PAN se pronuncia contra Ley Chatarra
Porque no prevé una ¨sana alimentación¨ para los menores: Dalila Morales
Juan Lagunas
Dalila Morales Sandoval, diputada del Partido Acción Nacional, se pronunció en contra de la “Ley Chatarra”, que no garantiza una “sana alimentación” de los menores.
La norma, que recién fue aprobada en Oaxaca, “no va acompañada de leyes (…) y programas para impulsar una cultura nutricional en la familia, basada en los buenos hábitos alimenticios”.
De igual forma, la congresista adujo que sí está a favor (en conjunto con la Coordinación Nacional de diputados locales del PAN) de la salud y “sana” alimentación de los niños de Morelos… “sin afectar al sector empresarial y la economía local”.
La parlamentaria mencionó que esa ley “debe ser integral, donde impulse una cultura de la alimentación sana, políticas que garanticen la salud de los niños…” y no donde sólo establezcan la “prohibición de vender, donar, regalar alimentos, golosinas y bebidas de alto valor calórico, en virtud de que no constituye una solución para frenar enfermedades como la diabetes infantil y obesidad”.
Además, “prohibir, sancionar y criminalizar la venta de productos altamente calóricos, sólo fomentará mercado negro y corrupción contra propietarios de establecimientos que venden este tipo de mercancía”.
La representante de esa fracción parlamentaria recordó que el pasado octubre se aprobó la Reforma de la Ley General de Salud en materia de etiquetados, por lo que los padres de familia podrán conocer si la mercancía que compran provoca algún daño a la salud sus hijos.
Morales Sandoval reiteró el compromiso de su instituto político con los infantes y, en conjunto con los asambleístas locales del PAN del país, lamentó que en aquella entidad federativa se aprueben leyes que “afectarán a miles de pequeños empresarios que viven de la venta de sus productos, pues la prohibición de los alimentos altamente calóricos en momentos de una crisis por el covid-19 sólo provocará mayores afectaciones económicas cuando se requiere activar la economía local”.
Con base en información que es del dominio de la opinión pública, esa norma establece una prohibición del comercio de alimentos a niños. Duró un año en discusión en el recinto respectivo, hasta que, recientemente, se dio el consenso.
