Investiga Contraloría a casi 500 funcionarios actuales y anteriores
Se trata de faltas administrativas y también desvío de recursos
Apenas 11 casos fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa
Guadalupe Flores
Cerca de 500 denuncias contra ex y actuales funcionarios, presuntamente involucrados en irregularidades, investiga la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado. Además, 70 servidores públicos están a punto de ser destituidos o inhabilitados por no rendir su declaración patrimonial.
Sobre esto, América Berenice Jiménez Molina, titular de la Secretaría de la Contraloría, detalló que actualmente están en proceso 500 casos de investigación, en contra de ex y actuales servidores públicos presuntamente involucrados en distintas irregularidades, como abuso de autoridad y hasta desvío de recursos.
Aunque evitó comentar qué dependencias o nombres de los ex y actuales funcionarios están dentro de las lista de 500 denuncias, confirmó que están en investigación.
Explicó que algunas de las denuncias se encuentran en procedimiento de responsabilidad administrativa y cerca de once están en el Tribunal de Justicia Administrativa por faltas graves, incluso existen algunas denuncias penales presentadas.
La contralora informó que existían por lo menos 800 denuncias ciudadanas y otras derivan de los procesos de auditorías que realiza la Contraloría por presuntas irregularidades de ex y actuales funcionarios u organismos de gobierno, de las cuales sólo están pendientes 500 expedientes de investigación.
Sobre los funcionarios que han incumplido con su declaración patrimonial, la funcionaria estatal dijo que son cuatro mil servidores públicos estatales quienes se encuentran obligados a presentar su Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses.
Pero el pasado mes de julio concluyó el plazo para cumplir con dicho mandato, y ahora están en riesgo de una sanción o incluso la inhabilitación “por omisión” cerca de 70 funcionarios quienes incumplieron con la responsabilidad en la presentación de su declaración patrimonial.
El incumplimiento constituye una falta administrativa que “se puede sancionar con una amonestación, suspensión, o inclusive una destitución o inhabilitación”, pero aclaró que aún no lo determina la dependencia.
