Violencia de género y política

La incursión de las mujeres en la vida política surge a partir del siglo XX; ante la modernización capitalista, y la inclusión de la mujer en la vida laboral, trajo a la par que la mujer formara parte de los movimientos culturales, tales como obreros, estudiantiles y urbano sociales, por medio de los cuales se pudieron exponer las exigencias de las mujeres para con el Estado, y con las cuales se buscaba el respeto de sus derechos.

Ante la búsqueda de las mujeres por el respeto a sus derechos, se han logrado que el género femenino pueda acceder más a los puestos de elección popular, trayendo como consecuencia que en diversos países, las mujeres llegue a ocupar cargos como Primera Ministras, Gobernadoras, Presidentas; dentro de las más conocidas a nivel internacional podemos mencionar a Margaret Thatcher, Ex Primer Ministra de Inglaterra; Isabel Perón, Ex Presidenta de Argentina; Michele Bachelet, ex Presidenta de Chile; Violeta Chamorro, Ex Presidenta de Nicaragua.

Sin embargo, es importante mencionar que a lo largo de la historia la mujer ha sufrido actos de discriminación en diversos ámbitos de su vida pública y privada, dentro de los cuales encontramos la discriminación en el ámbito político; pesto que a la mujer se le consideraba como incapaz para poder emitir opiniones referentes a asuntos públicos, y mucho menos formar parte de la política; existía la creencia de que las mujeres no eran aptas para trabajos intelectuales, solo debían dedicarse a las labores del hogar y por ello se les negaba la oportunidad de una educación.

El surgimiento de movimientos de mujeres en los años setenta y ochenta y su destacado papel en la lucha contra los regímenes autoritarios del continente crearon grandes expectativas de mejores oportunidades para la mujer una vez producido el retorno a la democracia. Se esperaba que la consolidación de las instituciones democráticas promoviera una mayor participación de la mujer en la elaboración e implementación de las leyes y políticas públicas que la afectan en su vida diaria.

A pesar de estos esfuerzos, aún en la actualidad, la cultura machista de nuestra sociedad mantiene en desventaja la participación política de la mujer, evidenciándose en el bajo porcentaje de mujeres que ocupan cargos de poder en los gobiernos.

Ante tales sucesos, en México se han realizaron diversas reformas a la ley electoral y ante una nueva visión jurídica con perspectiva de género y Derechos Humanos se ha consolidado la figura de las cuotas de género como una medida que busca garantizar el acceso de las mujeres a la vida política del país, ello asignando un porcentaje reservado para el género femenino en los puestos de elección popular.

En México, la participación de las mujeres en la vida política es cada día más aceptada, y encontrar a una fémina en un cargo de elección popular es más común día con día, sin embargo existe una resistencia de parte de los grupos de poder, los cuales se integran y se han encontrado constituidos en su mayoría por hombres, quienes ante la negativa de perder sus privilegios y estatus se valen de diversas estrategias de hecho y de derecho para conservar así el poder, lo que ha traído como consecuencia que se vea afectado el resultado de tal mecanismo.

Durante este proceso electoral que nos encontramos viviendo, el Instituto Nacional Electoral de las denuncias presentadas por violencia política en razón de género, de las 49 sanciones que se han registrado, un total de 26 no ha recibido sanciones económicas, mientras que a sólo 10 han sido aplicadas multas y el resto amonestaciones públicas o apercibimientos.

Bajo ese contexto, podemos manifestar que, si bien se ha buscado garantizar los derechos de las mujeres en la vida política, no menos cierto es que los mismo han resultado deficientes al no cumplir del todo con su finalidad, puesto que, las sanciones impuestas a los infractores no son trascendentes.