Ocultó gobierno del Cuauh patrimonio de funcionarios
Morelos Rinde Cuentas exige investigación contra la excontralora, América Jiménez
Gerardo Suarez Dorantes 
El director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas, exigió que la actual administración de la Contraloría estatal inicie una investigación contra la excontralora América Jiménez por haber promovido la clasificación total de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Roberto Salinas denunció que, desde 2021, bajo la administración de Jiménez, el Comité de Transparencia —que ella misma presidía— aprobó ocultar información clave sobre el patrimonio, bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, empresas y posibles conflictos de interés de la mayoría de los servidores públicos del estado.
Esta clasificación impidió el acceso ciudadano a datos esenciales para evaluar la evolución patrimonial de los funcionarios.
“Nos parece que la Contraloría actual debe revisar ese acuerdo de aquel comité de transparencia, y también investigar a los funcionarios que aprobaron clasificar esa información. Hay un mandato nacional para transparentar este tipo de datos, clasificando solo lo estrictamente personal, pero no toda la declaración patrimonial”, señaló.
El activista sostuvo que este acto podría constituir una falta administrativa grave, que debe ser sancionada por la misma Contraloría estatal.
Aseguró que, incluso, corresponde a esa dependencia revocar el acuerdo que permitió ocultar la información y fincar responsabilidades a quienes lo impulsaron o autorizaron.
Salinas explicó que, durante toda la administración de Blanco, se impidió el acceso público a las declaraciones patrimoniales, primero por omisión y posteriormente por clasificación directa. Aunque en el acta del comité correspondiente no estuvo presente la entonces contralora, sí fue su oficina la que promovió la medida.
“Durante años intentamos obtener esas declaraciones, pero siempre estaban testadas. No podíamos saber si un funcionario tenía casas, terrenos, empresas o relaciones comerciales que implicaran conflicto de interés. Hoy celebramos que la Contraloría Estatal ya esté abriendo esta información”, añadió.
Finalmente, señaló que este tipo de transparencia es una obligación en todos los niveles de gobierno, y que su ocultamiento solo genera opacidad y sospechas de enriquecimiento ilícito.
“Si un funcionario entra con ciertos ingresos y sale con un patrimonio que no corresponde, ahí es donde puede haber irregularidades. Por eso es tan importante que esta información sea pública y se castigue a quienes la ocultaron de forma ilegal”, concluyó.
