Vigilar… ¿y castigar?

“No obstante, lo malo no eran las patrullas, si no la Policía del Pensamiento”

George Orwell, 1984

La semana pasada entró en vigor en el estado la Ley de videovigilancia para el estado de Morelos que, de acuerdo con la justificación del legislador, tiene entre otros objetivos incidir en la disminución de los índices delictivos que aquejan a la sociedad morelense.

La discutida nueva normatividad que dejó insatisfechos a una buena parte de la industria restaurantera y a representantes de empresas de seguridad, deja en manos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) el acopio y control de todas las imágenes que se generen en los sistemas de videograbación de la vía pública e interiores de sitios públicos, establecimientos mercantiles y zonas habitacionales dentro del territorio estatal.

La Ley aprobada en el mes de julio se empezó a cabildear por algunos diputados locales prácticamente desde el inicio de la actual legislatura, lo que evidencia la importancia que ésta tiene para el proyecto de  la actual élite política del estado.

Entre otros puntos importantes, la citada ley criminaliza las posibles conductas sobre la destrucción o afectación del material videograbado, instituye bajo la coordinación del CES el Sistema Estatal de Videovigilancia y crea el Registro Estatal de Equipos y Sistemas Tecnológicos de Seguridad Pública.

Pero no solo tendrá atribuciones de índole policíaca, sino que faculta a la CES para atender solicitudes de información relativas a las imágenes bajo su resguardo y control, así como para determinar el tratamiento que dará a los datos personales y sensibles de las imágenes que estarán bajo su responsabilidad. Ni el “gran hermano” de George Orwell imaginó tal poder de las pantallas.

En la justificación de la propuesta de Ley, el legislador recurre a la jurisprudencia nacional e interamericana relativa al derecho a la privacidad y a la intimidad, así como el derecho a la propia imagen y a la protección de los datos personales como derechos humanos protegidos por el sistema normativo nacional e internacional, solo para contradecirse, pues el argumento no demuestra de manera contundente que la Ley de Videovigilancia no atente contra esos derechos fundamentales.

Con esos argumentos lo único que nos queda claro es que efectivamente la Ley de Videovigilancia si afectará ese ámbito de nuestros derechos humanos, pero en su descargo, el legislador asegura “que en todo momento en las acciones de videovigilancia que se realicen, y la información pueda capturarse o grabarse pueda llegar a ser de naturaleza confidencial o sensible, dependiendo de su contenido, se respetará y resguardará en términos de la normativa aplicable, respondiendo dicha autoridad por todo abuso en su actuación”.

Mucho más contradictorio es que, aludiendo al artículo primero constitucional en relación con la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos se legitime una legislación que a todas luces afecta el disfrute de varios derechos

Lo mismo pasa cuando alude al artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos donde se señala en qué circunstancias el resguardante de datos personales, no está obligado a recabar el consentimiento de la persona, pues es ese uno de los artículos más discutibles de la mencionada legislación.

En su justificación, el legislador plantea que la citada Ley tomó como referencia a la reglamentación de videovigilancia del estado de Aguascalientes, y presenta como ejemplo en su eficacia para incidir en el descenso de los índices delictivos a la Ley en la materia al estado de Colima.

Esto último contradice lo afirmado hace apenas unas semanas por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a la Ciudad de Manzanillo, donde dio información estadística sobre los altos niveles de violencia e inseguridad del estado de Colima.

Tan grave es la situación que el Puerto de Manzanillo fue uno de los detonantes para que se dejara la seguridad de las aduanas en manos de la Armada de México. Ese argumento, del legislador tampoco es muy contundente.

Pero hay más, en la administración del sexenio anterior se demostró de qué manera el sistema de videovigilancia, puede usarse políticamente y cómo se pueden pisotear los derechos a la intimidad personas y familias enteras.

Tenemos como ejemplo el asesinato de un personaje muy conocido en la entidad que mereció que usando las cámaras del C-5 el propio Comisionado Estatal de Seguridad, presentará en redes sociales y medios de comunicación una parte de la su vida privada e íntima solo para desarticular una protesta organizada y justa de un gremio influyente y mediático en el estado de Morelos.

No he seguido el caso, pero dudo que el seguimiento tan meticuloso de las cámaras del C-5 haya servido para contribuir a que ese acto criminal no quedara impune. Podría dar otros ejemplos del uso inadecuado de los sistemas de videovigilancia, pero no quiero abusar de la paciencia del lector.

Todo eso solo reafirma mi creencia de que los ciudadanos ya hemos renunciado a demasiados derechos y libertades en aras de nuestra seguridad.

Llegamos a normalizar los retenes policiacos y militares, normalizamos la cancelación de nuestro derecho al esparcimiento, muchos renunciamos a la vida nocturna, otros convirtieron sus casas en fortalezas, alzamos nuestras bardas, pusimos alambradas denunciamos “sospechosos”, estigmatizamos personas por su vestimenta y llenamos las calles de cámaras de videograbación para que se nos vigile a la par que a los delincuentes.

Nuestros derechos y nuestras libertades se guardaron para mejores tiempos, porque ahora la importante es salvar el pellejo. Seguridad, cuántas atrocidades se cometen en tu nombre.