Observador político - El aumento a la tarifa del transporte: perversión de concesionarios

En una jugada que mezcla cinismo con avaricia, los concesionarios del transporte público han propuesto un aumento del 40% en la tarifa mínima, llevándola de 10 a 14 pesos. Este incremento, que a todas luces resulta ilógico y desmedido, no es sino una maniobra desesperada por parte de quienes se benefician del deterioro y la ineficiencia del transporte público, por lo que ahora ha redireccionado su propuesta a 12 pesos para que el gobierno y la sociedad lo acepte. Esto es algo perverso por parte de los concesionarios.

AÑO DE HIDALGO.- En el famoso “Año de Hidalgo”, no es casual que esta propuesta surja en el cierre del sexenio, un momento en el que los actores políticos suelen buscar hacer el negocio de su vida antes de abandonar sus cargos.

Por ello resulta inconcebible que, en medio de una crisis económica que afecta a la mayoría de la población—desde amas de casa y estudiantes hasta empleados y comerciantes—el gobierno opte por dialogar con los dueños de las unidades de transporte en lugar de exigirles mejoras sustanciales en el servicio. Estas unidades, muchas de ellas en estado deplorable, con conductores, muchos de ellos, que carecen de la formación necesaria para ofrecer un servicio adecuado, no merecen ni un peso más del bolsillo de los ciudadanos.

El aumento propuesto, lejos de beneficiar a los trabajadores del volante, sirve principalmente a los concesionarios, quienes en su mayoría presiden las rutas de transporte; esta medida solo profundizará la crisis económica que enfrentan las familias, ya que el incremento en el costo del transporte golpeará duramente a los usuarios, que ya luchan por llegar a fin de mes. Es claro que el verdadero beneficiario de este aumento no es el conductor ni mucho menos el usuario, sino el concesionario, cuyo único interés es maximizar sus ganancias en el último tramo de la administración.

Antes de considerar cualquier aumento en la tarifa, es imperativo que se cumpla con una serie de condiciones que aseguren que el servicio de transporte sea seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Primero, las unidades deben estar en óptimas condiciones, sin contaminar y sin sobrecargar a los usuarios, que a menudo se ven obligados a viajar en condiciones peligrosas, incluso de pie en el estribo del vehículo. Solo cuando se hayan cumplido estos requisitos básicos, se podría abrir el debate sobre un posible incremento tarifario.

El presidente de Rutas Unidas, Aurelio Carmona Sandoval, está confiado en que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo autorizará este aumento antes del final de su mandato el próximo 30 de septiembre; esta actitud revela una vez más el desprecio de las autoridades por las necesidades y derechos de la ciudadanía. Ya es hora de que el gobierno priorice el bienestar de la población y exija condiciones justas para el transporte público antes de conceder aumentos que solo benefician a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos.

¿CORRUPCIÓN EN SMYT? Sería el acabose, que una de las dependencias más cuestionadas por el manejo financiero y acusada de actos de corrupción que obligó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) como lo es la Secretaría de Movilidad y Transporte, a la que se le práctica una auditoría especial, autorizara el incremento así sea de un peso o un centavo.

Y es que, el reciente anuncio de un posible aumento del 40% en la tarifa mínima del transporte público en Morelos, de 10 a 14 pesos, revela una vez más las perversas dinámicas de poder y corrupción que siguen marcando la política estatal; esta propuesta no solo es ilógica e irrisoria, sino que también refleja un preocupante desprecio por las condiciones económicas de la mayoría de la población: amas de casa, estudiantes, empleados y comerciantes que enfrentan una crisis sin precedentes.

En un momento en que la economía de los ciudadanos se tambalea, resulta inconcebible que el gobierno esté dispuesto a dialogar con los concesionarios de un sistema de transporte que, en muchos casos, ofrece un servicio deficiente; las unidades en circulación suelen ser chatarras y los conductores, en su mayoría, carecen de la capacitación adecuada para garantizar un servicio seguro y eficiente. ¿De verdad se justifica un aumento de tarifas que solo beneficiará a unos pocos mientras el usuario promedio sigue recibiendo un servicio subestándar?

El incremento propuesto no beneficiará a los chóferes, sino a los concesionarios, que en su mayoría son los presidentes de las rutas. Este aumento sería un golpe severo a la economía de los morelenses, especialmente a los estudiantes y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Antes de siquiera considerar un ajuste tarifario, es imperativo que se garantice que las unidades estén en perfecto estado, sean ecológicas y ofrezcan un servicio seguro, evitando que los usuarios viajen de pie o, peor aún, en el estribo, lo cual es un peligro inminente.

El presidente de Rutas Unidas, Aurelio Carmona Sandoval, claramente apuesta a que la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo autorice un incremento antes de que concluya su mandato; esto no es una mera coincidencia, sino una estrategia bien calculada para capitalizar en el cierre del sexenio; cierto es que la idea de que los concesionarios puedan imponer un aumento de tarifas antes del 30 de septiembre es una maniobra que debe ser detenida de inmediato.

Sin embargo, la postura del Secretario de Movilidad y Transporte, Eduardo Galaz Chacón, ofrece un rayo de esperanza, debido a que Eduardo Galaz ha sido claro al afirmar que no habrá incremento en la tarifa del transporte público, su firmeza y la disposición del gobierno de Cuauhtémoc Blanco para no ceder ante las amenazas de los concesionarios representan una postura valiente en defensa de los intereses de la ciudadanía. De llegar a autorizar, así sea un centavo, sería la loza que sepulte su carrera política en lo inmediato y a futuro.

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