Observador político - La no despenalización del aborto frenó derechos de la mujer

La reciente aprobación de un punto de acuerdo con 18 votos a favor por parte de los legisladores de Morelos, solicitando al Juzgado Noveno de Distrito que aclare la sentencia referente a la despenalización del aborto, pone en evidencia la contradicción que aún persiste en algunos diputados frente a un derecho fundamental de las mujeres. Dicha decisión, evidenció las tensiones jurídicas y políticas que siguen frenando el avance hacia la plena igualdad de derechos en la entidad morelense.

SIN SOCIALIZAR LA INICIATIVA.- Desde hace años se han presentado al menos tres iniciativas para despenalizar el aborto y pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció al respecto, empero el principal argumento es la confusión generada por la sentencia emitida en el juicio de amparo directo 1638/2023, que fue impugnada por la aparente contradicción con la reforma constitucional aprobada el 30 de octubre de 2024.

Este embrollo legal demuestra una vez más cómo los intereses conservadores y las estructuras patriarcales se abalan sobre las decisiones legislativas, ya que en lugar de garantizar la justicia y los derechos humanos de las mujeres; aunque, esta no es la primera vez que se busca poner trabas a la despenalización del aborto en la entidad, que sigue siendo el único estado del centro del país en no reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

La resistencia de algunos sectores y la falta de consensos, como se argumentó por parte de algunos diputados del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no es más que un reflejo de las creencias personales que algunos diputados siguen defendiendo por encima de los derechos de las mujeres y las garantías establecidas en la legislación internacional. Punto trascendental destaca el caso de las diputadas Luz Dary Quevedo Maldonado de Movimiento Ciudadano y Tania Rodríguez Ruiz del Partido del Trabajo (PT), quienes se abstuvieron de votar, también representan ese grupo de legisladores que no priorizan los derechos fundamentales sobre sus posturas personales.

RESPETO A DECIDIR SOBRE SU CUERPO, EXIGEN COLECTIVOS DE MUJERES.- En contraste, la urgencia de los colectivos feministas y de derechos humanos, como el de “Aborto Legal Morelos”, es clara, por ello, su constante visita y manifestaciones frente al recinto legislativo, dónde exigieron a los diputados que respetaran la resolución del Juzgado Noveno de Distrito, que emplazó al Congreso a despenalizar el aborto antes del 15 de diciembre de este año.

En ese sentido, se mantiene Ana Cortés, vocera de la campaña, quien subrayó que, aunque los amparos pueden ofrecer una vía para acceder a este derecho, no deben ser la única forma en que las mujeres logren ejercer su libertad; el aborto debe ser un derecho garantizado para todas, no una excepción o un lujo que dependa de una sentencia judicial.

Lo que subyace detrás de esta negativa es una visión conservadora que antepone las creencias religiosas o morales de algunos sectores a los derechos humanos universales; argumentan con hechos, que la falta de consenso, como se señaló en la sesión, no puede ser una excusa para seguir vulnerando los derechos de las mujeres sobre todo porque el derecho al aborto ya está reconocido a nivel nacional y ha sido ratificado por tratados internacionales de derechos humanos.

Cada día que pasa sin que se despenalice el aborto, las mujeres morelenses se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros, poniendo en riesgo sus vidas, y además, muchas enfrentan la posibilidad de ser criminalizadas por tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Esto, además de constituir una violación de derechos humanos, perpetúa la violencia de género y la discriminación sistemática que sigue existiendo en nuestra sociedad.

Lo que está en juego no es solo un derecho más, sino la dignidad de las mujeres en Morelos. Es el momento de que los legisladores de este estado actúen con responsabilidad histórica y avancen hacia la despenalización del aborto. Es hora de dejar de poner en duda un derecho que ya es una realidad en otros estados y de reconocer que la despenalización del aborto no es un tema ideológico, sino una cuestión de justicia y derechos humanos. No podemos permitir que el retroceso siga siendo la norma, cuando las mujeres merecen vivir en una sociedad donde sus decisiones no sean penalizadas, sino respetadas.

FEMINICIDIO, ¿UN PROBLEMA ESTRUCTURAL O FALLIDO DISCURSO GUBERNAMENTAL? El registro de 110 feminicidios en Morelos en lo que va del 2024 no es solo una cifra alarmante; es la radiografía de un estado en crisis, donde las mujeres siguen siendo las principales víctimas de una violencia estructural que el gobierno parece no tener la voluntad ni los recursos para enfrentar.

Si algo refleja este número, es la ineficacia de las políticas públicas que, lejos de detener la masacre, siguen generando promesas vacías y soluciones temporales y sobre todo, por los yerros cometidos en el pasado ya que prácticamente no hicieron nada y permitieron que este fenómeno creciera alarmantemente y dejando una herencia desafortunada y lamentable en este tenor a la actual gobernadora Margarita González Saravia quien tendrá que continuar trabajando horas extras como lo ha venido haciendo pero además, generando una estrategia que permita en la medida de lo posible, disminuir el número de mujeres asesinadas.

Por lo tanto, a esta esta realidad que todos vivimos en Morelos se le suma la respuesta predecible de las autoridades: discursos de diagnóstico, medidas punitivas, y una retórica que no ha logrado tapar las grietas profundas del sistema.

Andrea Acevedo, vocera del colectivo feminista Divulvadoras, denunció con razón que los feminicidios en Morelos no son accidentes aislados, sino una manifestación de la violencia estructural que permea todos los ámbitos de la vida de las mujeres; este fenómeno no se puede entender ni resolver con una mirada superficial ni con promesas de "mejorar el sistema".

Aunque la gobernadora ha anunciado un diagnóstico sobre la violencia, lo que realmente exigen las feministas es un plan de acción contundente, uno que vaya más allá de las cifras maquilladas y se convierta en una respuesta real frente a la crisis humanitaria que atraviesa el estado.

El endurecimiento de las penas, anunciado como una posible solución al feminicidio, no solo es insuficiente, sino que evidencia una profunda incomprensión de la problemática y por ello, las políticas punitivas no abordan las causas subyacentes de la violencia de género. Esta disonancia entre lo que se promete y lo que realmente sucede debería abrir el debate sobre la eficacia de un sistema que, en lugar de prevenir, opta por castigar, y muchas veces, ni siquiera castiga con efectividad.

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