agentes policiacos y grupos de plagiarios, el cierre de establecimientos comerciales (a causa del denominado “derecho de piso”), entre otros. Sobre la misma línea, existe un centro general de arraigo que “no funciona”, adujo el parlamentario. Tiene una capacidad para mil 100 personas, en donde podría tener cabida un número similar de reos (que se encuentran en Atlacholoaya), con el objetivo de solucionar la sobrepoblación carcelaria.

Pretextó que, como parte de los procesos de investigación, no se pueden revelar algunas otras estructuras temáticas que se retroalimentaron. En torno al caso Cuautla, confirmó la suspensión de mandos superiores (estatales y municipales). Sólo eso. “Deberán revisarse si los elementos cuentan con los exámenes de control y confianza”, que demanda la ley.

En suma, el encuentro privado sólo arrojó un corolario: la negligencia de Villarreal Gasca.