Las diputadas, la paridad de género y las políticas públicas con perspectiva de género

“Todos los hombres deberían ser feministas. Si los hombres se preocupan por los derechos de las mujeres, el mundo será un lugar mejor. Somos mejores cuando las mujeres están empoderadas: esto conlleva una mejor sociedad”.

John Legend, cantante.

Durante el proceso electoral de 2018, Morelos fue uno de los estados pioneros en hacer realidad la paridad de género en las candidaturas a los puestos de elección popular que se disputaron ese año en el estado, no sólo en sentido vertical sino también horizontal.

Y no fue tarea fácil. No queda duda de que ese gran paso en la conquista de los derechos políticos de las mujeres no hubiera sido posible sin el trabajo, el compromiso, el empeño y la tenacidad de un colectivo que desde la sociedad civil y desde las instituciones desafiaron el stato quo y abonaron en la conquista de los espacios de poder para este sector que tiene en México menos de un siglo de ciudadanía.

A propósito de paridad, la semana pasada el INE aprobó un acuerdo en el que establece la obligatoriedad para los partidos políticos de postular a por lo menos a 7 mujeres como candidatas en las 15 gubernaturas de los estados que se disputarán en igual número de entidades federativas.

El decreto se sustentó, entre otros preceptos legales,  en lo que establece el artículo 35 constitucional, según la interpretación que de los consejeros, sobre el hecho de que los cargos unipersonales no están excluidos de la paridad, y también en el artículo 231 de la Legipe que obliga a los partidos políticos a seleccionar sus candidaturas bajo el principio de paridad de género.

El acuerdo que será impugnado por algunos partidos, el PAN ya lo anunció expresamente, tiene como objetivo disminuir la brecha de desigualdad que existe las gubernaturas de los estados donde actualmente solo hay dos posiciones para mujeres, pero también tratando pagar una deuda histórica con las mujeres quienes ocupan el 51.7 por ciento del padrón electoral actual.

Como decía al principio, el estado de Morelos ha sido vanguardista en cuanto a la designación de candidaturas bajo el principio de la paridad de género, lo que incluso originó que en el Congreso del estado hubiera una “sobrerepresentación” de las mujeres, sin embargo este hecho no ha sido proporcional al impulso de políticas públicas en beneficio de este sector.

Pareciera que la avasalladora presencia de las diputadas no se expresó en acciones en favor de políticas con perspectiva de género, o si se hizo, fue tardíamente. Es mejor tarde que nunca.

Este año la legislatura aprobó, en un paquete que también incrementaba el número de diputados, una legislación que garantizaba la paridad de género en las designaciones políticas la cual fue invalidada por vicios en su publicación, y más recientemente el estado de Morelos se sumó a las entidades que adoptaron la llamada Ley Olimpia contra la violencia digital hacia las mujeres.

La semana pasada fue noticia la protesta de un grupo de 8 diputadas que en plena sesión tomaron la presidencia del Congreso, en protesta por la presencia de uno de sus pares acusado de la presunta comisión de delitos sexuales y quien se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía del estado de Morelos.

A pesar de este reciente activismo en favor de los derechos políticos de las mujeres, la legislatura sigue conservando “los techos de cristal”, pues los principales cargos e incluso la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género están encabezados por hombres y ni qué decir de la misoginia rampante de la que han hecho gala varios legisladores.

Por ello, es alentador que el INE impulse acuerdos que obliguen a los partidos políticos a hacer realidad el principio constitucional de la paridad de género y es también muy esperanzador que las diputadas de la legislatura del estado se hayan dado cuenta del poder que tienen no solo por ser mayoría, sino por sus acciones en favor de las mujeres y de políticas públicas con perspectiva de género.

Si en el proceso electoral 2021, los partidos políticos y los órganos electorales cumplen con el mandato legal que establece la paridad de género, estaremos incidiendo en la disminución de la brecha de la igualdad y habrá válido la pena todo el trabajo que esas mujeres entusiastas hicieron para hacer realidad la participación igualitaria de las mujeres.

El reto será ahora incidir en las realidades que permitan a las mujeres participar en política en las mismas condiciones en que tradicionalmente lo hacen los hombres, sin estereotipos, sin roles culturales predifinidos, con políticas públicas que le permitan armonizar la vida familiar con la vida laboral, pero sobre todo liberadas de los prejuicios de género que actualmente constituyen un lastre para el desarrollo pleno de las mujeres.