Nulas acciones de la CDHM en penales, acusan abogados

Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos señaló que han sido nulas las acciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) frente al desastre en el sistema penitenciario estatal.

El jurista opinó que si la institución “hubiese atendido las denuncias por corrupción y tortura dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) Atlacholoaya en el pasado, se habría evitado la matanza de semanas atrás”.

En entrevista, el abogado se refirió a los casos de corrupción que él y otros abogados más habrían señalado desde meses atrás, en contra de autoridades del penal de Atlacholoaya, y casos de intimidación y tortura a los ahí presos. La actuación de la Comisión de Derechos Humanos, y del ombudsman, ha sido completamente nula, apuntó.

“Muy deficient,e la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, creo que tienen que poner más empeño en su trabajo toda vez que los hechos acontecidos en Atlacholoaya pudieron haberse evitado”, aseguró el litigante.

Paredes Sotelo indicó que el motín que ocurrió a finales de octubre dentro del penal, el cual dejó un saldo de al menos siete personas sin vida y varios heridos, además de demostrar que existía un autogobierno dentro del reclusorio, se pudo haber evitado de haberse atendido las denuncias interpuestas por los abogados, quienes simplemente atendieron los señalamientos de sus clientes privados de la libertad, en los que se evidenciaba la realidad que se padece en dichos centros de reclusión.

El abogado consideró que el autogobierno dentro del penal fue y sigue siendo una realidad denunciada por los abogados durante mucho tiempo, sin embargo, la comisión simplemente fue y sigue siendo “omisa” ante tales señalamientos, lo cual deja mucho que decir respecto a “su labor de proteger y velar por que se respeten dichos derechos”.

Cabe señalar que en el pasado, Enrique y otros abogados del estado se pronunciaron contra “los supuestos cambios” realizados en los mandos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya. Opinaron que no ha cambiado nada, y continúa la corrupción dentro del penal; fueron cambios “superfluos” más no de fondo, piden se reevalúe la estructura y modelo de “reinserción social” implementado en el reclusorio.

En ese momento, los defensores legales aseguraron que la situación del penal se complica aún más pues dentro del penal no existe una verdadera estructura o modelo a seguir que “reivindique” a los reos, que los readapte para la vida en sociedad, por lo cual “su estancia dentro de la cárcel, en la mayoría de los casos, complica las cosas”.

El abogado y presidente del Colegio Morelense de abogados, Juan Juárez Rivas, indicó que los cambios sustanciales se deben dar dentro de la propia administración del penal, así como, refirió, debe existir una evaluación constante y vigilancia a los estándares que deben cumplir.

Si bien ambos litigantes señalaron que estos cambios debieron hacerse desde tiempo atrás, más de un año, aseguran que no se trata solo de un problema de “bandas delictivas al interior de los penales”, sino de la corrupción de los administradores de estas instituciones, “solapada” por el propio estado.