Por ser presuntos culpables de extorsión a estudiante, dos polis van a proceso judicial

Por ser presuntos culpables de extorsión a estudiante, dos polis van a proceso judicial

Una juez determinó decretar vinculación a proceso contra dos policías municipales de Cuernavaca por el delito de extorsión agravada, ya que presuntamente obligaron a un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a transferirles mil pesos y finalmente le quitaron su tarjeta bancaria para disponer de todo su dinero, más de seis mil pesos.

 

Este lunes 27 de noviembre, en una audiencia que duró casi 12 horas, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya el Ministerio Público ofreció las pruebas en contra de José Geobany “N” y José Rubén “N”, policías preventivos de Cuernavaca.

 

Como se recordará, de acuerdo al testimonio de la víctima, el pasado 11 de noviembre alrededor de las 10 de la mañana, él y su amigo fueron interceptados por cinco unidades de la Policía de Cuernavaca cuando circulaban sobre avenida Universidad de Cuernavaca, cerca del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP);  los uniformados les dijeron que los multarían porque la moto en la que iban no tenía placas, ellos no llevaban casco y tampoco portaban la tarjeta de circulación.

 

Los policías les pidieron dinero, por lo que uno de los universitarios hizo una transferencia de mil pesos a la cuenta de uno de los policías, pero cuando ellos vieron que el estudiante tenía más dinero, le pidieron que les diera su tarjeta y su NIP para sacar el resto del dinero, más de seis mil pesos.

 

Incluso, días después, los policías detuvieron al joven dentro de la máxima casa de estudios, pero terminaron entregándolo a la seguridad privada de la UAEM, ante la presión de los estudiantes que acudieron a su defensa y cuestionaron el actuar de los agentes policíacos.

 

Al valorar los datos de prueba, testimoniales, documentales y peritajes, la juez determinó vincular a proceso a los dos policías por el delito de extorsión agravada en grado de coautoría.

 

A solicitud de la agente del Ministerio Público, la juez otorgó tres meses como plazo para la investigación complementaria, según la información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.