Escala de Grises - Cecilia Flores

Durante las primeras horas del 17 de abril, las Madres Buscadoras de Sonora informaron que Cecilia Flores se encontraba desaparecida. En el comunicado difundido a través de sus perfiles oficiales, se hizo un llamado a la sociedad y al gobierno del estado para localizar a la líder del colectivo.

De acuerdo con la publicación, Cecilia se encontraba en una búsqueda en Ahome (Sonora) con policías estatales de Sinaloa desde el domingo, pero no se sabía nada de ella desde las 15:00 horas. La activista no contestaba su celular y se desconocía si seguía acompañada por las mismas autoridades con las que desarrolló la búsqueda, lo que encendió todas las alertas en la comunidad.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Gobernación ya se encontraba realizando una investigación y el despliegue de un operativo para atender la presunta desaparición de la madre buscadora. Durante su conferencia matutina, el mandatario aseguró que Ceci Flores y su familia ya contaban con protección: “ya se está atendiendo el tema”, aseguró.

La tarde del lunes, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa; así como la Fiscalía de Sonora y el presidente de la República, informaron que la activista había sido localizada en buen estado de salud y se encontraba a salvo. De acuerdo con la versión oficial, su incomunicación se debió a una falla mecánica del vehículo donde viajaba la buscadora en un lugar sin señal.

Antes de que se terminara el día, Cecilia agradeció a la policía estatal y al gobierno de Sinaloa por movilizarse para localizarla. “Fue una fuerte experiencia, pero, gracias a estos ángeles que Dios puso en mi camino, puedo decir que vivo para contarlo”, compartió. Del mismo modo, narró que debió viajar en helicóptero para poder regresar a casa.

A pesar de que todo se debió a una serie de eventos desafortunados, la movilización de la colectiva y de las autoridades fue indispensable para localizar a Ceci Flores. Y es que la activista ya había recibido amenazas de muerte relacionadas con su labor, razón por la que acudió a la fiscalía correspondiente con la intención de alertar a las autoridades.

Como consecuencia de esas agresiones, Flores decidió frenar sus actividades durante algún tiempo. “¿A quién le estorba lo que hacemos?”, se preguntó la madre que lleva buscando a sus hijos desaparecidos por más de siete años y no logra comprender por qué las madres buscadoras de todo el país son blanco de ataques por la única razón de querer saber en dónde están sus familiares.

Esta situación que se reproduce en territorio nacional demuestra la deficiencia en los protocolos de protección y la negligencia por parte de los tres niveles de gobierno y la falta de capacitación para atender casos de este tipo por parte de las autoridades correspondientes.

En octubre de 2022, después de anunciar las agresiones de las que era víctima, Cecilia Flores sentenció “no voy a parar, no voy a dejar de buscar a mis hijos hasta que los encuentre o hasta que me maten”. La activista, al igual que las madres buscadoras que se han organizado para hacer una labor que le corresponde al Estado, sostiene que no se rendirá.

En México, hasta ahora, se estima que la cantidad de personas desaparecidas es superior a las 110 mil, lo que representa una crisis en materia de Derechos Humanos que se ha incrementado por décadas y se ha fomentado gracias a las deficiencias del sistema de justicia.

Personas cuyo paradero se desconoce, delitos que siguen sin investigarse, niveles de violencia que continúan incrementándose, problemas estructurales que siguen sin atenderse y los problemas estructurales que no se detienen forman parte de un panorama desolador para garantizar la justicia y la no repetición.

Ni siquiera hay un registro aproximado de todas las fosas clandestinas que pueden encontrarse en el territorio nacional. No hay recursos que resulten suficientes para realizar de forma eficiente investigaciones forenses ni hablar de perfiles genéticos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas?

Gracias a la práctica, a la necesidad de encontrar a las víctimas de desaparición forzada y al hartazgo ante la incapacidad de las autoridades, las madres buscadores se han convertido en forenses, peritos y criminólogas profesionales. A pesar de realizar actividades propias del gobierno, las condiciones bajo las que desempeñan su labor son tan peligrosas como incontenibles.

Es urgente que comiencen a desarrollarse estrategias en las que se garantice la integridad de activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Es indispensable que comiencen a realizarse planes de seguridad que involucren mucho más que el mero despliegue de elementos de la Guardia Nacional (por poner un ejemplo).

Ahora, está claro que la crisis de Derechos Humanos y violencia a la que nos enfrentamos en el país no es producto de la presente administración o de la pasada; sin embargo, las medidas para atender los problemas de raíz (como se prometió en el 2018) pueden aplicarse en cualquier momento. ¿O será que tampoco están dispuestos a buscarlas?

Hasta encontrarles:

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