Van nuevamente contra exsecretario de Graco R.

Con aseguramiento de un rastro en Miacatlán, buscan comprobar delitos de Roberto Ruiz
Se acusa al propio exgobernador de avalar un contrato fraudulento que dañó finanzas estatales

Van nuevamente contra exsecretario de Graco R.
Graco Ramírez dio su aval para la entrada en funcionamiento del rastro en Miacatlán, el cual era completamente irregular.

En un nuevo intento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de comprobar hechos ilícitos a uno de los principales colaboradores de Graco Ramírez Garrido, en el gobierno estatal anterior, Roberto Ruiz Silva, dos veces secretario de Desarrollo Agropecuario (SDA), este viernes se informó que se habían asegurado las instalaciones del rastro Tipo Inspección Federal (TIF), en el municipio de Miacatlán.

Tras un recorrido de funcionarios de dicho representante social, la Consejería Jurídica del gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se colocaron sellos de aseguramiento, para "salvaguardar el equipo y la maquinaria", se dijo en un comunicado.

Los hechos están relacionados con la denuncia por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y peculado, de los que es culpable Ruiz Silva, según la Fiscalía señalada, y quien estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en dos periodos, en la administración de Graco Ramírez.

Con Roberto Ruiz como responsable de dicha dependencia, el gobierno encabezado por el tabasqueño, pagó 12 millones de pesos para la dotación de equipamiento y funcionamiento de un rastro TIF. Pero la actual administración morelense pudo verificar, tras la correspondiente revisión, que lo entregado por la empresa que cobró la cantidad referida "no correspondía con los parámetros exigidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y, en tales condiciones, resultaba materialmente inviable la obtención de la certificación", dice textualmente el comunicado enviado ayer.

Es decir, nunca debió comenzar a funcionar dicha instalación, ante la falta de cumplimiento de los mínimos exigidos para ese tipo de negocio, según los criterios federales en la materia.

El comunicado en referencia, (proveniente NO de la autoridad que realizó el aseguramiento, la también llamada Fiscalía Anticorrupción, sino del gobierno del estado) acusa a Graco Ramírez de haber avalado el inicio de operaciones de dicho rastro, que no cumplía con la reglamentación exigida: "En su momento, se publicitó un supuesto inicio de operaciones, avalado inclusive por el anterior titular del Ejecutivo estatal". La denuncia de hechos de la acción de ayer quedó registrada bajo el número FECC/129/2018-11.

 

Historial de corrupción; intentos fallidos de justicia

 

Roberto Ruiz Silva dejó de ser titular de la SDA en 2015, por primera vez, en su intento por ser diputado federal, en la contienda electoral de dicho año. Fracasó. Cercano al entonces mandatario, tras la fallida aventura comicial, aquél fue recolocado al frente de la dependencia que atiende al agro morelense.

Su gestión ante tal Secretaría ha sido señalada de diversas irregularidades, no pocas de ellas en materia penal. En abril de 2019, en un primer intento por castigar a Ruiz Silva, por parte de la Fiscalía que combate la corrupción en Morelos, el caso se cayó, y el juez de la causa decidió no vincular a proceso al señalado, ante la falta de elementos probatorios por parte de la Fiscalía que encabeza Juan Jesús Salazar Nuñez, también excolaborador de Graco Ramírez. La determinación judicial fue apelada.

El primer encargado de esa misma dependencia que apoya al campo, en el gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, Guillermo López Ruvalcaba, apuntó directamente a su antecesor (Ruiz) de haber defraudado a productores morelenses, con la entrega de fertilizante mezclado con arena. En esa ocasión, se pagaron con el erario 30 millones de pesos para la adquisición del insumo, supuestamente en favor de 13 mil productores, a los que no sirvió el producto entregado, fraude cuya responsabilidad, según el gobierno actual, recaía en el excolaborador de Ramírez Garrido.

Al momento, ninguno de los anteriores señalamientos ha sido probado judicialmente ni, por ende, recibido castigo alguno.