La CDHM, un contrapeso entre poderes en Morelos
Se busca asegurar su sostenibilidad financiera en 2025
Gerardo Suarez Dorantes 
Tras destacar la importancia de garantizar recursos adecuados para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) a través de generar un presupuesto justo y equilibrado, la diputada del PAN, Andrea Gordillo Vega, adelantó que desde el Congreso se buscará que este organismo clave en la protección de las garantías fundamentales siga siendo un contrapeso entre los poderes y la salvaguarda de la vida democrática del estado.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Poder Legislativo, adelantó que en su proyecto presupuestal 2025 busca asegurar su sostenibilidad financiera, equilibrando las necesidades y responsabilidades sin caer en excesos.
Cabe mencionar que Israel Hernández Cruz, está solicitando para el próximo año un presupuesto de 46 millones de pesos por la inflación y diversas acciones y remodelaciones en la zona oriente del estado, lo que representa alrededor de 10 millones de pesos de incremento con relación al presente año.
De ahí que, dijo, el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de asignar recursos suficientes para el funcionamiento pleno de los organismos autónomos, como lo es la Comisión de Derechos Humanos, cuya labor es esencial para garantizar que el poder público no sobrepase sus límites constitucionales.
Asimismo, mencionó que estos organismos son pilares de la democracia en Morelos y en todo el país, ya que funcionan como contrapesos indispensables para evitar abusos de autoridad y proteger los derechos básicos de la ciudadanía.
El paquete económico 2025 incluirá el presupuesto destinado a la Comisión de Derechos Humanos, cuyo monto refleja el compromiso de mantener un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del estado y la eficacia en la protección de los derechos fundamentales de las y los morelenses.
La diputada Andrea Gordillo Vega destacó la relevancia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos como garante de las garantías fundamentales, por lo que, desde el Congreso asume la responsabilidad de asignar recursos suficientes para su operación sin excesos, promoviendo un equilibrio financiero que fortalezca la democracia y proteja a las y los ciudadanos.
