Serpientes y escaleras - Desintegración

Los tres poderes del estado están en crisis. Y varias instituciones también

Desintegración

Morelos enfrenta un severo problema político, jurídico y de gobernabilidad; lo que estamos viendo es inédito en forma y fondo, se trata de una descomposición mayúscula en los tres poderes del estado y en varias instituciones de la vida pública, empezando por la fiscalía estatal. La detención de Uriel Carmona hace una semana es un hecho que llamó la atención del país, que ha propiciado un enorme debate por su trascendencia, pero no es el único problema que se vive en la entidad. Lo que tenemos enfrente es una acelerada desintegración del estado.

El duelo entre poderes se convirtió desde hace tiempo en un enfrentamiento dentro de los propios poderes; el primero en hacer crisis fue el poder legislativo, donde la división entre representantes populares ha llegado a niveles de enfrentamiento personal, descalificaciones mutuas y ataque permanente. La legislatura 55 se ha convertido en la peor de la historia, se trata de un congreso acusado de corrupción, de tener vínculos con la delincuencia organizada e ineficiente. Los primeros en utilizar estos adjetivos son los propios diputados.

Los conflictos en ese poder comenzaron casi desde el principio, incluyen hechos sumamente graves como el asesinato de una de sus integrantes y la ejecución del hermano de otra diputada. Se trata de situaciones terribles que, empero, no han ameritado ninguna reacción contundente de parte de los diputados a pesar de que la investigación corre a cargo de una fiscalía que responde a sus intereses. Digámoslo como es: después de los crímenes cometidos, los legisladores locales alzaron la voz un día y luego se olvidaron del tema.

Pero además de los escándalos y conflictos internos, la legislatura local se volvió un ente de operación política que decidió luchar frontalmente contra el gobernador utilizando todos los elementos a su alcance, incluyendo las fiscalías y la comisión de derechos humanos; desde hace más de un año el parlamento le declaró la guerra al ejecutivo y para atacarlo no tuvo empacho en afectar a ciudadanos e instituciones. Siguiendo la lógica de Graco Ramírez, quien se ha convertido en el gurú político del G15, los diputados avanzan en una línea de ataque que a al mismo tiempo les reditúa enormes beneficios económicos personales. No es casual que la de Morelos sea la legislatura más cara e ineficiente de México, en donde cada uno de sus integrantes percibe mensualmente más de 2.5 millones de pesos y goza de beneficios adicionales como escoltas armados pagados por la fiscalía estatal.

Luego está el poder ejecutivo, en donde los problemas no han dejado de aparecer desde el primer año y se originaron por la inexperiencia o los errores de los integrantes del gabinete. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco definió al principio una estrategia política que aislaba al jefe del ejecutivo, para que todo se manejara y atendiera a través de la jefatura de la gubernatura que en ese momento conducía José Manuel Sanz.

La incomunicación política de Blanco Bravo, definida por el equipo de asesores del gobernador (y aceptada por él) dio paso a muchos problemas de gobernabilidad, porque por un lado el jefe del ejecutivo no hablaba con casi nadie y por otro sus operadores, José Manuel Sanz, Hugo Eric Flores y Pablo Ojeda, además de desconocer a los actores del estado, no les interesaba interactuar con nadie, ni les preocupaba que los problemas crecieran.

La descomposición política del congreso tiene origen en el ejecutivo, con la falta de diálogo del gobernador y la ineficiente operación política de los funcionarios estatales; luego apareció un factor extra, el hermano del gobernador, quien además de acumular un enorme poder dividió al gabinete y emprendió una lucha personal con quienes estaban a cargo del manejo del estado. Todo lo demás es historia: los problemas en el ejecutivo no derivan de la herencia de otras administraciones, sino a la incapacidad de los funcionarios actuales para gobernar con todos y para todos.

El tercer poder que entró en crisis es el judicial; los problemas en los tribunales son añejos, se agudizaron en la etapa de Carmen Cuevas, continuaron con Rubén Jasso y han llegado a un punto de ebullición con Jorge Gamboa. Lo que vimos el lunes pasado durante la sesión del pleno, cuando el presidente y otros tres magistrados abandonaron la sesión para evitar que se votara su destitución, expone la descomposición en los tribunales.

Aunque existen elementos políticos añadidos a esta historia, lo de fondo es un conflicto muy severo al interior de poderes que deja al presidente Gamboa sin capacidad de conducir al poder judicial, porque la mayoría de sus integrantes están en su contra; varias agrupaciones de abogados han alzado la voz reclamando las omisiones en las que ha incurrido y ello se agrava con su incapacidad para contener las críticas y comunicar sus acciones.

El miércoles pasado el magistrado presidente tramitó y obtuvo una suspensión provisional para evitar su destitución del cargo de parte del segundo juzgado de distrito al que pertenece la juez Ana Columba, quien sería pareja del magistrado Jaime Castera (parte del grupo de Gamboa) y quien por dicha razón debió excusarse del tema. Más que atemperar las cosas, el amparo avivó el encono y puso ahora al poder judicial federal en la mira.

