Escala de Grises - Con las infancias no
En opinión de Arendy Ávalos

El lunes 8 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública inició la primera jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil para el calendario escolar 2025-2026. Esta medida, como respuesta a una sentencia judicial derivada de un caso ocurrido en 2018.
Se calcula que este intento por prevenir la violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes se aplicará en 232 mil escuelas. La jornada busca impactar (ojalá) a 24 millones de infancias que cursan la educación básica. Además de brindar información sobre el tema, el objetivo es brindar herramientas para la detección y atención de casos de violencia sexual infantil; y es que casi un tercio de este delito ocurre en las escuelas.
Las cifras no mienten. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de este tipo de abusos de 0 a los 17 años. A pesar de estos números, la respuesta de las autoridades ha tardado décadas en llegar. En pleno 2025, se realiza la primera jornada nacional, como si no se tratara de un problema de salud, educación y políticas públicas urgente.
Según datos de la OCDE, México ocupa el primer país con mayor incidencia de agresiones sexuales infantiles con 4.5 millones de casos por año. ¿Qué significa esto? Que, en promedio, 12 mil niñas y niños son atacados cada día; lo que no corresponde con los índices de denuncias formales.
El problema de los abusos también se extiende a la normalización del problema. Sólo uno de cada diez casos llegan a las autoridades correspondientes y sólo el 5% de esos casos logra una sentencia condenatoria. ¿Y la responsabilidad de las instituciones, los tres niveles de gobierno y el Estado, en general?
El abuso sexual infantil es una cuestión estructural que también se alimenta de la impunidad que ha moldeado nuestro país. No hay capacitación, no hay protocolos de acción homologados, no hay unidades especializadas para atender las denuncias, no hay programas de salud sexual y reproductiva, no hay conciencia.
No me malentienda. La jornada es un gran paso, es un buen esfuerzo, pero es el primero de muchos que llegan tarde a atender las necesidades de la población y no abarca la magnitud de la cuestión. Como si el retraso no fuera suficiente, esta jornada no basta para combatir el delito ni la impunidad.
No es únicamente responsabilidad de las escuelas empezar a concientizar a sus estudiantes, es indispensable que se capacite eficazmente a la plantilla de profesores a nivel nacional y que las autoridades de las fiscalías estén capacitadas para atender cualquier tipo de denuncia relacionada con el tema.
Por otro lado, el sector salud debe involucrarse activamente para brindar información sobre salud sexual y reproductiva de calidad, sin tabúes y considerando las necesidades de la población en cuestión. La familia también es fundamental para tener una estrategia redonda, ¿esta jornada también contempla cómo detectar señales de alerta o el proceso para denunciar algún caso? ¿Están considerando la forma correcta de abordar cualquier sospecha?
La iniciativa es buena, eso no se niega. Sin embargo, ¿de qué manera se garantizará su eficiencia? Una jornada sin mecanismos de seguimiento corre el riesgo de volverse un evento aislado. Sin evaluación o medición, no hay una garantía de cambio significativa. ¿Todo se reduce, entonces, a un evento simbólico?
Si esta jornada no se convierte en una política pública permanente, acompañada de capacitación, protocolos claros y atención integral, solo quedará como un registro en la agenda de septiembre. La verdadera pregunta es: ¿cuántas infancias más tendrán que ser parte de la estadística antes de que el cambio sea superficial?
Más vale prevenir (pero también actuar):
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