Escala de Grises - Un lugar seguro
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos
La Interrupción Legal del Embarazo se ha convertido en un tema de relevancia internacional. En México, por lo menos, son tan solo 10 las entidades en donde las mujeres y las personas gestantes pueden realizar este procedimiento sin correr el riesgo de ser encarceladas por cinco años.
Hasta hace algunos años, la Ciudad de México se convirtió en el único territorio en el que el derecho a abortar no estaba penalizado, por lo que miles de personas acudían a la capital del país para evitar ser denunciadas. A partir del 2019, estados como Oaxaca, Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Guerrero y la península de Baja California se sumaron para también volverse un lugar seguro.
Sin embargo, eso no ha bastado para que las mujeres y personas gestantes continúen siendo víctimas de criminalización y discriminación. De acuerdo con Animal Político, hay una serie de barreras a las que todavía deben enfrentarse aquellas personas que quieran tomar decisiones sobre sus propios cuerpos.
Tal como ocurría desde el 2007, hay personas cuya única alternativa es viajar a la Ciudad de México para abortar. Según los registros del Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria, desde abril del 2007 hasta mayo del 2023, la cifra de Interrupciones Legales de Embarazo asciende a 263 mil.
La cifra, como siempre, es una muestra clara de la necesidad que existe en el país para acceder a un derecho que, por supuesto, no debería ponerse a consideración. A pesar de ello, personas que viven en estados como Morelos (mil nueve), Puebla (mil 627), Hidalgo (mil 413) y Querétaro (738) han tenido que trasladarse para interrumpir su embarazo de forma segura.
Lo que podría parecer un lugar seguro para tomar decisiones y enfrentarse a una interrupción del embarazo sin sanciones, resulta un obstáculo más en otro tipo de situaciones. Y es que las personas que viajan a la ciudad se enfrentan a otro tipo de dificultades.
Desde reunir el dinero necesario para costear el viaje, encontrar tiempo para poder llevar a cabo el proceso y encontrar un sistema que las ayude a enfrentar el proceso de recuperación, la experiencia de las mujeres y las personas gestantes no se reduce únicamente a tomar la decisión.
Según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el problema involucra mucho más. ¿Cuál es el tiempo que deben invertir en el proceso y cuánto es el que tienen disponible, según sus horarios de trabajo? ¿Cuáles son las prioridades económicas de ese momento? ¿De dónde pueden obtener los medios para costear el viaje a la ciudad si no cuentan con los recursos suficientes?
¿Qué nos dice esto? Primero, que es indispensable garantizar el derecho a la interrupción del embarazo para que las mujeres puedan acceder al procedimiento sin necesidad de invertir más tiempo del que deberían, para que su seguridad y su estabilidad también sean garantizadas por el Estado.
Deben contemplarse todos los obstáculos (además de los legales) a los que se enfrentan las mujeres y personas gestantes al momento de ejercer sus derechos. Criminalización, revictimización, violencia obstétrica, entre otro tipo de agresiones no pueden seguir siendo parte de la norma.
Resulta urgente que los tres niveles de gobierno se involucren en acelerar la legalización y dejar de discutir un derecho que jamás debió estar a discusión. Por otro lado, también es necesario establecer que no basta con legalizar la interrupción del embarazo. También deben invertirse recursos suficientes para que las mujeres de todo el territorio puedan acceder al procedimiento en caso de decidirlo.
Aborto legal para todas:
@Arendy_Avalos en X
