Investigación de la Anticorrupción no frena proceso de magistrados
Se redujo a 10 la lista original que incluía a más de 200 aspirantes
Diputado calificó las afirmaciones de venta de los espacios como especulativas
Gerardo Suarez Dorantes 
En medio de la controversia generada por la investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra los diputados del G15 (PAN, PRI, PANAL, Movimiento Ciudadano y PT) por presunta venta de magistraturas, el proceso de designación de nuevos togados no se detendrá, informó el presidente del Órgano Político Calificador del Congreso del estado, el diputado de Morena, Alejandro Martínez Bermúdez.
A pesar de las acusaciones y señalamientos, Martínez Bermúdez afirmó que en los próximos días se llevará a cabo la designación de los próximos magistrados, subrayando que el proceso continuará su curso; al tiempo de señalar que se redujo de más de 200 aspirantes a una lista de diez, a quienes se les realizará otro proceso de entrevistas.
Algunos diputados, como Arturo Pérez Flores y Mirna Zavala Zúñiga, han solicitado detener el proceso debido a cuestionamientos sobre la falta de transparencia y conflictos de interese, empero, Martínez Bermúdez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso, rechazó estas críticas y afirmó que existen condiciones para dictaminar sobre las siete magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y las tres destinadas para la nueva sala en Cuautla.
Respecto a las acusaciones de venta de magistraturas por parte de abogados, Martínez Bermúdez calificó estas afirmaciones como especulativas y desafió a aquellos que las hacen a presentar pruebas.
El diputado de Morena también fue denunciado por el delito de extorsión en la Fiscalía Anticorrupción, pero aseguró no tener temor a los señalamientos y pidió pruebas que respalden dicha denuncia.
La situación continúa generando debate en el ámbito político y judicial, mientras la sociedad espera claridad y transparencia en el proceso de designación de magistrados en el estado en el que también han sido acusados de conflicto de intereses porque personal a su cargo se registraron para ser magistrados y ganar más de 100 mil pesos mensuales por un periodo de 14 años.
