Defienden sus tierras los comuneros de Santa Catarina; a cambio, los agreden

Comuneros de Santa Catarina han encabezado un movimiento de salvaguarda de sus patrimonios; a cambio, han recibido “agresiones”; por ende, exigen que “la lucha por la tierra y el territorio debe ser respetada y protegida por el Estado y garantizar los derechos humanos de las personas que las defienden”.

En ese sentido, la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) solicitó -al mecanismo nacional de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos- que se tomaran medidas para salvaguardar la vida y la seguridad de los integrantes de bienes comunales. Este mecanismo ha otorgado las medidas solicitadas, lo que obliga al gobierno estatal a coordinarse con su homólogo federal, con el fin de llevarlas a la “práctica”.

Agrega que en Morelos “se ha dado una lucha por parte de la comunidad indígena de Santa Catarina, para defender el área de reserva ecológica de El Texcal y el Parque Nacional El Tepozteco, por lo que sus autoridades de bienes comunales han sufrido ataques y agresiones que han puesto en riesgo su vida”.

Aduce que, recientemente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, emitió un diagnóstico sobre este Mecanismo Nacional de protección a periodistas y personas defensoras, donde destaca que: “La actuación libre de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas resulta esencial para la verdadera realización de un Estado democrático de derecho. Su exigencia por la verdad y la justicia puede resultar inconveniente para quienes, a pesar de detentar el poder político o económico, no tienen interés en cambios al status quo. En la medida en que afecten los intereses de estos actores, las personas defensoras y periodistas enfrentan riesgos específicos derivados de sus actividades”.

Y, más adelante: “La responsabilidad internacional del Estado de proteger a los defensores y las defensoras de las agresiones que puedan sufrir, se deriva del deber fundamental de todo Estado de proteger todos los derechos humanos, tal y como está consagrado en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este deber de protección no se limita a que los Estados se abstengan de vulnerar los derechos humanos de las personas defensoras y periodistas, sino que también incluye el deber de respetar, prevenir y proteger frente a situaciones de riesgo, así como de investigar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables por las agresiones sufridas por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

En 2012, el Estado mexicano adoptó una Ley que creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) “para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos”.

Asimismo, agrega que, tras los primeros seis años de su operación, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y diversos organismos internacionales de derechos humanos coinciden en la necesidad de fortalecer el Mecanismo, ante la ausencia de un ambiente propicio y seguro para defender los derechos humanos y ejercer el periodismo en México.

Luego, destaca que “La importancia de reforzar el Mecanismo, que al 30 de abril de 2019 protegía a 903 personas, también es objeto de gran interés por parte de la comunidad internacional”.