Toman Tesorería del gobierno de Hueyapan supuestos líderes
De nueva cuenta, el grupo liderado por Grisóforo Olivares Pérez, de la ruta 21 del transporte, su esposa Lilia González Cortés, además de Fernando Nava Espinoza y Pablo Alonso Rodríguez (este último se nombra como representante legal del municipio indígena de Hueyapan), tomaron la sede de la Tesorería de esa localidad, y la “clausuraron simbólicamente”, sin tener autorización alguna.
Este grupo que se autonombró como el nuevo concejo indígena de Hueyapan, desde el pasado 28 de julio quiso tomar las riendas del municipio, sin contar con el apoyo de los 5 barrios que conforman la comunidad y las organizaciones civiles, debido a que consideran que lo único que buscan es su propio beneficio y manejar los recursos económicos del Fondo III, Ramo 33 y Fondo IV, que son las participaciones federales que le deben de llegar a la localidad.
Jorge Enrique Pérez Meléndez Vocero del Concejo Municipal de Hueyapan, conformado por 10 personas que fueron electas desde la conformación del municipio, destacó que ellos, luego del 28 de julio pasado, cuando fueron agredidos y obligados a dimitir o renunciar a sus cargos, interpusieron una demanda ante el Tribunal Estatal Electoral (TEEM), por violencia política en su contra.
Expresó que los llamados “contras” encabezado por Grisóforo Olivares Pérez, presidente del transporte de la Ruta 21, junto con su esposa Lilia González Cortés, han pretendido ser nombrados representantes del Concejo Municipal de Hueyapan, lo que no lograron porque violentaron los usos y costumbres de la población.
Manifestó que ellos se rigen en base a los usos y costumbres, “tenemos como norma sostener asambleas semanales, quincenales o mensuales los días domingos, no puede ser en otro días porque la mayoría de nosotros, la población, trabaja en las labores del campo, y de otras actividades, por lo que es imposible que se hagan asambleas entre semana, a menos que sea de extrema urgencia”.
Por eso, Pérez Meléndez subrayó que ellos interpusieron en el TEEM, una demanda por violencia política, la cual todavía no se sentencia, aunque por las acciones cometidas por el grupo opositor, se debió de haber solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se procediera en contra de quienes han violentado la ley, y han provocado que se pueda dar un enfrentamiento entre los mismos vecinos de Hueyapan.