Por el suicidio de una interna en Morelos, la CNDH emite Recomendación

A partir del 14 de agosto del 2020, la opinión pública de Morelos y el país comenzó a enterarse del suicidio en esa fecha de una interna en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) 16, en Coatlan del Río. A raíz de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició entonces la queja CNDH/3/2020/6542/Q.

Tras un año y siete meses de los hechos, este jueves la Comisión dio a conocer que emitió la recomendación 54/2022, por el caso de la víctima a quien sólo se refiere como "V", por la discriminación de la que ella fue objeto "en el acceso al más alto nivel posible de salud física y mental, tortura por discriminación e investigación ministerial sin perspectiva de género".

La Recomendación va dirigida al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS, que se ubica dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad, federal), José Ángel Ávila Pérez. También, se dirige al titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por la deficiente investigación de los hechos.

El ombudsman nacional concluyó que las autoridades penitenciarias omitieron brindar atención adecuada y vigilancia a la víctima, quien padecía discapacidad psicosocial; mientras que la Fiscalía de Morelos no investigó adecuadamente el caso.

"Luego de su ingreso al penal federal, la víctima fue diagnosticada con trastorno de ansiedad, depresión mayor, huellas en antebrazo y cuello de autoagresión, sin que las autoridades del lugar tuvieran medidas para atender su condición adecuadamente y tampoco implementaron ajustes para facilitar la comunicación con sus familiares, quienes residían en Chihuahua, lo que impactó negativamente su estado de salud y provocó que, en mayo de ese año, atentara contra su integridad física", se lee en la Recomendación.

E igualmente refiere:
"Posterior a ese hecho, se le ubicó sola con tratamiento psiquiátrico en una estancia sin analizar el impacto de tal determinación y sin supervisión permanente, omisiones que finalmente provocaron que el 14 de agosto de 2020 se quitara la vida, lo que es considerado un contexto de discriminación que le provocaron sufrimiento, por lo que se consideran actos de tortura".

En tanto, se señala que la FGE de Morelos incurrió en diversas irregularidades "como la omisión de investigar los hechos con perspectiva de género; entregar el cuerpo de la persona fallecida en estado de descomposición por el mal funcionamiento del equipo de refrigeración; así como no desarrollar acciones para descartar posibles actos de maltrato físico y psicológico".

La CNDH solicita reparar el daño causado a familiares de la interna en el Cefereso femenil 16.

También indica que el OADPRS deberá identificar a las personas privadas de la libertad en el centro de reclusión en Coatlán del Río "con discapacidad psicosocial e implementar un programa para atención; facilitar la comunicación entre personas recluidas y sus familiares; además de colaborar con la queja y la denuncia para deslindar responsabilidades se presenten ante las autoridades correspondientes".

En lo que respecta al fiscal general de Morelos, deberá "designar a un funcionario de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación, así como actualizar el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género".