Serpientes y escaleras - El fondo municipalista

Mientras los ministros resuelven el fondo del asunto, los pagos se suspenden.

El fondo municipalista

La suspensión que por unanimidad concedieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación al gobierno estatal en la controversia interpuesta por el presupuesto 2023 aprobado por el congreso local suspende la entrega de los recursos del fondo municipalista y deja en el aire el tema hasta que la SCJN entre al fondo del asunto. Mientras eso ocurre las obras que los diputados anunciaron se van a detener.

Para entender de qué estamos hablado hay que recordar que el bloque opositor del congreso estatal, comandado por Francisco Sánchez Zavala y Agustín Alonso, modificaron el paquete económico 2023 presentado por el ejecutivo estatal y redireccionaron recursos a los municipios. En el debate mediático lo que más destacó fue la anulación de la cláusula de libre transferencia, pero el meollo del movimiento no estuvo ahí, sino en el fondo municipalista, a donde los legisladores locales canalizaron más de 500 millones de pesos. Veamos:

En un acto fuera de lugar los representantes populares decidieron que serían ellos quienes de manera directa mandarían dinero a los municipios para obra pública; la idea de este fondo no es nueva, la presentó Eliacib Polanco desde el primer año de la legislatura y lo hizo a sugerencia de los hermanos Yáñez, quienes habían hecho algo similar en la legislatura graquista. La forma legal y financiera del fondo corrió a cargo de Jorge Michel Luna.

Mediáticamente los diputados pusieron el tema de las transferencias del ejecutivo como el centro del debate, aludiendo que en un acto de congruencia y honestidad le habían quitado al gobernador la facultad de mandar dinero a donde él quisiera. Lo que no dijeron es que la cláusula de transferencia en cuestión no es un cheque en blanco, ni aplica en lo que el mandatario quiera; la ley establece claramente en qué casos y bajo qué esquemas se puede mover dinero de un lugar a otro y casi siempre se trata de situaciones de contingencia.

Mientras en lo público se discutía ese tema, en lo privado los diputados se regocijaban por el nacimiento de un fondo municipalista que algunos comenzaron a llamar “fondo de campaña”, porque desde ahí se allegarían muchos millones de pesos que, afirmaban, se utilizarían en el proceso electoral.

La mediocridad y avaricia del congreso jugó en contra de ellos mismos, porque el flamante fondo para obras municipales no se distribuyó de manera equitativa, sino al libre albedrío de los diputados que controlan la cámara; de esa forma el 70 por ciento de los más de 500 millones de pesos se destinaron a tres municipios: Cuautla, gobernada por el PAN, Yautepec, manejada por el padre del diputado Agustín Alonso y Yecapixtla, administrada por el hermano del diputado Francisco Sánchez Zavala. El restante 30 por ciento se repartió entre algunos más, porque a otros municipios, como Cuautla que fue vetado por la diputada Paola Cruz, no les dieron un solo peso.

Luego está la forma como se manejaría el dinero: los recursos que entregaría el congreso a los municipios para obra pública estaban etiquetados a partir de proyectos concretos; el dinero se depositaría mensualmente a través del ejecutivo estatal y la responsabilidad de la obra sería de los alcaldes y sus titulares de obra; los diputados recomendarían a las empresas, pero no firmarían nada y por tanto no asumirían ninguna responsabilidad. Aquí comienza el problema.

Dicho por algunos presidentes municipales, la condición que los diputados les pusieron para la autorización de recursos del fondo dependía que las empresas constructoras fueran designadas por ellos, por obvias y económicas razones. A los ediles les correspondería avalar legalmente los proyectos, su ejecución y sus pagos, lo cual implica un enorme riesgo jurídico para las autoridades municipales, porque con su rúbrica quedan sujetos a lo que establece la ley de obras.

Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concedido una suspensión temporal sobre los recursos del fondo de obras municipales aprobado por la cámara de diputados, lo que procede es la inmediata detención de los recursos de este rubro a los municipios, hasta que la SCJN se pronuncie sobre el fondo del asunto. Todas las obras anunciadas por los diputados, incluidas las que iban a iniciar y las que ya iniciaron, quedan a expensas de lo que resuelvan los ministros y ello conlleva un enorme riesgo para las empresas constructoras, porque en una de esas se quedan sin contratos y sin pagos.

Hay que revisar lo que establece la Ley de Obras Pública del Estado de Morelos para entender el alcance de la suspensión; el tiempo es un factor muy importante en la ejecución y costo de las obras y el resolutivo de la SCJN pone un freno al flujo de efectivo de los proyectos etiquetados en este fondo. Item más: transferir o mezclar fondos de otro rubro a estas, como lo declaró hace unos días el alcalde de Cuernavaca, podría ser un delito si no se hace de manera correcta y se tiene la suficiencia presupuestal.

Y lo que no es oficial: los más de 500 millones de pesos del fondo de obra municipal representa muchos (pero muchos) millones de pesos de comisión para quienes sugieren las empresas que llevan las obras, algunas de ellas propiedad de los propios diputados o sus familias. Ahora que el flujo de efectivo se ha detenido y ante la indefinición en la que se quedan los proyectos ¿Cómo van a reaccionar los constructores? Item más: ¿Qué sucede si a la vuelta del tiempo la corte ratifica la ilegalidad del fondo? Recordemos que el voto a favor de la suspensión fue unánime.

