Serpientes y escaleras - Quién, pero no cuándo

Lo que sucede en el congreso no se queda en el congreso

Quién, pero no cuándo

La ley orgánica del congreso de Morelos establece que ante la ausencia del diputado titular lo que procede es llamar a su suplente, para que ocupe la curul vacía; basados en ese criterio abogados especializados en materia electoral, lo mismo que las presidentes del TEE e IMPEPAC han dicho que es la suplente quién debe ocupar la diputación de la finada Gabriela Marín. El reglamento es claro respecto al suplente, pero no dice cuándo tiene que ser convocado.

Lo que sucede en torno al parlamento local es sumamente complejo, engloba diferencias políticas entre poderes, ambiciones personales y una evidente lucha electoral por la sucesión. Vale la pena revisar lo que puede ocurrir en el poder legislativo tras el asesinato de uno de sus integrantes. Veamos:

1-      La curul correspondiente al partido Morelos Progresa ha sido ocupada en un año por tres personas: Juan José Yáñez, Roberto Yáñez y Gabriela Marín; el primero asumió el cargo tras la expulsión de Julio Yáñez y falleció por causas naturales antes de que concluyera el primer periodo ordinario, el segundo ocupó la curul por unos meses de manera irregular y la última fungió como legisladora por tres meses, hasta que fue asesinada. Cuentan en los pasillos del congreso que el mismo día que Gabriela Marín Sánchez fue ejecutada, uno de los hermanos Yáñez se comunicó al congreso para preguntar cuándo se llamaría a la suplente.

2-      Gabriela Marín representaba el voto 14 del bloque parlamentario mayoritario, con él este grupo de diputados contaban con la mayoría absoluta y consecuentemente, con la capacidad para legislar y votar todo lo que quisieran. La muerte de Marín Sánchez cambió este panorama y regresó la historia legislativa al punto en donde nadie tiene mayoría y lo único que queda es la parálisis.

3-      Ante la ausencia del legislador número 20, el parlamento debe llamar al suplente del representante popular ausente para que tome protesta, así lo establece la ley, pero la Ley Orgánica del Congreso de Morelos no establece un plazo para convocar al suplente; en la propia constitución se hace referencia a este tipo de situaciones, pero tampoco se fija un tiempo para que el pleno incorpore a su nuevo integrante. Lo mismo pasa en el congreso federal.

4-      La muerte de Gabriela Marín no fue por causas naturales, sino como consecuencia de un asesinato; las autoridades locales y federales han establecido el móvil político como la principal línea de investigación, el fiscal ha señalado que la representante popular tenía “temas pendientes” y aunque no dio nombres, la referencia evidente fue hacia la familia Yáñez. “Hay quienes se benefician directamente con su muerte” dijo ante los medios el fiscal Uriel Carmona.

5-      La sola sospecha obliga a los integrantes del congreso local a ser políticamente cautos en esta decisión, porque nadie sabe el rumbo que puedan tomar las investigaciones. En este momento todos son sospechas y especulaciones, hay diferentes hipótesis y versiones sin comprobar, pero nada en concreto ni mucho menos oficial. La prudencia política debe prevalecer en la cámara de diputados, es decir, lo conducente sería aguardar hasta que el crimen se clarifique para llamar a la diputada suplente.

6-      En el congreso de Morelos existe un antecedente que puede guiar los pasos de los legisladores: en el 2015 algunos diputados locales se fueron a campaña en busca de un nuevo puesto de elección popular, la ley les permitía hacerlo sin pedir licencia y basados en ello dejaron sus funciones por varios meses sin llamar a los suplentes. La ley es la misma, el congreso pudo llamar a los legisladores sustitutos, pero al no establecer plazo para ello, nunca se les llamó y las curules se quedaron vacías sin que eso afectara el trabajo parlamentario. Los sustitutos acudieron al recinto, ingresaron su solicitud para ocupar el cargo apelando a sus derechos políticos, pero nunca los llamaron. Iniciar un juicio para que los llamen apelando a sus derechos políticos siempre es una opción, pero lleva tiempo.

