Observador político - Impunidad, crimen, política y silencio en Morelos

En Morelos, la historia se repite con una cadencia enfermiza: el poder político convive, negocia y se entrelaza con el crimen organizado, mientras las instituciones del Estado, en teoría garantes de justicia, eligen el silencio como escudo y la omisión como estrategia.

¿CÓMPLICIDAD U OMISIÓN? Desde hace una década se sabía, a través de órganos de inteligencia del gobierno federal y estatal identificaron al menos a siete diputados locales con presuntos vínculos con líderes de células criminales. Entre ellos, Alfonso Miranda Gallegos, exlegislador y expresidente municipal de Amacuzac, hoy preso en un penal de Durango por acusaciones que van desde secuestro hasta homicidio. Su caso no solo retrata la corrupción de las élites políticas locales, sino también el descaro con el que el poder se ejerce: en 2018, incluso desde la cárcel, Miranda Gallegos se dio el lujo de encabezar el Grito de Independencia. Como si nada. Como si estuviera libre. Como si la justicia fuera una broma.

Y tal vez lo es, pero a pesar de que al menos una docena de ediles fueron señalados en ese mismo periodo por vínculos similares, solo uno terminó tras las rejas: el resto concluyó su mandato, muchos con beneficios, sin mayor sobresalto. Nadie investigó a fondo, nadie rindió cuentas. La Fiscalía General de la República, que debería ser un muro contra la impunidad, se volvió un muro de silencio.

Esta no es una historia local ni un caso aislado, no, es el reflejo de una lógica nacional donde los intereses del poder político se subordinan o se funden con los del crimen organizado, se puede decir que es el precio de un sistema donde la legalidad se aplica según conveniencias y donde el pueblo -ese que vive la violencia, el miedo y la injusticia en carne propia- es sistemáticamente traicionado por quienes dicen representarlo.

URGENTE, CORTAR DE RAÍZ LOS VÍNCULOS.- No hay transformación posible si no se corta de raíz la connivencia entre criminales y funcionarios, es decir, no puede haber justicia mientras los poderosos compran impunidad y los pueblos pagan con sangre.

Morelos es apenas un síntoma de una enfermedad que carcome al Estado mexicano desde sus entrañas. Pero si no se actúa, si no se exige justicia, memoria y verdad, pronto será también nuestro destino.

Otros casos, se dieron durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco quien también se vio involucrado no solo el propio exgobernador sino su gabinete, otros alcaldes, diputados y hasta jueces según los informes de inteligencia militar que en esa fechas trascendieron por sus posibles nexos con el crimen organizado en octubre del 2022.

Como se recordará, los documentos de la Sedena extraídos por el colectivo de hacktivistas “Guacamaya” revelaron que el crimen organizado se ha extendido en el estado de Morelos durante el mandato de Cuauhtémoc Blanco; y fue el mismísimo José Manuel Sanz Rivera, ex Jefe de la Oficina de la Gubernatura, quien fue vinculado con grupos delictivos de Los Rojos y/o Gente Nueva y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde aquél entonces, también se mencionó el nombre de Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien era con Cuauhtémoc Blanco, el Secretario de Desarrollo Social al igual que el ex Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara. 

Asimismo, en su momento, en aquella época, entre los informes se destacó que al menos una docena de jueces habían liberado criminales judicializados por delitos de alto impacto, entre ellos a 46 secuestradores. 

MORELOS, HERIDA ABIERTA.- Los gobiernos pasan, los discursos se reciclan y la violencia se normaliza, y la justicia no solo llega tarde: simplemente no llega. Y si algo queda claro después de una década de escándalos, filtraciones, informes y denuncias, es que la impunidad no es la excepción: es la norma. Es el pacto silencioso que sostiene al poder político en su forma más cínica.

Más reciente aún, un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incluyó en la "lista negra" a 17 alcaldes que concluyeron su mandato en 2021. Todos con presuntos vínculos con cárteles, especialmente “Los Rojos”. Municipios como Cuautla, Yecapixtla, Jiutepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Mazatepec o Xoxocotla son señalados como territorios donde el narcopoder no solo negoció con las autoridades: las financió, las colocó, las infiltró. Pero el resultado fue el mismo: ninguna acción concreta. Silencio institucional. Complicidad.

LO MÁS RECIENTE.- Y como si no bastara, la hipótesis de la alianza entre políticos y el crimen sigue vigente. Casos como el de los alcaldes Jesús Corona Damián (Cuautla) y Agustín Toledano Amaro (Atlatlahucan) son ejemplo de cómo la política local se ha convertido en un apéndice del narco. Ambos fueron relacionados con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, supuesto líder del Cártel de Sinaloa en la zona oriente. La Fiscalía abrió investigaciones. Omar García Harfuch confirmó los hechos. ¿Y luego? Nada. Silencio. Otra vez la congeladora.

Aquí no se trata de casos aislados. Se trata de un patrón de colusión entre el poder político, los grupos criminales y la omisión —cuando no la complicidad directa— de instituciones federales como la FGR. Mientras tanto, los pueblos siguen atrapados entre la violencia, la pobreza y la corrupción. Es el pueblo trabajador, las comunidades campesinas y los jóvenes sin futuro quienes pagan con sangre lo que otros pactan con dinero.

No puede haber justicia social sin justicia penal y mucho menos puede haber transformación sin ruptura real con las redes de poder mafioso que controlan territorios enteros del país, es decir, no puede haber paz mientras la impunidad sea el lenguaje oficial del Estado.

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