Observador político - Incongruencias en el Sistema de Jubilaciones

En los últimos tiempos, una sombra descarada se ha cernido sobre las finanzas públicas, mientras cientos de miles de pesos son desviados con impunidad hacia los bolsillos de unos pocos ex funcionarios que, aunque hayan prestado servicios solo por un puñado de años, ahora reciben sumas insultantes que amenazan la estabilidad económica de los poderes estatales. En especial, el Poder Judicial, ha sido el epicentro de esta vorágine de despilfarro, donde los excesos han sido una constante, dejando una huella entre la ciudadanía que está condenados a jubilaciones precarias y mezquinas.

OPULENCIA Y DESIGUALDAD. - Bajo la engañosa bandera de "oxigenar" al Poder Judicial, los legisladores del G-15 dieron luz verde a un decreto pensionario que raya en la obscenidad; este decreto habilita el retiro voluntario de los magistrados del Poder Judicial, beneficiando a ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reúnen los requisitos para abandonar sus cargos antes de cumplir sus 14 años de nombramiento.

La aprobación de este decreto, con 15 votos a favor y cuatro abstenciones, establece que los magistrados interesados en retirarse de manera voluntaria deben contar con al menos ocho años en el cargo y haber ocupado otros puestos en el servicio público. Es decir, no siquiera una década del servicio y ya pueden llevarse alrededor de 75 mil pesos ya que su sueldo es superior a los 100 mil pesos mensuales más sus bonos de fin de año, viáticos, gastos de representación dentro del estado y del país, así como cuando viajan al extranjero; sin mencionar todas las prestaciones para casas, vehículos, teléfonos celulares, entre otros.

Como recompensa, recibirán pensiones equivalentes al 75 por ciento de sus ingresos actuales, una cifra que aumentará un cinco por ciento por cada año de servicio en la administración pública, hasta llegar al tope del 100 por ciento de su pensión o haber de retiro; además, este festín de beneficios no termina con la jubilación, ya que las pensiones podrán ser heredadas por sus descendientes o cónyuges en caso de fallecimiento.

LOS PRIVILEGIOS DESMEDIDOS DE EXFUNCIONARIOS. - Este decreto, aun no se ha publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" pero al hacerlo, tendrá la aprobación del Poder Ejecutivo y abrirá las puertas para que los magistrados interesados presenten sus solicitudes en un plazo de cinco días.

Entre los nombres de los personajes que cumplen con los requisitos para este trato preferencial se encuentran Elda Flores León, Guillermina Jiménez Serafín, Bertha Leticia Rendón Montealegre, Manuel Díaz Carbajal, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Luis Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto y María del Carmen Aquino Celis.

En la misma sesión, la mayoría de 15 legisladores en el Congreso del estado ha aprobado pensiones exorbitantes a favor de los ex magistrados José Valentín González García, Miguel Ángel Falcón Vega, Martín Jasso Díaz, Rocío Bahena Ortiz y María del Carmen Verónica Cuevas López, es decir, estos ex funcionarios recibirán una suma equivalente al 100 por ciento de sus últimos ingresos, perpetuando la injusta brecha entre sus privilegios y la realidad de quienes, día a día, luchan por un futuro digno.

Estas acciones de nuestro dizque representantes populares que en realidad no nos representan con este tipo de aprobaciones excesivas y ofensivas para el pueblo de Morelos, evidencian y resulta inadmisible que en tiempos en que la desigualdad crece y la incertidumbre económica persiste, nuestros líderes opten por proteger los intereses de unos pocos en lugar de velar por el bienestar de la mayoría.

Lo que significa que la opulencia de los ex funcionarios contrasta de manera indignante con las penurias a las que se enfrentan aquellos que, con su esfuerzo, sostienen la maquinaria estatal; dicho decreto pensionario no solo es un ejemplo de injusticia, sino también de cómo ciertos círculos privilegiados continúan enriqueciéndose a costa del sufrimiento de los menos afortunados. Y ahora, dicen, van por la venta de magistraturas que se darán mediante procesos poco claros y nula transparencia en el Congreso local en el tercer y último, por fortuna, año legislativo.

JUBILADOS QUE SIGUEN ACTIVOS. - En el entramado político y laboral, es vital cuestionar y analizar las situaciones que nos llevan a un estado de confusión, es decir, donde haya duda de lo que se debe hacer al respecto; tal es el caso de las incongruencias que rodean a los jubilados en la Legislatura LV del Congreso del Estado de Morelos.

Un ejemplo concreto de estas ambigüedades es el caso de Guadalupe, excolaboradora de Héctor Salazar Porcayo, dirigente de lo que queda de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) y exdiputado de la legislatura LIII.

La historia, por sí sola, desencadena interrogantes, debido a que fue coordinadora general en la oficina del diputado Salazar Porcayo, mientras mantenía una relación sentimental con el mismo legislador. Tras la conclusión de la legislatura, obtuvo la oportunidad de jubilarse con un aumento salarial, cortesía del mismo representante popular.

Es un secreto a voces que su desempeño de apoyo y gestión fue bueno, sobresaliente, quizá; además, de que colaboró con otras diputadas sin una contribución sustancial. Así, se cierne una sombra de duda sobre la necesidad de su jubilación privilegiada. Sin embargo, lo que más llama la atención es que, aun jubilada, Landa sigue activa en el Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos. Razón por la cual, emerge la pregunta crucial: ¿cómo ha logrado mantener este doble rol?

Esta dualidad de roles adquiere un matiz aún más inquietante cuando se consideran las conexiones políticas; la pareja de quien fue miembro del Partido del Trabajo y obvio, propuesto para el cargo legislativo por dicho partido, que, a su vez, está liderado por la diputada Tania Valentina la misma que impulsó a Isela Chávez Cardoso para la titularidad del Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, por lo que a todas luces se trata de un tráfico de influencias.

El punto es que, jóvenes graduados anhelan oportunidades en el sector público, pero se topan con la realidad desalentadora de puestos ocupados por trabajadores jubilados; es decir, este desequilibrio resulta en una clara falta de oportunidades para quienes podrían aportar frescura y nuevas perspectivas al servicio público y que ocurre no solo en el Instituto de la Mujer o en el Congreso sino en los poderes Ejecutivo y Judicial, así como en organismos autónomos.

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