La relación entre poderes en el estado no ha sido sencilla a lo largo de este sexenio, pero las diferencias se han agudizado con la actual legislatura; en este 2022 el ejecutivo estatal y los municipios están trabajando con las leyes de ingresos del año anterior porque los representantes populares no se pusieron de acuerdo para su aprobación y este escenario se puede repetir.

El análisis, discusión y aprobación del paquete económico 2023 es solo uno de los muchos temas que están pendientes en la agenda parlamentaria, pero aunque escandaloso, podría ser el menos complejo de los asuntos a tratar, porque no importa lo que hagan o determinen los representantes populares, el jefe del ejecutivo tienen derecho de veto y una cláusula de transferencia que le permite operar aún cuando el congreso no le apruebe su propuesta financiera.

Lo complejo es lo otro: la designación de magistraturas, la ESAF, el juicio político y más adelante, la licencia de Cuauhtémoc Blanco. Tengamos claridad en este último punto: para que el futbolista pueda competir por otro cargo de elección popular es indispensable que el congreso le otorgue licencia.

Sin descontar la gravedad del asesinato de la diputada Gabriela Marín, lo que está pendiente en la agenda parlamentaria es otra cosa, se mueve en un escenario político y afectará muchas cosas en el futuro cercano. La compleja relación entre poderes no es buena para nadie, empezando por los integrantes del congreso y del ejecutivo, implica situaciones complejas que se pueden salir de control y enfrentamientos que perjudicarían a ambas instituciones y a los ciudadanos.

Resolver las diferencias entre poderes no es sencillo, por ello no ha sido posible; en algún momento la relación se suavizó con la intervención de Mónica Boggio y Samuel Sotelo, pero al poco tiempo la rispidez volvió porque metieron las manos otros personajes del círculo cercano del gobernador.

Lo que pasa en el parlamento morelense debe observarse con atención en el ejecutivo; la manera como se van dando las cosas y las decisiones que se toman forman parte de un panorama general que va más allá de lo mediático y afectará situaciones en el futuro, incluyendo el futuro político del gobernador.

Hoy el tiempo juega del lado de los diputados, el cierre de sexenio es un momento complejo que de manera natural debilita al jefe del ejecutivo, multiplica frentes de ataque y provoca un desgaste más acelerado. A ello se debe añadir lo que ocurre en Morena, los enconos que ahí se han generado y el reflejo que esta disputa tiene en varios espacios de poder, empezando por el congreso.

Incluso el maltrato del secretario de gobernación a los legisladores morelenses que se entrevistaron con él tras la muerte de Gabriela Marín enciende los ánimos y aumenta la presión en una legislatura que acompañará a Cuauhtémoc Blanco hasta el final de su mandato. Más que ayudar al mandatario morelense, el regaño de Adán Augusto radicalizó las posiciones en el estado.

No es momento para medir fuerzas, ni para tratar de vencer al rival; durante tres años ese fue el camino que siguieron los anteriores encargados de la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de la Gubernatura y el resultado fue desastroso. La nueva dinámica de dialogar, conciliar y buscar puntos de encuentro ha sido mucho más fructífera, aunque constantemente se ve afectada por las manos de personajes del primer círculo que anteponen el interés electoral por encima de la gobernabilidad.

Llamar al sustituto de la diputada Gabriela Marín no es un asunto menor, ni algo ajeno al debate político entre poderes, sobre todo ahora que el grupo mayoritario del congreso sabe que la suplente jugaría del lado opuesto.

La decisión que tomen los representantes populares seguramente será apegada a derecho, pero con una óptica política: la ley dice quién debe ocupar la posición vacía, pero no señala cuándo debe hacerlo.

·         posdata

Un segundo integrante del cabildo de Antonio Villalobos Adán ha obtenido los beneficios del Criterio de Oportunidad, se trata de la regidora Anayeli Rodríguez.

La exregidora tiene, igual que Jesús Martínez Dorantes, un plazo para aportar las pruebas que ofrece para fortalecer las denuncias de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de no hacerlo regresaría a la cárcel.

