Promueve UAEM la protección y respeto a derechos de migrantes
Redacción
Ana Esther Escalante Ferrer, profesora investigadora del Centro de Investigación Insterdisciplinario para el Desarrollo Universitario (Ciidu) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), señaló que entre un 20 y 25 por ciento de quienes están migrando, son menores de edad que viajan solos buscando otro lugar donde vivir.
Entrevistada hoy en Radio UAEM, habló sobre la línea de investigación Derechos Sociales de los Migrantes, “tema que es muy añejo, sin embargo, en los últimos años se ha recrudecido y ha sido más visible a través de las caravanas migrantes que iniciaron en 2018, entonces es un asunto más complicado, porque la ley de migración establece que deben de ser devueltos a sus países de origen”, dijo.
En el trabajo de investigación que desarrolla, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), participan los investigadores de la UAEM, Gabriela Mendizábal Bermúdez y Juan Manuel Ortega Maldonado, así como un grupo de la Universidad de Baja California y de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Ana Esther Escalante es investigadora Nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, y la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del estado de Morelos.
La investigadora expuso que algunos resultados de la investigación revelan que cuando los migrantes se establecen en alguna zona empiezan a ser invisibles, ya sea porque no declaran su estancia o no se sabe si son mexicanos.
“Los derechos en los que se centra esta investigación son los que tienen como refugiados, el derecho al trabajo, educación, salud y vivienda. La idea de este trabajo es desarrollar un proyecto integral para mejorar las condiciones de los migrantes, tanto en su tránsito por el país como cuando por alguna razón se establezcan en esta zona con el carácter de refugiados”, dijo.
Escalante Ferrer expuso que la propuesta es generar que el propio migrante sea capaz de solicitar ante los organismos internacionales o nacionales que atiendan sus demandas y para ello se busca darle las herramientas para que promuevan que se respeten sus derechos humanos y sociales.
“Las metas del proyecto plantean preparar un documento final que permita garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, conocer sus necesidades y una propuesta legislativa para protegerlos de forma jurídica, además de impulsar la figura de una protección social participativa, donde el migrante sea sujeto de derechos sociales, aunque esté en tránsito”, expresó.
