Observador político-El regreso de Paco Moreno
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
Gerardo Suarez Dorantes 
Durante los tres años que fungió como integrante de la 53 legislatura por el PRD, Hortencia Figueroa Peralta, se destacó por todo menos por su honestidad ni por la transparencia en el multimillonario presupuesto público que manejó. Durante ese tiempo, la envolvió la soberbia y ambición, al igual que la desfachatez y cinismo con la que actuó durante su estancia en el Congreso local. Cometió excesos y abusos al amparo del poder y nunca lo aceptó. Hoy, escupe al cielo y decide denunciar a sus sucesores –que son igual o peor que ella-, con argumentos de que violentan la Ley.
LA HISTORIA LEGISLATIVA.- En la 53 legislatura si alguien sufrió el acoso laboral, las presiones, amenazas y actos de corrupción fueron los trabajadores, cientos, quienes fueron despedidos sin ton ni son por los diputados que al parecer se robaron el dinero y al final, el método más efectivo para justificar fue la renuncia de al menos 500 empleados en diciembre del 2016 y otro tanto igual en el mismo mes pero del siguiente año. A estas mil personas que tenían ya más de una década laborando en el Congreso, se les dejó de pagar durante tres meses, de septiembre a noviembre y en diciembre, les entregaban su cheque por 90 días y les agregaban diciembre más. Sin embargo, después de que literalmente los asfixiaban financieramente, les ofrecían cuatro meses –de los tres que les debían- para que se fueran con el compromiso de recontratarlas para enero del año entrante. La situación fue caótica, desastrosa para los alrededor de mil empleados porque a la mayoría los engañaron los dizque representante populares de ese entonces y a los pocos que les cumplieron, fue mediante el sistema outsourcing, que no es otra cosa que una subcontratación, con la finalidad de no otorgarles ninguna prestación como la seguridad social, vacaciones, aguinaldo, prestaciones, etc.
Pero esta acciones se debió al desfalco que cometieron los diputados de la 53 legislatura y que incluso, fue públicamente denunciada por uno de sus integrantes, Javier Estrada González, del Verde Ecologista, y quien acusó directamente a Paco Moreno Merino de haberse “robado” al menos 150 millones de pesos, y por tanto, trataron de ocultar ese boquete financiero despidiendo personal y no entregándole el recurso que por ley les correspondía. Salieron finos los angelitos.
Dice un viejo refrán que “el que da y reparte se queda con la mayor parte”, tal como sucedió en el Legislativo donde sus inquilinos a unas cuantas horas de dejar el cargo, sin importarle todo del daño político y social que provocaron por las aprobaciones de las deudas económicas por varias décadas que dejaron a Morelos, y de los importantes negocios por aprobar todas las iniciativas habidas y por haber, aún tuvieron el descaro de irse con los bolsillos llenos al amparo del poder que en ese momento tenían. Demostraron lo voraz y la desproporcionada ambición que siempre evidenciaron por el poder económico, aprovechando de la impunidad que priva desde hace décadas en Morelos. Otro negocio, fue la construcción de la sede legislativa que desde el inicio de su edificación estuvo plagado de irregularidades y poco les importó que jamás hayan cumplido con los requisitos de factibilidad del agua, vialidad, etc.
LA HISTORIA LEGISLATIVA.- En la 53 legislatura si alguien sufrió el acoso laboral, las presiones, amenazas y actos de corrupción fueron los trabajadores, cientos, quienes fueron despedidos sin ton ni son por los diputados que al parecer se robaron el dinero y al final, el método más efectivo para justificar fue la renuncia de al menos 500 empleados en diciembre del 2016 y otro tanto igual en el mismo mes pero del siguiente año. A estas mil personas que tenían ya más de una década laborando en el Congreso, se les dejó de pagar durante tres meses, de septiembre a noviembre y en diciembre, les entregaban su cheque por 90 días y les agregaban diciembre más. Sin embargo, después de que literalmente los asfixiaban financieramente, les ofrecían cuatro meses –de los tres que les debían- para que se fueran con el compromiso de recontratarlas para enero del año entrante. La situación fue caótica, desastrosa para los alrededor de mil empleados porque a la mayoría los engañaron los dizque representante populares de ese entonces y a los pocos que les cumplieron, fue mediante el sistema outsourcing, que no es otra cosa que una subcontratación, con la finalidad de no otorgarles ninguna prestación como la seguridad social, vacaciones, aguinaldo, prestaciones, etc.
