Observador político - Derecho de piso
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
Morelos, a pesar de que según las autoridades van bien en materia delictiva, vive una situación difícil, complicada y cada vez más compleja porque la sociedad se siente impotente, indignada y harta por delitos como los asesinatos, secuestros y los actos de corrupción. Por estos motivos, es la marcha de cientos de personas que acompañan a los activistas LeBarón y Sicilia. Para desgracia, el temor y la incertidumbre se ha incrementado entre los empresarios morelenses por el aumento de casos de extorsión y “derecho de piso”, por integrantes de la delincuencia organizada.
IMPUNIDAD.- Tanto a nivel federal como a nivel local, los esfuerzos que han realizado para la prevención y la procuración de la justicia han sido insuficientes, y la presencia de la Guardia Nacional en Morelos, ha sido sólo en la imagen y la difusión informativa en los medios porque en los hechos, no ha servido para maldita la cosa. Antes, los delitos en su mayoría se cometían bajo el amparo de la oscuridad, hoy en una afrenta y burla de nuestras autoridades los delincuentes se burlan en sus propias jetas, y un ejemplo, las narcomantas que les colocaron en los puntos estratégicos como la Fiscalía, el Ayuntamiento de Cuernavaca, entre otras. No tienen miedo a la Ley, por ello les importa un bledo el lugar. Hoy, ya no importa si los delitos se cometen en las avenidas más transitadas del estado como las avenidas Morelos, Plan de Ayala, e incluso en mismísimo corazón de Cuernavaca. Y ha sido precisamente la impunidad, el no investigar, castigar ni penalizar a los culpables de tantos crímenes que los autores materiales e intelectuales, actúan al margen de la ley durante el día, la tarde o noche. A la hora que ellos decidan y donde quieran. En un hotel, restaurante, discoteca, bar, escuela, en la calle, en fin, donde así lo determinen y casi siempre, saliéndose con la suya sin ser aprehendidos. Nadie los frena. Cometen sus fechorías casi enfrente de la Guardia Nacional, de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de los ministeriales y el colmo, hacen de las suyas con todo y las cámaras que están conectadas al C5 y demás corporaciones policiacas.
Sin embargo, a pesar de que el país y el estado se están cayendo a pedazos por la inseguridad, en Morelos se vive un estado de indefensión, nadie dice ni hace nada. Los dirigentes de los partidos políticos pareciera que estuvieran amordazados y otros, haciendo mutis para no meterse en conflictos y poner en riesgo los espacios de poder que les han otorgado en diversas áreas del gobierno como sucede con Acción Nacional. Para ellos, al igual que los dizque representantes populares en el Congreso del Estado -con excepción de las siete diputadas que están enfrentadas con el Ejecutivo por cuestiones económicas y espacios de poder-, de igual manera “nadan de a muertito”. Haciendo ver que trabajan y sólo se han dedicado a cobrar sus jugosos salarios que les ha permitido, a todos sin excepción, hacer su “guardadito” de varios millonarios de pesos tan solo de lo que han obtenido en lo que va de la presente legislatura. Mientras que por otro lado, la sociedad, casi en su mayoría, arriesgándose el pellejo todos los días, para evitar no ser presa de la delincuencia en sus diferentes modalidades.
NEGOCIOS EN CRISIS.- La ola de violencia que se desató por el crimen organizado y que ocasionó todos los municipios del estado de Morelos se tiñeran de sangre no para, y por ello, varios empresarios morelenses viven hoy en la incertidumbre y temor de ser presa del hampa. Y es que, para funcionar sus negocios no solo tienen que cumplir con todos y cada uno de los requisitos administrativos que les solicitan en los Ayuntamientos, sino además con los protocolos de seguridad. Aunado a ello, para evitar fracasar deben de llevar un buen manejo en sus finanzas, cumplir con sus contribuciones fiscales y una planeación eficiente de su personal.
Empero, estas acciones pese a que muchos empresarios así las han implementado son insuficientes ante la alarmante violencia e inseguridad que les empezó a pegar con el famoso “derecho de piso”. Un delito que parece un fantasma.
Todo mundo sabe que existe pero nadie lo puede ver. Menos aún las autoridades. Esto, ocasionó ya el cierre de varios establecimientos en la capital de Morelos, los cuáles han tenido el valor de señalar que derivado de las amenazas y la petición para que entreguen dinero a diversas células delictivas, ha sido el motivo por el cual se han visto en la necesidad de bajar sus cortinas, despedir a su personal e informar a sus clientes que su vida y la de sus familias corren peligro y por ello, han decidido sacar su inversión de la ciudad y del estado.
El tema no es menor. Es una situación delicada, que para algunos servidores públicos como Margarita González Sarabia, la aún titular de Turismo y Cultura, no pasa nada. Porque para ella, el turismo no llega a esos bares o antros. Para otros como el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, no existe el registro de delitos de extorsión o derecho de piso porque los empresarios se niegan a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.
Por ello, el cierre de varios negocios, desde micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales son víctimas de cobros de piso y extorsiones. Por ello, urge que el gobierno federal, estatal y municipal implementen acciones de confianza, que regrese para que no sigan en esa misma línea de bajar sus cortinas por el temor de pedirles dinero para su funcionamiento o estar contra la pared y poner en riesgo su integridad y la de sus familias si se oponen a las amenazas de los grupos delictivos. Aquí, es urgente que actúen las corporaciones policiacas y pongan orden.
Para ello, es urgente hacer una limpita y hacer aún lado a los elementos que no tienen el perfil para mantenerse en el cargo.
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