En favor de víctimas del crimen, 72 mdp recuperados, con la justicia alternativa

Al cumplirse 13 años de la conformación del Centro de Justicia Alternativa (CJA), la Fiscalía General del Estado refuerza las acciones para que los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (MASC) en Materia Penal, sean las herramientas que permitan a particulares llegar a arreglos y solucionen conflictos de manera rápida y satisfactoria, destacó el Fiscal General Uriel Carmona Gándara, al reunirse con personal del CJA en el marco del aniversario de la creación.

Yazmin Aguayo Baheza, directora general del CJA, resaltó que del mes de febrero de 2018 a la fecha, se han atendido a 13 mil 582 personas, y se han realizado cuatro mil 182 acuerdos reparatorios, lo que ha permitido la recuperación de 72 millones 47 mil 20 pesos en reparación de daños a favor de víctimas.

Explicó que el 30 de octubre de 2008, fue inaugurado el Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal en Morelos, cuya finalidad es el agilizar, economizar y reivindicar la credibilidad de la ciudadanía, en la impartición y administración de justicia a favor de las víctimas.

A partir de los trabajos de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, a través de la Reforma Constitucional para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, publicada el 18 de junio del año 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se inició la transformación de las áreas encargadas de facilitar el acceso a la sociedad a la procuración de justicia.

Para lograr lo anterior, indicó que el centro está integrado por un grupo multidisciplinario de profesionistas capacitados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, quienes tienen el objetivo de brindar atención como Operadores en éste nuevo sistema.

Aguayo Baheza destacó que en sus inicios, el Centro de Justicia Alternativa  brindó servicios solo en la zona Metropolitana del Estado, y posteriormente, a partir del mes de agosto del año 2009 se inició la atención en la zona oriente y en enero de 2012 se amplió la atención hacia la zona sur poniente del Estado de Morelos, con ello, manteniendo una presencia y trabajo en todo el territorio estatal.

La directora del CJA puntualizó que en la actualidad, los facilitadores del centro cuentan con la certificación correspondiente para la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y en el nuevo Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

Dichas certificaciones, dijo, agregan competencias a los Facilitadores para brindar una atención profesional, que se refleja en la atención a usuarios que se ven favorecidos en la resolución de sus asuntos de una manera eficiente, sin dejar de lado el aspecto humano, promoviendo siempre la cultura de la paz. 

La aplicación de los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, y la coordinación institucional con los centros en todo el país, permitió trabajar en conjunto con las facilitadores del estado de Sonora para alcanzar acuerdos a través de una mediación a través de mecanismos electrónicos para enlazar a las partes involucradas y llegar a un acuerdo reparatorio.

Los esfuerzos permitieron que en el mes de julio de 2020, el Instituto Republicano Internacional (IRI), en conjunto con integrantes del programa Iniciativa Mérida, calificaran de satisfactorios los resultados obtenidos durante el Estudio de Percepción y Satisfacción de los Usuarios de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), operado por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

A través del Centro de Justicia Alternativa, se pueden solucionar conflictos entre particulares mediante la aplicación de métodos alternos como la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, teniendo la posibilidad de intervenir en delitos como homicidio, lesiones, amenazas, allanamiento de morada, robo, despojo, abuso de confianza, fraude genérico y específico, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, daño, incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria, sustracción o retención de menores e incapaces, discriminación, despojo, abigeato y hostigamiento sexual.