No hay salud pública sin justicia

Por definición y sentido de la lógica, si una sociedad no tiene justicia en el sentido más amplio del Derecho, no se puede afirmar que pueda tener salud pública; afirmamos esto, porque mientras se redactaba el martes pasado la presente colaboración, circuló en redes sociales la convocatoria a la marcha del jueves 20 de abril en reclamo de justicia que partiría, precisamente, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 

Como ya es de sobra conocido, dos de las víctimas de secuestro y homicidio perpetrados el miércoles 12 de abril, en el municipio de Huitzilac, Luis Javier García Díaz y Noemí Guadalupe Arias Sosa, laboraban en el INSP, mientras que el tercero, Luis Enrique García Díaz era hermano del primero y había acompañado a ambas personas a la Ciudad de México. 

El viernes 14, ante la desaparición de Noemí Guadalupe, Luis Javier y Luis Enrique, familiares, amigos y compañeros de trabajo realizaron al medio día un bloqueo en la glorieta de la Paloma de la Paz. Por la tarde, al ser enterados del hallazgo de los tres cuerpos en el paraje de Fierro del Toro en Huitzilac, levantaron la manifestación. Iniciaron otro bloqueo en el mismo lugar, el lunes 17, a partir de las 7:00 horas, ahora en exigencia de justicia y que se acabe la impunidad en Morelos. 

En los días subsiguientes ya se han manifestado por la ingobernabilidad e inseguridad que priva Morelos, integrantes de la comunidad científica y académica que trabaja en la entidad; buena parte de sus integrantes laboran, precisamente, en el sector de la salud pública por lo que el reclamo es, como ya lo anotamos al inicio de este artículo, que no puede existir dicha salud pública sin la debida legalidad y justicia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto de la salud pública como “la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio, la salud de las poblaciones humanas y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, lesiones y discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los esfuerzos organizados de la comunidad.” 

Por lo tanto, componentes como la prevención de la enfermedad, lesiones, discapacidad y, sobre todo, el de prolongar la vida, es obvio que no se pueden cumplir en un territorio como el de Morelos en el que se han disparado en los últimos años las cifras de los asaltos a mano armada, robo, homicidio doloso, despojo, secuestro, extorsión y robo de vehículo.

En la otra condición necesaria para la salud pública de un territorio y su sociedad, está la aplicación de la Justicia; según el Diccionario Panhispánico de Dudas del Español Jurídico, los principios consagrados como valor superior de la Ley, son “el   respeto a la legalidad y prohibición de la arbitrariedad”, es decir, evitar que se   cometan delitos y daños a la propiedad y a las personas, los cuales ya enlutaron a cientos de hogares en Morelos. 

Nos solidarizamos con la aflicción y dolor de las familias de Noemí Guadalupe, Luis Javier y Luis Enrique, así como nos sumamos a la indignación y hartazgo de la comunidad científica, académica y estudiantil de Morelos por las víctimas de la inseguridad, como también al clamor de la sociedad morelense, ya que –insistimos- no puede alcanzarse la salud pública en una sociedad sin justicia ni ley.