Observador político - La nueva clase privilegiada, la de los diputados de Morelos

Sin duda, la reciente aprobación de una pensión por orfandad para los hijos de diputados en el Congreso del estado es un reflejo de la desconexión entre nuestros representantes y la realidad que viven los ciudadanos comunes; este acto legislativo no solo es un ejemplo de falta de empatía, sino también un símbolo de la creciente brecha entre aquellos que detentan el poder y los que sufren las consecuencias de la violencia y la inseguridad en Morelos.

PRIVILEGIOS PARA UNOS CUANTOS.- La parlamentaria del PSD ahora metida al PAN, Andrea Gordillo Vega, pidió empatía al legislador de Morena, Arturo Pérez Flores, porque éste se inconformó y peguntó porque solo a los hijos de los diputados y no a los que han sido asesinados como médicos, maestros, enfermeras, campesinos, albañiles, amas de casa y demás se les otorga una pensión por orfandad para que verdaderamente haya empatía y no solo, con todo respeto, con una dama que lamentablemente fue presa de la delincuencia y quizá de la ambición política de unos cuantos que ambición el poder económico y fue ejecutada, sin que hasta la fecha se conozca quién o quienes son los responsables del crimen material y el intelectual.

Por ello, es verdaderamente alarmante que los legisladores se muestren dispuestos a disponer del dinero del pueblo para otorgar beneficios a sus propias familias, mientras miles de huérfanos de personas que han sido víctimas de la violencia en el estado no han recibido ningún tipo de apoyo económico por parte del gobierno; esto plantea una pregunta fundamental: ¿por qué no se trata a todos los ciudadanos con igualdad ante la ley? ¿Por qué como dice Andy Gordillo, no hay empatía con todos los muertos en Morelos y sus respectivos hijos?

El argumento de que esta medida es un abuso del presupuesto público es válido y justificado, por lo que es imperativo que se cuestione esta acción, ya que muestra la priorización de los intereses de los legisladores sobre los de la población en general. Y aunque no deberíamos permitir que se cree una clase privilegiada de familias de legisladores que reciban beneficios especiales mientras otros sectores de la sociedad son ignorados, la verdad es que esta acción ya se concretó y a partir de ya se empezarán a pagar 30 mil pesos mensuales para la mejor hija, que insisto, no está mal pero porque no ampliarla a todos los hijos damnificados por el crimen.

El ejemplo de médicos, maestros, enfermeras, y tantos otros ciudadanos que han perdido la vida en circunstancias similares y cuyos hijos quedan desamparados es impactante; la inequidad en el tratamiento a estas familias en comparación con la de los legisladores es indignante, es decir, todos los ciudadanos merecen igualdad de oportunidades y un trato justo, y es responsabilidad de los legisladores velar por el bienestar de todos, no solo el suyo propio.

Este acto legislativo resalta la necesidad de un cambio en la forma en que se toman decisiones en el Congreso del estado, por lo que, es esencial que nuestros representantes se enfoquen en atender a los más necesitados en lugar de aumentar sus propios privilegios, de solo ayudar a sus iguales; la sociedad merece una representación que esté verdaderamente comprometida con su bienestar y que trabaje en la creación de políticas que beneficien a todos los ciudadanos, sin excepción. Triste el actuar de los legisladores que desde ya buscan un cargo de elección popular en el 2024.

LA CRUDA REALIDAD DE SEGURIDAD EN MORELOS.- El año 2023 se ha revelado como uno de los más violentos que Morelos haya presenciado en tiempos recientes. Las cifras son aterradoras, y quienes llevan la peor parte son las mujeres. Hasta los primeros días de este mes, se habían registrado al menos 65 femicidios en el estado. Pero la tragedia no termina ahí, ya que los hijos de estas víctimas, que quedan huérfanos a manos de la delincuencia organizada, no recibirán ni un solo peso a lo largo de sus vidas.

La pregunta que surge es evidente: ¿por qué estas muertes quedan sin apoyo económico? El dinero no parece ser el problema, ya que tanto la Comisión Estatal de Seguridad como la Fiscalía General cuentan con presupuestos sustanciales. Sin embargo, una pugna política entre ambas instituciones ha afectado gravemente la coordinación y eficacia en la lucha contra la delincuencia. Las culpas se arrojan mutuamente, mientras la ciudadanía paga las consecuencias de esta negligencia.

Las noticias reportan a diario hallazgos espeluznantes, desde cuerpos desmembrados en la zona metropolitana de Cuernavaca hasta el auge de células delictivas en la zona oriente y sur. Estos territorios se han convertido en campos de batalla debido a la omisión y, en algunos casos, complicidad del gobierno en turno y de aquellos encargados de procurar y prevenir justicia en el estado.

Lo más desgarrador es que todas estas víctimas, hombres y mujeres por igual, dejan atrás a hijos huérfanos. Ninguna autoridad, ni siquiera los legisladores del Congreso del Estado, se inmuta lo suficiente como para asegurar el futuro económico de estos niños, que enfrentan un porvenir incierto. Esta inacción, lamentablemente, empuja a muchos de estos jóvenes hacia las fauces de la delincuencia, ya que carecen de oportunidades para acceder a recursos económicos y no tienen posibilidades de subsistir de manera honesta.

Este sombrío panorama se refleja en otras esferas de la sociedad. Médicos, policías, enfermeras, comunicadores, maestros y diversos sectores poblacionales han perdido la vida en actos de violencia, y sus familias quedan desamparadas. Nadie, ni el gobierno ni el legislativo, parece dispuesto a brindarles apoyo financiero o a diseñar programas para asegurar su futuro hasta que alcancen la mayoría de edad y puedan valerse por sí mismos.

La realidad en Morelos es devastadora, y es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad para poner fin a esta espiral de violencia y brindar apoyo real a las víctimas y sus familias. La falta de medidas adecuadas solo perpetúa el ciclo de violencia y desesperación en la entidad. La vida y el futuro de los morelenses merecen ser protegidos y respetados, y es hora de que las palabras sean seguidas de acciones efectivas para lograrlo.