Last but not least está la situación que prevalece en la fiscalía, derivado de la detención de su titular. Lo ocurrido a Uriel Carmona es Inédito, representó una enorme muestra de fuerza del gobierno federal y significa también un claro mensaje político para los morelenses y para otros los fiscales incómodos que hay en el país. El proceso que la fiscalía capitalina lleva contra Carmona Gándara está sujeto a mucho debate, provoca polémica respecto a la legalidad de los hechos y divide opiniones porque la fuerza del estado y la persecución del delito no aplica a todos por igual.

El congreso local y la comisión de derechos humanos ya le entraron al tema, el primero a través de una controversia que representa la última carta de los diputados para sostener en el cargo a Uriel Carmona y el segundo avivando la polémica sobre una supuesta violación al estado de derecho. La detención del titular de la FGE, además, es un problema mayor para muchos actores de la clase política local, porque en las filtraciones sobre las carpetas de investigación aparecen otras historias y los nombres de diversos actores de la vida pública estatal en situaciones que pueden constituir un delito.

Lo que sucede hoy en Morelos es inédito, la crisis es generada y la descomposición política está en los tres poderes y en varias instituciones.

Y el proceso electoral aún no comienza.

• posdata

La crisis del poder judicial no se resuelve con el amparo que concedió una juez federal al magistrado Uriel Carmona, por el contrario, la relación sentimental de la juzgadora con un integrante del poder judicial morelense da pie a especulaciones y eventuales acciones legales, porque debió excusarse del asunto.

Los problemas que enfrenta Jorge Gamboa Olea no están solo en el terreno de lo legal, escalaron a lo político y a lo social por su incapacidad de comunicar, su reacción tardía y el vacío que dejó ante los múltiples ataques de que fue objeto. Como otros actores de poder locales, léanse los diputados, el magistrado presidente se movió bajo la lógica de que “la gente distinguiría la realidad y valoraría el esfuerzo personal”, situación que por enésima ocasión no ha ocurrido, porque la narrativa es opuesta y por tanto la percepción pública se volvió antagónica.

Reitero: con el amparo concedido el presidente del TSJ podrá maniobrar momentáneamente, pero requerirá de un enorme esfuerzo y una gran ayuda para calmar a quienes justificadamente piden su destitución y cuentan con los votos y elementos legales para removerlo del cargo.

Lo dicho: los tres poderes del estado están en crisis.

·         nota

El portal sinembargo dio a conocer algunos estractos de las carpetas de investigación que existen contra el fiscal de Morelos; esto es parte de lo publicado:

La aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo estuvo bajo vigilancia del grupo criminal que presuntamente encabezó desde la Fiscalía de Morelos, Uriel Carmona Gándara, detenido por elementos federales por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia, revelan documentos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a los que tuvo acceso SinEmbargo.

A finales de marzo y principios de abril pasado, Claudia Sheinbaum visitó el estado de Morelos ante lo cual el Fiscal Uriel Carmona Gándara ordenó a Teodoro Ernesto Lavín Sodi, un empresario acusado de pertenecer a grupos criminales y quien está bajo investigación judicial, a andar “tras la gente de Sheinbaum”.

En las mismas conversaciones a las que tuvo acceso este medio se exhibe cómo Uriel Carmona acordó el 6 de noviembre de 2022 con Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, y el Alcalde panista de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, la manipulación del caso de Ariadna.

“Esa va a ser la mejor versión que se va a manejar Lic. No hay de otra se ahogó por borracha”, le escribe, por ejemplo, Urióstegui Salgado. “Pues a ver cómo salgo y digo esa pendejada, van a querer mi cabeza”, respondió el Fiscal.

Una misma plática sostiene con Raúl Israel Hernández Cruz, quien le dice: “Buenas noches, me dicen que salieron las pruebas del caso Ariadna. Se modificaron para que pareciera ser intoxicación etílica y ahogamiento”. A lo que responde el Fiscal: “No creo que sea suficiente, pero es lo que tenemos”.

Diputados locales, empresarios, el ombudsman y algunos alcaldes como el de Cuernavaca y Cuautla salieron raspados.

·         post it

José Luis Urióstegui quedó envuelto en la polémica que deriva de los chats estraídos del teléfono del fiscal Uriel Carmona; los comentarios que habría escrito el edil sobre el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda son absolutamente incorrectos y muy desafortunados, sobre todo para un profesional del derecho que, además, es padre de dos jovenes.

Un asunto más grave que puede salpicar al alcalde de Cuernavaca está en los chats del regidor Fernando Carrillo referente a la muerte de su pareja sentimental, por las sospechas que existen hacia él, aunque la fiscalía oficialmente declaró que la causa de muerte fue un suicidio. Dichas conversaciones también están en las carpetas de investigación.

Esto es parte de lo divulgado:

Fiscal: “Qué le dijo el pinche regidor ayer”

Raúl Leal Montes: “Nada nuevo, que luego se pone a mano”

Fiscal: “A ver si es cierto”

Raúl Leal Montes: “Yo creo que sí, no se va a arriesgar a nada”

Fiscal: “Ahorita seguimos platicando, voy a ver unas cosas”

La historia es sumamente delicada. La próxima semana la abordaré con más amplitud.

·         redes sociales

La parte más difícil de los gobiernos salientes apenas viene.

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