Serpientes y escaleras - ¿Habrá 30 diputados?

Los legisladores locales quieren hacer crecer el congreso… pero en número y en recursos.

¿Habrá 30 diputados?

La legislatura 55 de Morelos pretende aumentar de veinte a treinta el número de diputados en el congreso local; la idea surgió del bloque panista, sin ningún argumento social o político válido, solo por el hecho de que, al ser mayoría y tener los votos necesarios para hacerlo lo harían. El tiempo corre en contra del parlamento en su intentona de incrementar las curules: o concretan la reforma constitucional antes del último día de mayo o no aplicará para el proceso electoral del 2024.

Antes de analizar porque los legisladores locales quieren acrecentar el número de representantes populares en la cámara local habría que reflexionar algo: los congresos en México están muy mal calificados, la gente los considera inservibles, caros, corruptos y sin representatividad.

El de Morelos ha sido desde hace varios años ejemplo de ello: por este poder han pasado personajes muy malos, nocivos, que han abusado del cargo, que han servido a intereses perversos, que nunca han representado a la sociedad y que en todos los casos utilizaron el cargo para enriquecerse.

Legislatura tras legislatura los morelenses hemos calificado al parlamento saliente como “el peor de la historia” con la vana esperanza de que no hay posibilidad de que llegue algo más nocivo. Pero nos hemos equivocado: una tras otra las legislaturas empeoran, repiten los errores anteriores y cometen nuevos ilícitos al amparo de la impunidad. El congreso actual es un claro ejemplo de ello.

De la mano del descrédito público de los diputados llega también su castigo, porque para la gran mayoría de quienes ocupan una curul el congreso se ha convertido en una tumba política, en el final de su carrera en la administración pública. Haz memoria lectora lector queridos: ¿En dónde están ahora los representantes populares de las últimas legislaturas? ¿Cuántos pudieron trascender al congreso? Incluso los más populares y carismáticos se hundieron con el desgaste de sus cámaras.

Aunque legalmente los diputados tienen la facultad de volver a incrementar el número de representantes populares en el congreso de Morelos, porque la ley establece un mínimo a partir del número de habitantes, pero no un máximo, no existe una justificación social o política para esta ocurrencia.

Cuando se reformó la constitución en el 2017 para reducir el número de integrantes de la cámara varios partidos políticos, el PAN entre ellos, se inconformaron y la reforma fue impugnada; la última palabra sobre este tema la tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dio por válido el cambio bajo los argumentos de que se trataba de un cambio para generar ahorros al erario. Dato curioso: la reforma del 2017 la promovieron los diputados afines a Graco Ramírez y en el 2023 la contrareforma la impulsan diputados que responden a los intereses de Graco Ramírez.

Lo de fondo en el intento de aumentar el número de legisladores en el congreso de Morelos radica en que si se incrementan los distritos, disminuyen los votos necesarios para ganar; a la par de ello está el hecho de que al aumentar los distritos electorales, de 12 a 18, también se incrementa el número de diputaciones plurinominales, de 8 a 12, lo cual ayudaría mucho a los partidos que menos votos obtengan, porque con más plurinominales se generan más “espacios políticos” para quienes pierdan en las urnas.

La apuesta de la legislatura 55 es clara: saben que el desgaste que están sufriendo es muy grande y también que sus posibilidades de triunfo en las urnas son cada vez menores; si hay más distritos y se necesitan menos votos para ganar, sus opciones para reelegirse aumentan; con más plurinominales en la mesa también tienen más chance de mantenerse activos por esa vía.

Un punto más: si la oposición tiene caminos más sencillos para tener presencia en la cámara de diputados se eleva su oportunidad de seguir haciendo un fuerte contrapeso al ejecutivo, como lo hacen ahora; sea cual sea el contexto de la siguiente elección local, las probabilidades de que se repita el escenario político actual, con una legislatura de mayoría opositora enfrentada con el ejecutivo, son muy pocas.

Imaginemos cómo puede venir las cosas en la legislatura 56: de los actuales integrantes de la cámara los únicos con posibilidades de reelegirse en el cargo son el panista Francisco Sánchez y el aliancista Agustín Alonso; los demás no solo enfrentarán a un partido fuerte como Morena, también nadarán a contracorriente por todo lo que han hecho como diputados actuales, enfrentados con el ejecutivo, con la sociedad y con los medios de comunicación. Suponiendo que Sánchez y Alonso repitan en el cargo, ya no estarán los contlapaches que hoy les hacen el trabajo sucio.

El intento de reformar la constitución local para elevar el número de curules en el congreso local no es una ocurrencia de los panistas, se trata de la única manera que tendría la mayoría de los legisladores actuales para continuar en la vida política. Y aún así sus posibilidades de ganar en las urnas son lejanas.

Ahora entremos a los tiempos: la ley establece que para que una reforma como la que pretende el G15 se aplique en el 2024, esta debe ser aprobada al menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral, es decir, si arranca oficialmente la primera semana de septiembre la reforma debe ser aprobada a más tardar el último día del mes de mayo. O sea, en menos de dos semanas.

El bloque opositor tiene los votos necesarios para validar la reforma en el pleno, pero por tratarse de una reforma constitucional para su confirmación es necesario el voto afirmativo de la mayoría del constituyente permanente, es decir, de la mayoría de los cabildos. Todo, insisto, antes de que concluya el mes de mayo.