Habrá que entender algo: el criterio de oportunidad no es exclusivo para una persona, ni tampoco favorece a un género, como lo afirmaban algunos seguidores de Anayeli Rodríguez. Acceder a esa herramienta legal depende de la información que se ofrezca, de que sea comprobable y ayude a las autoridades en las querellas interpuestas. Un dato más: las pruebas tienen que implicar a un par o a alguien superior, no hacia abajo. Antonio Villalobos no puede apegarse al Criterio de Oportunidad.

Los procesos en contra del exalcalde de Cuernavaca se están multiplicando rápidamente y pronto involucrarán a más personajes; en el caso del desvío de recursos públicos del Sapac hay que considerar a algunos exdirectores y a quienes formaron parte de la junta de gobierno, como el empresario Antonio Sánchez Purón.

La del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca es solo una de las 41 carpetas de investigación que obran en manos de la Fiscalía Anticorrupción en contra del gobierno de Antonio Villalobos, los demás temas corresponden a otras acciones irregulares cometidas en ese periodo de gobierno e implican a más personajes que cometieron actos de corrupción o como en el caso del Sapac, tienen responsabilidad por participación u omisión.

Oficialmente la FECC no ha dado nombres de más involucrados, pero tomando en cuenta lo sucedido y la forma como operó ese gobierno es fácil anticipar quienes serán los siguientes exfuncionarios llamados a cuentas: el tesorero José Quiñonez, la jefa de la oficina de la presidencia Laura Mendizábal, el secretario particular del alcalde Héctor Ordoñez, el secretario del ayuntamiento Erick Santiago Romero y la síndico Marisol Becerra.

Todos los involucrados en estos procesos, dicen, andan preocupados, sobre todos los que estamparon su firma en contratos, los que tienen responsabilidad legal por sus actos (aún sin haber firmado nada) e incluso aquellos que sin haber formado parte del gobierno, participaron en la toma de decisiones, se beneficiaron de la operación del ayuntamiento y se enriquecieron. En el criterio de oportunidad, dicen, se estarían mencionando hasta a los familiares de Antonio Villalobos.

Dependiendo de cómo se muevan en estos procesos, el fiscal Juan Salazar y el vicefiscal Rodolfo Núñez se pueden convertir en los funcionarios del año, porque hacía mucho tiempo que en Morelos no se veía una actuación tan firme y contundente contra la corrupción.

Todavía falta saber si la FECC apelará a las leyes de delincuencia organizada y lavado de dinero en estos procesos.

·         nota

Durante seis años el exgobernador Graco Ramírez aplicó la regla de vencer a los rivales, a los críticos, a sus detractores y en general a todos los que no pensaran igual que él u obedecieran a pie juntillas sus deseos.

El tabasqueño no era un político cualquiera, durante cinco años tuvo el apoyo absoluto de la federación y el respaldo total de los congresos local y federal; item más: con el control de las instituciones del estado Graco Ramírez no tuvo empacho en utilizar la fuerza pública para disolver inconformidades, ni para reprimir a sus opositores. Imperó la ley del garrote.

Su estrategia de golpeteo no le funcionó: el exgobernador concluyó su mandato entre abucheos, acusado de encabezar el peor y más corrupto gobierno que ha tenido Morelos y de tener vínculos con la delincuencia organizada. Su hijastro, ungido candidato sucesor sufrió una apabullante derrota a pesar de los millones de pesos invertidos en campaña y las amenazas para que votaran por él.

La conclusión: el poder del estado es grande, pero insuficiente para vencer a todos los demás. El pleito no es un buen camino para gobernar y nunca ha dado buenos resultados. Anoten.

·         post it

El alcalde José Luis Urióstegui debe revisar la calidad de las obras que realiza su gobierno. Se tardan más en ejecutarlas que en lo que aparecen vicios ocultos, derivado de la pobreza de los materiales o el mal trabajo.

Ojo: a la vuelta del tiempo eso también puede ser motivo de acciones legales como las que hoy viven los exfuncionarios de Villalobos.

·         redes sociales

Todos los días se comparten hechos de violencia en las redes sociales, son tantos que ya no caben en los espacios de los medios de comunicación.

Todo pasa y no pasa nada en Morelos.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

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