Impune, violencia sexual en Morelos: Juan Porcayo
El delito, en la mayoría de los casos no se denuncia por temor, precisó
Juan Lagunas 
El delito de la violencia sexual, que, en la mayoría de los casos no se denuncia (por temor), enfrenta una impunidad permitida por las autoridades, denunció Juan Carlos Porcayo, del Consejo Consultivo de la Juventud.
En rueda de prensa, en el Congreso local, aun cuando no dio estadísticas del delito, externó que la víctima se encuentra en un estado de indefensión, a consecuencia de tres factores:
1. Para el Ministerio Público, algunos elementos de prueba son insuficientes. 2. La co-dependencia. El agresor, una vez que hay un arreglo con su cónyuge, vuelve a cometer la transgresión; sobre todo, cuando “llega a casa bajo los efectos del alcohol”. 3. Frustración de los familiares de las víctimas. Éstos no pueden denunciar, conforme a las normas establecidas. Por ende, pugnó porque la mujer se desenvuelva en “un ambiente libre de violencia”.
Ante eso, la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala propuso modificar el artículo 153 del Código Penal de Morelos, a efecto de que la violencia sexual se persiga por oficio (y no por querella, como está en el espíritu de los preceptos, ahora).
En este instante, el párrafo tres del artículo mencionado, dice: “Las penas señaladas para el delito de violación, se aplicarán, aunque se demuestre que el sujeto pasivo sea o haya sido cónyuge o pareja permanente, viva o haya vivido en concubinato o amasiato con el sujeto activo, pero en estos casos el delito se perseguirá por querella de parte ofendida”.
Ley de Planeación, obsoleta: Jiménez
Por otro lado, la congresista Maricela Jiménez Armendáriz dio conocer el seguimiento al trabajo que se está llevando a cabo en la Comisión de Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos.
En ese sentido, informó que presentará, ante el Pleno, una iniciativa para crear una nueva Ley de Planeación para el Estado. De igual forma, informó sobre el estado que guarda la revisión y aprobación de los Planes Municipales de Desarrollo, a los cuales se les han hecho objeciones, para que cumplan con la estructura, programas, indicadores, objetivos y estrategias apegadas a la agenda 2030.
