Observador político - Nepotismo y abuso de autoridad en el TSJ de Morelos

En los últimos años, el Poder Judicial de Morelos se ha convertido literalmente en una bolsa de trabajo y algunos de los magistrados han incurrido en el delito de nepotismo y abuso de poder, contando con la complicidad del presidente en turno del Tribunal Superior de Justicia. Además, hay complicidad del sindicato al no denunciar estas prácticas ilícitas que no solo se mantienen sino que se amplían sin que nadie ponga orden y legalidad. Por esa razón, el Congreso a través de la ESAF podría hacer una revisión al personal y transparentar el estado del TSJ.

LA FAMILIA AQUINO.- El Nepotismo en México es una actividad que va creciendo de manera alarmante y va en contra de los principios de legalidad, honradez, parcialidad e igualdad de oportunidades a nivel laboral, debido a que muchas veces los puestos vacantes en el sector público son utilizados por familiares de los funcionarios públicos, y en Morelos el Tribunal Superior de Justicia es un ejemplo de lo que no debe ocurrir en ninguna institución pública.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas en México en su Artículo 63 bis, estipula claramente: “Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.

Y un ejemplo que cae como anillo al dedo es el de la Magistrada María del Carmen Aquino Celis, quien tal parece desde que llegó a laborar al Tribunal Superior de Justicia en abril del año de 1997, ha logrado hacer buenas relaciones lo que bien pudo permitirle hacer las gestiones correspondientes ante las autoridades del TSJ para incorporar a varios integrantes de su familia directa como en su momento lo denunciaron algunos magistrados. Aunque tampoco se duda que otros de sus familiares en efecto, sí llegaron por méritos propios a ocupar los cargos que actualmente ostentan.

Aquino Celis logró el máximo cargo en el TSJ de Morelos en agosto del 2010 cuando fue nombrada magistrada.  Actualmente,  los togados perciben como es su caso un salario de 97 mil pesos mensuales más sus prestaciones; y algunos de sus parientes como la juez Rosa María Aquino Roblero, percibe un salario de 48 mil 540;  Erika Aquino Villagómez, oficial judicial B, 10 mil 646; Lloviznah Aquino Díaz, secretario de Acuerdos, 21 mil 181; Concepción de María Aquino Suárez, secretaria de acuerdos, 21 mil 181; María del Carmen Aquino Suárez, secretario de acuerdos 21 mil 181; Inai Aquino Díaz, actuario 11 mil 964; José Herrera Aquino, juez con un salario de 48 mil 540; Juan Manuel Jiménez Aquino, juez 48 mil 540; Juan Carlos Isaac Jiménez Aquino, secretario del segundo control y juicios, 21 mil 181; María del Carmen Jiménez Aquino, Oficial judicial B, 10 mil 055; y Miriam Nayeli Ventura Aquino, 4 mil 547 Oficial judicial B.

¿ORDEN O COMPLICIDAD EN EL TSJ? Pero qué dice la Ley al respecto. Bien, el artículo 16 de la Ley General de responsabilidades Administrativas estipula que los servidores públicos deberán observar el código de ética que haya sido emitido por las Secretarías o los órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad.

Además, la citada Ley General define en sus numerales del 52 al 64 cuáles son las faltas consideradas como graves y entre las que destacan las siguientes conductas: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto y tráfico.

En su toma de protesta, como magistrado presidente del Poder Judicial en Morelos, Jorge Gamboa Olea a principios del mes de mayo, se comprometió ante las altas cifras de impunidad registradas en el TSJ a volverse competitivo y a tener una justicia digna, transparente y cercana a la gente.

Por lo tanto, debe evitar caer en omisión y hacer caso omiso a los actos de nepotismo y corrupción que salpica y ensucia al Poder Judicial que hoy representa y al cual, ya le echaron el ojo los diputados integrantes de la Legislatura LV que han visto excesos justamente hoy cuando están demandando el doble de recursos económicos tras asegurar que no les alcanza el dinero y por ello, de los 500 millones de pesos están solicitando en su autonomía financiera que ya ganaron, alrededor de mil millones de pesos.

Lo cierto, es que el incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular de alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley General de Responsabilidades. Hoy es tiempo de ya no ser omisos, de no privilegiar a sus iguales solo porque negocian y les otorgan su apoyo para mantenerse en el cargo. Morelos requiere de que se ponga orden en el Poder Judicial porque no es uno, son varios casos de nepotismo que se irán dando a conocer y en el que están siendo ensuciados algunos togados en detrimento del personal sindicalizado y de confianza.

Sin embargo, todo hace indicar que tras los acuerdos alcanzados entre sus iguales para que llegara a ocupar el cargo de magistrado presidente le obligan a pagar las cuotas de poder, las facturas políticas a Jorge Gamboa Olea porque en lugar de combatir la corrupción y la transparencia en el Poder Judicial, ya empezó a pagar favores y a manera de ejemplo dos casos. El cambio de adscripción para colocar a una de las hijas de María del Carmen Aquino Celis de Oficial Judicial a Secretaria de Acuerdos y una proyectista de la propia Aquino, la pusieron como directora de Orientación Familiar.

Lo cierto, es que el Poder Judicial de Morelos es considerado uno de los más corruptos del país y en los últimos años se ha denunciado este tipo de situaciones sin que suceda absolutamente nada. Es decir, se incurre en actos de corrupción política caracterizada por el favoritismo familiar, por la dispensa de honores, dignidad, cargos y prebendas a los parientes y amigos. Más aún, cuando saben que está prohibido que los servidores públicos contraten a sus parientes “hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio” y que pese a ello les valga un cacahuate porque estamos en el estado donde no pasa nada.

Al final el cambio de magistrado presidente en el Poder Judicial de Morelos fue un gatopardismo.

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