El fallo de los magistrados sobre este tema es interesante por todas sus implicaciones; por supuesto se trata de una suspensión temporal, pero la sola suspensión de los pagos golpeará muy fuerte a las empresas y dejará muy mal paradas a las autoridades municipales. Eso, sin descontar, las responsabilidades que desde ahora han adquirido los alcaldes y sus secretarios de obra en función de la ley estatal de obra.

Quién revise la ley va a entender el tamaño del problema en que se metieron.

·         posdata

Poco a poco, casi a empujones, la fiscalía estatal anticorrupción ha ido avanzando en los procesos contra exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez; hace unos días un juez concedió la vinculación a proceso por el delito de peculado agravado en contra del exsecretario de hacienda en el periodo de Graco Ramírez, lo mismo que para quien fuera su tesorero, el exsubsecretario de programación y tres directores más. El motivo: pagaron más de 30 millones de pesos por concepto de capacitación a una empresa que nunca prestó dicho servicio.

Los imputados son Jorge Michel Luna, Armando Sanders, Carlos, Gerardo y Salvador “N”, todos fueron vinculados a proceso y se dictó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación; los recursos desviados por los exfuncionarios estaban destinados para ayudas sociales.

Jorge Michel Luna, actual asesor de los diputados del G15 en el congreso de Morelos y autor material del presupuesto 2023 que impuso el congreso al ejecutivo enfrenta otras tres investigaciones por el delito de peculado, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público, porque durante su encargo autorizó la distracción de recursos de distintas partidas presupuestales para comprar papelería a empresas fantasma.

Entre las denuncias que existen en contra del exfuncionario de Graco Ramírez está una que lo señala por haber firmado cheques y documentos oficiales cuando ya había dejado el cargo de secretario de hacienda, situación por la cual podría haber incurrido en los delitos de falsificación de documentos, uso indebido de facultades y atribuciones o fraude.

La de peculado es solo una de las varias denuncias que existen en contra de Jorge Michel Luna y Armando Sanders; a ellos y a los otros exfuncionarios imputados se les señala por haber realizado pagos inflados de productos, como una caja de clips de cien piezas que en el mercado se vente en 90 pesos y que el gobierno de Morelos habría adquirido por tres mil pesos.

La Fiscalía Anticorrupción también denunció a la empresa “Policomercial D´Prestegui S. de R.L. de C.V.  a quien el propio ex secretario de Hacienda le realizó 83 liberaciones de recursos públicos de la partida 4154, distinta a dedicada a materiales y suministros. Los cheques autorizados por Jorge Michel Luna fueron de 300 mil pesos promedio y en la investigación se observa que en septiembre de 2017 liberaron hasta nueve cheques en un solo día.

La FECC presume la existencia de una red de complicidades en la Secretaría de Hacienda del gobierno de Graco Ramírez, porque de noviembre de 2017 a marzo de 2018, Jorge Michel Luna suscribió 229 solicitudes de liberación de recursos y en ese periodo sus colaboradores pagaron 188 facturas que en suma generaron un detrimento patrimonial por 81.4 millones de pesos al estado de Morelos.

El exsecretario de hacienda estatal es un funcionario con muchos años de experiencia en el servicio público, conocedor del área que estuvo a su cargo, pero a la vista de lo ocurrido en su oficina, también fue autor o cómplice de actos ilegales y de corrupción.

La expertis de Michel Luna y los intereses que comparte con los diputados locales de oposición se mezclaron en la construcción de un presupuesto incómodo para el ejecutivo estatal, no solo porque limita la libre transferencia, sino por los cajones financieros que crearon, que representan una invasión de funciones y una intromisión en la competencia de un poder ajeno. Eso sin dejar de lado, por supuesto, la creación de un millonario fondo municipalista que permitiría a los diputados obtener recursos económicos más allá de su salario.

La vinculación a proceso de Jorge Michel Luna y algunos de sus excolaboradores coincide con la suspensión que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgaron al gobierno estatal por el presupuesto 2023. Ambos son puntos en contra del asesor hacendario de la 55 legislatura.

El exsecretario de Hacienda se encuentra en un momento incómodo y peligroso: se le cayó el fondo municipalista y lo están llamando a cuentas por actos de corrupción; en el primer punto la última palabra la tiene la corte, en el segundo su futuro está en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos y esa, sabemos, obedece a los diputados de Graco.

·         nota

El abogado José Luis Urióstegui, presidente municipal de Cuernavaca, reaccionó de inmediato a la suspensión de la Corte en el sentido de que, a pesar de que se suspenderán las ministraciones del fodo de obra municipal por mandato judicial “las terminaremos con recursos propios”.

Somos resposables con la ciudadanía y no dejaremos obras inconclusas, dijo el edil capitalino. ¿Se pueden mezclar recursos? Recordemos que por errores legales el alcalde y su administración tienen un grave (muy grave) problema en el tema del alcoholímetro y en el pago a Pasa. Eso y los entuertos legales que les dejó el exsecretario de obras.

·         post it

Vaya semana para el congreso: se les cae el fondo municipal y no podrán sacar su reforma electoral para elevar el número de diputados.

Karma, le llaman.

·         redes sociales

El siguiente negocio de los diputados: la designación de magistrados.

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