Observador político - Urge, que se vayan los 22 magistrados por el daño provocado a Morelos

En un escenario donde la justicia debería ser sinónimo de imparcialidad y transparencia, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos han demostrado que en su reino, la ambición política y económica no tienen límites; por tanto, a pesar de las diferencias irreconciliables entre ellos, en septiembre de 2024, estos magistrados lograron, como por arte de magia, ponerse de acuerdo en un acto de descarada codicia y aprobarse el haber de retiro del 70% de su salario actual. Lo hicieron sin el consentimiento del Congreso de Morelos, burlando las leyes y dejando claro que, en su mundo, no hay espacio para la ética ni para las necesidades de la ciudadanía.

IMPUNIDAD JUDICIAL: EL CÁNCER DE MORELOS.- Es urgente que esta aberración sea corregida, en la que quieren mil 700 millones de pesos para la liquidación de 60 jueces y 22 magistrados, por lo tanto, no solo el abuso de poder que implica, sino por el daño económico y social que está causando a los morelenses. En un estado donde la crisis económica se siente a cada paso, donde las instituciones públicas luchan por sobrevivir con presupuestos limitados, los magistrados se han dado el lujo de enriquecerse aún más, sin que nadie los detenga.

Lo más indignante es que esta aprobación se llevó a cabo sin la intervención del Congreso, lo que genera una situación en la que el Ejecutivo, como último recurso, se ve obligado a presentar una controversia constitucional para frenar semejante atropello.

Es alarmante que, a pesar de las múltiples señales de corrupción que rodean a los 22 magistrados, muchos de los cuales llegaron al poder judicial a través de acuerdos oscuros que implican pagos millonarios por sus puestos, se sigan manejando como si la impunidad fuera su escudo protector; y es que, algunos de estos personajes fueron señalados por haber adquirido sus cargos tras desembolsar hasta cinco millones de pesos a los diputados de la Legislatura LV, una cifra que revela la podredumbre de un sistema judicial más preocupado por el dinero que por impartir justicia de manera objetiva y efectiva.

Lo peor de todo es que este entramado de corrupción ha llevado a Morelos a una situación insostenible en el ámbito de la justicia, con dos presidentes autoproclamados del Poder Judicial, Luis Jorge Gamboa Olea y Juan Gabriel Vargas Téllez, el estado se encuentra atrapado en una guerra interna que no solo afecta a las instituciones, sino que agrava el rezago en la impartición de justicia. Morelos se encuentra, lamentablemente, en los últimos lugares en cuanto a eficiencia y efectividad judicial.

En lugar de ser un ejemplo de rectitud y de transparencia, el Poder Judicial se ha convertido en una burla para los morelenses, quienes no tienen más que ver con impotencia cómo se dilapidan los recursos destinados a la justicia, mientras la impunidad sigue reinando.

QUE SE VAYAN TODOS.- Es imperativo que los diputados locales actúen de manera contundente puesto que no solo deben armonizar la Ley del Poder Judicial federal, sino también destituir a estos magistrados sin excepción y en su lugar, debe prevalecer la ley, y no la avaricia. Aquellos que han permanecido menos de un año en sus cargos deben ser tratados conforme a la ley, y no recibir las millonarias cantidades que han aprobado para sí mismos. Morelos necesita justicia de verdad, no justicia que se compra, se vende y se ajusta a los intereses de quienes están en el poder.

El daño que estos magistrados están causando a la sociedad morelense es irreparable, y la falta de acción por parte de los otros poderes del estado solo demuestra la complicidad que se vive en todos los niveles de gobierno; es necesario que el Ejecutivo y el Legislativo se decidan a tomar una postura firme ante esta crisis institucional y, finalmente, se pongan del lado de los morelenses que exigen justicia y no espectáculo.

LA AVARICIA QUE DESANGRA A MORELOS.- En Morelos, el sistema de justicia atraviesa una nueva crisis, esta vez de índole económica y moral, en la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado un golpe demoledor a las finanzas públicas y a la confianza ciudadana. En una jugada que pareció más un acto de impunidad que de justicia, los magistrados del TSJ el año pasado se aprobaron, sin considerar los intereses de la población, un haber de retiro multimillonario que implica un desembolso cercano a los mil 700 millones de pesos para indemnizar a 60 jueces y 22 magistrados, la mayoría con menos de un año de antigüedad en sus cargos. Esta aprobación, sin un respaldo legislativo, pone en evidencia la distorsión del poder que ocurre en un estado donde las instituciones están secuestradas por intereses personales.

Para completar la burla, estos mismos magistrados han solicitado garantizar una pensión que represente un porcentaje de su salario actual, una medida que solo beneficia a aquellos que han sido partícipes de un sistema judicial en el que el dinero y el control político se imponen sobre la justicia que debería ser el pilar de cualquier democracia; mientras los morelenses sufren los efectos de una crisis económica que golpea duramente a las clases más vulnerables, estos servidores públicos parecen ignorar la realidad de la mayoría para darse un festín con el dinero público.

El Congreso de Morelos no permaneció indiferente ante semejante despropósito e interpuso una controversia constitucional en contra de esta aprobación, cuestionando la legalidad de una decisión que no solo vulnera la autonomía del Legislativo, sino que también refleja la opacidad con la que opera el TSJ.

Empero, la batalla no termina allí, ya que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado en su momento, no descartaba recurrir a una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), buscando frenar una medida que solo busca blindar a los magistrados con pensiones de lujo mientras la justicia en el estado sigue siendo una quimera para la población.

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