Escala de Grises - Desinterés

El lunes 20 de noviembre, a través de su cuenta de X, Cecilia Flores, denunció agresiones por parte de personas armadas durante su jornada de búsqueda. La líder de las Madres Buscadoras de Sonora aseguró que fueron amedrentadas cuando se encontraban al sur de Hermosillo.

De acuerdo con el testimonio de la activista, estaban en el Cerro de la Virgen a plena luz del día (alrededor de las 12:00 p.m.) cuando un grupo de seis personas comenzó a advertirles que se retiraran de la zona. Ante la insistencia del colectivo por seguir con su labor, fueron atacadas con insultos y disparos, situación que fue denunciada a la Guardia Nacional.

Sin embargo, nadie contestó el llamado para apoyar con la seguridad de las Madres Buscadoras. Ante las advertencias y el peligro que representaba realizar una búsqueda sin apoyo de las autoridades, las activistas decidieron retirarse del sitio.

Unas horas después de la denuncia, la Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora informó que “en el sitio se reportaron un par de personas en estado de indigencia (...), las cuales fueron retiradas por parte de las autoridades sin que representaran peligro” para las Madres Buscadoras. La declaración fue desmentida por Cecilia.

Según la líder del colectivo, hubo una detonación de arma de fuego, misma que sirvió para ahuyentar a las mujeres que se encontraban en el territorio, pues no es la primera vez que son amenazadas para interrumpir sus labores. “Si no van a publicar la verdad, no publiquen mentiras”, solicitó.

Mientras tanto, la solicitud hacia las autoridades estatales sigue siendo la misma: seguridad para buscar a las personas desaparecidas. Es indispensable que se cambien los protocolos actuales por estrategias que sí garanticen la integridad de los colectivos de búsqueda, independientemente del territorio en el que se encuentren.

Terrenos baldíos, lotes alejados de las principales ciudades, forman parte de los lugares donde las Madres Buscadoras intentan encontrar alguna pista que les permita localizar a alguna de las más de 113 mil víctimas de la desaparición forzada que acumula este país, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Es lamentable que, aún cuando los colectivos de búsqueda realizan el trabajo que debería realizar el Estado, las autoridades no pueden involucrarse ni siquiera con el mínimo esfuerzo. El desinterés de los tres niveles de gobierno por atender un problema de tal magnitud es evidente y, por supuesto, lamentable.

¿Cuáles son los protocolos de búsqueda que se aplican actualmente y cuál es la efectividad de los mismos? ¿Realmente están ayudando a los colectivos de búsqueda? De no ser así, ¿por qué no se hace lo necesario por modificarlos? ¿Qué cifra de personas desaparecidas necesita acumularse en el territorio nacional para atender las solicitudes por parte de sus familiares?

Desde hace décadas, el Estado mexicano está rebasado por una violencia estructural que ha permeado la realidad de miles de personas. Tal como lo mencioné en este mismo espacio, es necesario contemplar entre las víctimas a las familias de las personas desaparecidas que todos los días exigen la verdad y no obtienen respuesta.

Víctimas del sistema de justicia que criminaliza y revictimiza a las personas desaparecidas, víctimas de las amenazas que reciben por buscar a sus seres queridos, víctimas de las insuficiencias de un país con más de dos mil setecientas fosas clandestinas, víctimas de un duelo interminable, víctimas de la impunidad.

Bajo esta línea es indispensable que se destinen recursos a la creación y fortalecimiento de protocolos de protección que realmente funcionen para que los colectivos de búsqueda puedan salir sin miedo. Atender las recomendaciones de las organizaciones civiles y organismos internacionales es urgente para proteger a quienes sólo quieren encontrar la respuesta a una pregunta.

¿Dónde están?

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