Observador político - Persecución legislativa

La sombra de la corrupción y los excesos se cierne sobre la actual Legislatura LV, aquellos que, en teoría, deberían representar los intereses de la sociedad; por lo que las acusaciones de presuntos actos ilícitos, la designación cuestionable de magistrados y la aparente venta de plazas en el Poder Judicial, evidencian una realidad desalentadora para los ciudadanos que esperan un actuar ético por parte de sus representantes.

CON PULA, VIGILARÁN A DIPUTADOS..- La reciente designación de magistrados, llevada a cabo entre dudas y cuestionamientos de corrupción  y tráfico de influencias, pone de manifiesto la falta de transparencia y la presunta participación en prácticas de nepotismo; este actuar opaco y sin escrúpulos demuestra el desinterés de la legislatura por elegir a profesionales capacitados, priorizando lazos personales sobre la integridad y la experiencia necesaria para mejorar la impartición de justicia en el Tribunal Superior.

La ciudadanía observa con preocupación cómo aquellos que deberían velar por sus intereses se enriquecen a costa del erario, dejando de lado las verdaderas necesidades de la sociedad; este desencanto se ve reflejado en la falta de compromiso demostrada por los diputados, quienes parecen priorizar sus intereses personales y de grupo sobre el bienestar general.

Es innegable que la corrupción se ha convertido en una constante en la vida política, y la Legislatura LV no escapa a esta tendencia; razón por la cual, la posibilidad de persecuciones y vigilancia constante a los diputados parece ser un indicativo del malestar creciente en la sociedad, que exige responsabilidad y rendición de cuentas.

El panorama se torna más oscuro cuando se observa cómo algunos diputados, lejos de aprender de los errores de sus predecesores, buscan brincar a otros cargos de representación popular. Este afán por perpetuarse en el poder, sin una clara vocación de servicio, demuestra la desconexión entre los legisladores y las necesidades reales de la población.

De ahí que el surgimiento de ciudadanos y activistas dispuestos a señalar y exhibir a aquellos diputados que han traicionado la confianza del pueblo es un síntoma claro de la urgencia de un cambio; la sociedad, cansada de la impunidad y el desdén por sus problemas, busca hacer frente a aquellos políticos que han hecho de la corrupción su modus operandi.

En los próximos días, los ciudadanos podrían conocer de cerca a los diputados señalados, con la esperanza de que la exposición pública sirva como recordatorio de la responsabilidad que conlleva ocupar un cargo de representación popular; en un contexto donde la corrupción parece ganar terreno, es imperativo que la sociedad se organice y exija un cambio real en la forma en que se ejerce el poder.

LOS OLVIDADOS.- Recordar la legislatura LIII es sumergirse en un capítulo oscuro de la política morelense, donde nombres como Francisco Moreno Merino, Julio Espín Navarrete y otros, emergen como símbolos de una gestión cuestionable que dejó secuelas profundas en el tejido social de Morelos.

En ese periodo, la lealtad parecía descansar en el poder ejecutivo estatal, representado por el perredista Graco Ramírez; los diputados, en un acto descarado, aprobaron créditos multimillonarios sin considerar las consecuencias para el pueblo de Morelos, que hoy en día sigue pagando esas deudas; la falta de independencia y la sumisión a intereses externos dejaron a la población en la zozobra económica.

Pero no solo fueron los excesos financieros lo que marcó a esta legislatura; también se dejaron sentir los abusos, presuntos actos de corrupción y aberraciones jurídicas. La aprobación de la ampliación del periodo de los magistrados del Poder Judicial de Morelos de 14 a 20 años es un ejemplo claro de cómo la legislatura anterior transgredió los límites éticos y legales; tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir para corregir estas decisiones desmedidas.

Ahora, en la Legislatura actual, surge la pregunta crucial: ¿Se están repitiendo los errores del pasado? Más de 500 millones de pesos están en juego, y la transparencia en el uso de estos fondos es una exigencia ciudadana del presupuesto que maneja el Congreso;  mientras que con 20 legisladores en lugar de 30, el presupuesto era de 400 millones de pesos por lo que los ciudadanos esperan una rendición de cuentas clara y detallada.

La columna vertebral de cualquier democracia radica en la responsabilidad de sus representantes con el dinero público; los bonos de fin de año, una práctica controvertida que se les demandó dejar de percibir, se convierten en un punto de conflicto ético. La ley prohíbe a los legisladores recibir esta prestación destinada a empleados, ya que ellos son, por definición, los patrones. La reiteración de estas "barbaridades financieras" solo perpetuará el desencanto ciudadano y la pérdida de confianza en las instituciones.

MARÍA LUISA SÁNCHEZ OSORIO: TALENTO, CAPACIDAD Y EXPERIECIA JUDICIAL.- En el complejo escenario del Tribunal Superior de Justicia, la llegada de María Luisa Sánchez Osorio como magistrada merece, sin duda, reconocimiento. Sin embargo, en medio de los aplausos, es imperativo analizar críticamente el trasfondo de su nombramiento, particularmente en el contexto de la política judicial y las percepciones que rodean su carrera.

Sánchez Osorio se destaca por su experiencia y habilidades, atributos que son cruciales en un entorno legal. Su trayectoria, marcada por una Maestría en Derecho Civil en la U.A.E.M., Doctorados en Derecho tanto en la Universidad de Valencia como en el Centro de Investigación, Docencia y Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM), y diversos diplomados, revela un compromiso serio con la formación académica.

No obstante, es vital abordar la controversia que ha rodeado su ascenso, principalmente centrada en su relación matrimonial con el fiscal Uriel Carmona Gándara; este vínculo ha sido utilizado como arma por sus críticos, eclipsando injustamente su sólido bagaje académico y profesional.

Es cierto que la conexión con una figura política puede generar escepticismo, pero es igualmente crucial separar la esfera personal de la profesional. María Luisa Sánchez Osorio no debería ser reducida a su papel como esposa de un funcionario, sino que debe ser evaluada por su capacidad demostrada y su compromiso con la justicia.

Resulta innegable que la situación actual del sistema judicial en Morelos demanda cambios sustanciales, por lo que la contribución de Sánchez Osorio, respaldada por su amplio currículum, podría ser un paso en la dirección correcta; no obstante, es imperativo que su nombramiento no solo sea un gesto político, sino un compromiso genuino con la mejora de la impartición de justicia en la región.

En última instancia, aplaudir el ascenso de María Luisa Sánchez Osorio es necesario, pero también es crucial mantener un escrutinio crítico sobre los factores que rodean su nominación; la justicia no solo debe ser impartida, sino también percibida como imparcial y libre de influencias externas. Solo así se logrará sacar a Morelos del último lugar en los estándares internacionales de justicia y garantizar un sistema judicial que verdaderamente sirva a la sociedad.

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