Llega a la ONU exigencia para identificar cadáveres de Morelos

Organizaciones ciudadanas integraron un expediente de 30 páginas para entregar y solicitar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su intervención ante el Estado mexicano, a fin de que se regularice la situación de la fosa común irregular de Jojutla, e investigar y castigar las actividades irregulares y la falta de resultados en la identificación de los cuerpos recuperados ahí y en el panteón informal de Tetelcingo. Lo anterior, relacionado con hechos durante la administración de Graco Ramírez y su Procuraduría de Justicia, primero, y posteriormente, su Fiscalía General.

El documento, que El Regional pudo revisar, entregado al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, pide que el organismo mundial emita un llamamiento urgente hacia el Estado mexicano para que la actual Fiscalía General del Estado de Morelos informe sobre la situación de la fosa común irregular de Jojutla, y especialmente sobre las actividades irregulares durante la primera fase de exhumación y la falta de resultados en la identificación de los cuerpos recuperados, entre los años 2014 y 2017.

El documento fue presentado formalmente por los grupos IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C., Regresando a Casa Morelos A.C. y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) al Grupo de la ONU.

El expediente presentado a Naciones Unidas surgió de la circunstancia excepcional de la falta de resultados a la fecha, a cuatro años de las exhumaciones, realizadas entre abril y mayo de 2017 en Jojutla, sin que haya avances en las investigaciones e identificación de las personas.

De forma especial, se hace énfasis en la primera fase de exhumaciones, cuando fueron recuperados 85 cuerpos, "entre los que se encontraron cadáveres con ropas,de menores de edad y de mujeres con signos de tortura; a la fecha sólo uno ha sido identificado", acusan.

Ante el organismo de la ONU se denuncian las irregularidades en las que incurrió la Fiscalía estatal del gobierno de Graco Ramírez, en el manejo de los cuerpos y la conservación de la evidencia. Se acusa que el Ministerio Público en aquellos años incurrió en desaparición forzada en al menos dos oportunidades: "la primera, al disponer los cuerpos en la fosa común irregular de Jojutla; y la segunda, al inhumar nuevamente los cuerpos exhumados en el Panteón Jardín de los Recuerdos y no en frigoríficos, como debía preservarse la cadena de custodia de la evidencia forense".

Se acusa que no existen procesos claros que permitan la identificación de los 85 hallazgos, y ello afecta seriamente los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas y se aumenta la incertidumbre de las familias que esperan resultados.

Se pide que el Grupo de Trabajo pida al Estado mexicano que la actual Fiscalía estatal, que heredó el problema:

-Demuestre las acciones llevadas a cabo para la identificación de los cuerpos en calidad de desconocidos en el estado de Morelos (más de 200 hallados en las fosas comunes irregulares de Jojutla y Tetelcingo, y casi 500 cuerpos no identificados que se encuentran en los servicios forenses)

-Un plan de exhumaciones para identificar cuántas fosas comunes irregulares existen, dónde están y cuál ha sido la participación de las autoridades en su funcionamiento. Todo esto con la participación de familiares y colectivos de familias desaparecidas

-Exhorte a autoridades estatales y federales a la construcción prioritaria de un Centro de Identificación Humana dotado de herramientas tecnológicas para llevar a cabo los peritajes científicos necesarios

Se asegura que las familias piden al Grupo de la ONU la celeridad necesaria para dar sepultura a sus familiares y ayudar a otras a encontrar a los suyos. "Nuestro duelo hoy se encuentra incompleto al estar en la incertidumbre de no saber si nuestros seres queridos se encuentran entre los hallazgos de la fosa de Jojutla".