Pero esta acciones se debió al desfalco que cometieron los diputados de la 53 legislatura y que incluso, fue públicamente denunciada por uno de sus integrantes, Javier Estrada González, del Verde Ecologista, y quien acusó directamente a Paco Moreno Merino de haberse “robado” al menos 150 millones de pesos, y por tanto, trataron de ocultar ese boquete financiero despidiendo personal y no entregándole el recurso que por ley les correspondía. Salieron finos los angelitos.
Dice un viejo refrán que “el que da y reparte se queda con la mayor parte”, tal como sucedió en el Legislativo donde sus inquilinos a unas cuantas horas de dejar el cargo, sin importarle todo del daño político y social que provocaron por las aprobaciones de las deudas económicas por varias décadas que dejaron a Morelos, y de los importantes negocios por aprobar todas las iniciativas habidas y por haber, aún tuvieron el descaro de irse con los bolsillos llenos al amparo del poder que en ese momento tenían. Demostraron lo voraz y la desproporcionada ambición que siempre evidenciaron por el poder económico, aprovechando de la impunidad que priva desde hace décadas en Morelos. Otro negocio, fue la construcción de la sede legislativa que desde el inicio de su edificación estuvo plagado de irregularidades y poco les importó que jamás hayan cumplido con los requisitos de factibilidad del agua, vialidad, etc.
DIPUTADOS SEÑALADOS.- En realidad, los 30 diputados y diputadas de la 53 legislatura fueron cómplices de varios actos que atentaron contra el pueblo de Morelos, sin embargo, unos se ensañaron aún más. Por ello, la sociedad exigía a gritos que se les investigara y castigara penalmente. Al paso del tiempo, tal parece que otra vez el manto sagrado de la impunidad los protegerá. De nada servirá que hayan sido imputados porque al final, librarán cualquier vinculación a proceso porque andarán caminando libres por las calles de Morelos o de cualquier estado del país, con recursos para poder pagar a los abogados que sean necesarios para que los representen en los casos que sean necesarios. El estado se quedó endeudado por más de 12 mil millones de pesos y por eso ahora, aunado a la falta de capacidad y preparación de las autoridades actuales, han contribuido para que Morelos se encuentre a un paso del colapso financiero.
Pero, y ¿quiénes fueron los integrantes de la 53 legislatura? Entre otros: Carlos Alfredo Alanís Romero, Alberto, Mojica Linares, Norma Alicia Popoca Sotelo, José Manuel Tablas Pimentel y Víctor M. Caballero, todos del PAN; así como Mario Chávez Ortega, Leticia, Beltrán Caballero, Alberto Martínez González, Aristeo Rodríguez Barrera y Francisco Moreno Merino, todos ellos del PRI; además de Edith Beltrán Carrillo y Francisco Santillán Arredondo, de Nueva Alianza –en alianza con el PRI-; Silvia Irra Marin, que en los tiempos de traición se pasó del Verde al PRD con Eder Rodríguez Casillas, Julio, Espín Navarrete, Hortencia, Figueroa Peralta, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Ricardo, Calvo Huerta, Javier Laffite Bretón, José Manuel, Tablas Pimentel, Javier Montes Rosales, Rodolfo Domínguez, Beatriz Vicera Alatriste –se pasó del PRI al sol azteca-; así como Edwin Brito Brito, quien hizo lo propio ya que del PT se pasó al PRD; Javier Estrada González; Jaime, Álvarez Cisneros, de Movimiento Ciudadano; Julio César Yañez Moreno, del PSD; Manuel Nava Amores –otro traidor, de MC se fue a MC-; Efraín Esau Mondragón; y Jesús Escamilla Casarrubias, del Humanista.
Y cómo olvidar la impunidad legislativa al allegarse recursos que no eran suyos y que fue y sigue siendo una práctica común entre los inquilinos del Congreso: Como olvidar los cheques y transferencias que se hicieron en su favor como sucedió con Eder Eduardo Rodríguez Casillas, personaje de tristes recuerdos que cobró seis cheques por un total de un millón 270 mil pesos.
Los ex diputados perredistas: Enrique Javier Lattiffe Betron, se llevó casi un millón de pesos. Anacleto Pedraza Flores, Beatriz Vicera Alatriste, Francisco Navarrete Conde, Edwin Brito Brito, Julio Espín Navarrete, Silvia Irra Marín, José Manuel Tablas Pimentel, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo Domínguez Alarcón, además de Hortencia Figueroa Peralta. Y es que, los recursos públicos fueron cobrados en Banorte en el que se beneficiaron 13 diputados que pertenecían al PRD, uno del PRI y otro del Verde Ecologista.
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