Recapitulemos el proceso: con un mínimo de 15 votos el congreso está en condiciones de aprobar la reforma en la cámara, pero por tratarse de un cambio constitucional es necesario el respaldo de la mayoría de los cabildos. De ahí lo que sigue es su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad antes del 01 de junio, para que la reforma adquiera vigencia en el proceso electoral 2024.

Aquí llegamos a un punto clave: suponiendo que se cumplan los dos primeros pasos antes de los 90 días previos a que arranque el proceso electoral, como lo establece la ley, todo quedará en manos del ejecutivo, quien deberá publicarla antes de junio para que la reforma aplique en el 2024. ¿Y si el gobernador no la publica a tiempo? Veámoslo de esta forma: Cuauhtémoc Blanco debe ordenar su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, pero no hay nada que lo obligue a hacerlo de manera inmediata, es decir, podría publicarla un día después de que venza el plazo legal para que la reforma adquiera vigencia en la siguiente elección.

El intento de reforma constitucional que busca el G15 es un salvavidas político para muchos de ellos, pero difícilmente se concretará, porque el tiempo, las circunstancias políticas, el ánimo de muchos presidentes municipales y del gobernador no están de su lado. Peor: se trata de una reforma legal repudiada, mal vista por la sociedad, porque pretende aumentar la carga económica de un congreso inservible y corrupto que a nadie sirve.  

Aquí los diputados van a perder. Y el gobernador pensará “Ahora sí me los chingué”

·         posdata

Cuando la legislatura 53, la graquista, planteó reformar la constitución y reducir el número de diputados locales lo hizo bajo el argumento de que no eran necesarios tantos representantes populares y bajo la lógica de que “con menos diputados se gastaría menos dinero”.

En ese momento Rodrigo Gayosso controlaba la cámara de diputados y a la mayoría de los ayuntamientos, por eso su reforma pasó sin contratiempos y al publicarse de inmediato aplicó en la siguiente elección, la del 2018. En ese momento tanto Graco Ramírez como su hijastro no solo suponían que ganarían las elecciones, estaban convencidos de que arrasarían en el proceso electoral y que también controlarían la cámara de diputados. Por eso el cambio, porque al asumirse triunfadores no querían que la oposición (que según ellos iba a perder) accediera a más diputaciones. Pero el tiro les salió por la culata.

Paradójicamente seis años después la contrareforma electoral planteada surge del bloque legislativo graquista, de entre quienes se mueven apadrinados por el exgobernador Graco Ramírez y observan en el cambio constitucional una tabla de salvación, porque saben que su chance de ganar en las urnas es muy bajo.

Recordemos qué fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia del 2017 sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por diversos partidos, entre ellos el PAN, contra el cambio en la distritación local:

146. “La reducción del número de diputados persigue, además de los fines de adecuación a los lineamientos federales, el reconocimiento de derechos de minorías, el combate a la discriminación, entre otros y responde a una necesidad de austeridad en el gasto público, asimismo, que los ciudadanos morelenses tengan un Congreso sensible en cuanto a la reducción de gastos y adelgazar el aparato legislativo y gubernamental y aprovechar los recursos en obras que también beneficien al Estado y a los morelenses.”

Dicho sea de paso: con la reducción de 30 a 20 diputados en el Congreso de Morelos no vino una disminución en el gasto, por el contrario, este año la 55 legislatura incrementó su presupuesto en 80 millones de pesos, para convertirse en el parlamento más caro de la república mexicana. 

·         nota

Ya hay dos políticos que aspiran a dirigir el destino del partido Movimiento Ciudadano en Morelos una vez que ha concluido el actual periodo de la dirigencia: el diputado Julio César Solís y Fernando Guadarrama; el primero es el dirigente saliente y el segundo fue candidato naranja en el municipio de Yautepec.

Movimiento Ciudadano es un partido históricamente neutro, es decir, no radicaliza sus posiciones y mantiene relación cordial con quien gobierna; al menos así había sido hasta este último año, cuando su dirigencia declaró abiertamente la guerra al gobierno estatal, fustiga al presidente López Obrador y se volvió el fontanero de la legislatura.

De cara al 2024 Movimiento Ciudadano deberá renovar su dirigencia local y ello pasa por el análisis de las personas que aspiran, no solo para tener claridad en su identidad partidista, sino para sopesar lo que su figura representa en el escenario político futuro.

Fernando Guadarrama es un personaje poco llamativo, fue diputado local, representante de su partido ante el consejo electoral local y candidato en Yautepec; se trata de un hombre discreto, decente, alineado a la lógica del partido y a las directrices nacionales. Julio César Solís es la cara opuesta: ha vivido del partido, llegó al congreso por la vía plurinominal y desde ahí le hace el trabajo sucio a los enemigos del gobernador, sin considerar los efectos que ello trae aparejado a su partido y a varios de sus integrantes; todo a partir de sus intereses económicos personales.

Falta poco para saber cómo se definen las cosas en la casa naranja.

·         post it

Sin redistritación local, las plurinominales de todos los partidos van a ser muy peleadas.

·         redes sociales

En tiempos de violencia, la diputada Tania Valentina lanzó una amenaza de muerte a los periodistas. Y como feminista que presume ser, lo hizo contra una compañera reportera.

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