IMIPE. Hacia una nueva época.

La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos (LIPEM), reglamentaria del derecho de acceso a la información pública en nuestra entidad, encuentra su fundamento en lo previsto en lo previsto en los artículos 2 y 23-A de la Constitución Política local.  Fue en su momento, una de las normas jurídicas, más avanzadas del país, al incorporar como sujetos obligados a los tres poderes, los ayuntamientos, los órganos constitucionalmente autónomos y a los partidos políticos, así como a todas las personas físicas o morales que reciban y ejerzan gasto público.

Estableció sanciones a los servidores públicos que no cumplieran con la ley o con los acuerdos del Pleno del IMIPE; al dotar de autonomía constitucional al órgano garante del derecho de acceso a la información; permitiendo a todas las personas el ejercicio de los derechos tutelados por la misma, con las excepciones constitucionales previstas; así mismo dotó al IMIPE la atribución de interpretar y aplicar las disposiciones de la propia ley de transparencia, lo que implicó la facultad para expedir el reglamento de la misma.

No obstante, este inicio exitoso, en algún momento de su trayectoria, sus capacidades normativas y de gobierno, fueron decayendo al grado tal, que dejo de comportarse como un auténtico instrumento para garantizar eficazmente el derecho de acceso a la información.

Por ello, la necesidad de recobrar la confianza del pueblo con acciones precisas y contundentes que permitan utilizar la LIPEM en un instrumento de quehacer cotidiano, buscando obtener una mejor comunicación con su gobierno y resolver los problemas de la vida pública.

Esto implica continuar con la campaña de difusión de los beneficios que aporta el ejercicio del derecho de acceso a la información, es decir, los "tres saberes" -saber para mejorar, saber para exigir y saber para decidir-, como parte del programa de socialización, de manera sostenida e incisiva.

Además, propiciar que todos los ayuntamientos y partidos políticos mejoren su actitud hacia la transparencia, ya que son el grupo de sujetos obligados que presentan mayor atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, y mantener así un nivel alto en su apertura a la demanda social de información y rendición de cuentas.

Otro reto es la promoción e implantación de una red interinstitucional de archivos del Estado de Morelos, coordinada a partir de las disposiciones de la LIPEM, la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos y de los lineamientos que al efecto formule el propio Instituto y el Instituto Estatal de Documentación. No hay transparencia sin un correcto uso de archivos.

Así, la propuesta será incidir sobre las prácticas y procedimientos de trabajo seguidos por los servidores públicos, a efecto de que los datos personales de los ciudadanos que obren en su poder sean escrupulosamente protegidos.

Ello sin duda, impulsará la rendición de cuentas por parte del poder público ante la sociedad, definiendo con claridad sus programas de gobierno con base en resultados medibles a través de indicadores de gestión debidamente planteados y conocidos por la propia sociedad.

Los desafíos y retos, no son menores; ante la necesidad de adecuar varios apartados normativos de la Ley y de una nueva reglamentación interna que permita volver a consolidar al IMIPE como el órgano garante por excelencia que fortalezca la creación, desarrollo y gestión de vínculo entre gobierno y sociedad para acceder a la información que en tema de transparencia y rendición de cuentas propicie un mayor compromiso cívico en la comunicación de las actividades el uso de los recursos y funciones de los servidores públicos como elementos clave para el proceso de cambio para un gobierno abierto y de una gobernanza democrática.