Insisten 9 magistrados en desconocer a Cuevas López

A pesar del presunto amparo que se emitió en favor de María del Carmen Cuevas López, quien ya debía haberse retirado de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), según el decreto publicado el pasado 10 de septiembre, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, nueve magistrados contrarios a la gestión de ella insisten en desconocerla y subrayar una cúmulo de irregularidades que se padece en el Poder Judicial.
Como lo hicieron el pasado 13, este martes el grupo referido envió el comunicado donde, en principio, desconocen a aquélla ni como magistrada, ni como titular del TSJ: “No reconocemos a la ciudadana María del Carmen Verónica Cuevas López como Magistrada y menos aún como Presidenta del Tribunal, porque el plazo de catorce años a que se refiere el artículo 89 de la Constitución Local, ya concluyó”, refiere el documento.
En el texto, se enlista una serie de vicios, abusos y actos ilegales que se mantienen en dicho Poder, todo lo cual hay que corregir, a su decir. El siguiente es el comunicado íntegro que ayer volvieron a informar de manera pública, con la redacción textual de sus autores:

COMUNICADO DE PRENSA

Los Magistrados que luchamos porque el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos se transforme y se conduzca verdaderamente dentro de los cauces de la legalidad y la justicia, informamos:

I.- No reconocemos a la Ciudadana María del Carmen Verónica Cuevas López como Magistrada y menos aún como Presidenta del Tribunal, porque el plazo de catorce años a que se refiere el artículo 89 de la Constitución Local, ya concluyo.

II.- Que insistiremos en que los demás Magistrados colaboren a fin de que el Tribunal cuente con Presidente o Presidenta; y cese la administración del erario público y los demás actos que al margen de la legalidad viene realizando la ciudadana María del Carmen Verónica Cuevas López, ostentándose indebidamente como Magistrada y Presidenta de este Tribunal.

III.- Entre todos los Magistrados y de cara a la sociedad, se abra un debate respetuoso y sincero, a fin de que se corrijan y terminen diez problemas fundamentales, cuya desatención ya resulta insostenible:

1.- La permanente violación a los derechos de los trabajadores, tales como: El despido o el descenso injustificado; el intempestivo cambio del lugar su trabajo a sitios lejanos de su residencia; la disminución del salario; la extensión inmisericorde de la jornada laboral; la negativa a expedir su nombramiento definitivo cuando llevan años de servido; el cobro de los cursos de capacitación y el cobro por la expedición de las hojas de servicio.

2.-La intimidación al personal para que realicen actos u omisiones que impidan el funcionamiento correcto del Tribunal y su legal desempeño, so pena de despedirlos o castigarlos de otra manera.

3.- La ilegal designación directa de los jueces de primera instancia, sin sustanciar el concurso de méritos previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial; las sanciones y los cambios de adscripción sin justificación; y las demás acciones hostiles que sin fundamento, se ha venido realizando hacia dichos funcionarios.

4.- La resistencia a cubrir la pensión de los trabajadores inactivos del poder judicial; o a pagar sus prestaciones laborales, cuando han renunciado voluntariamente a su puesto; en lugar de privilegiar las remodelaciones lujosas de una oficina o el pago de la pensión por viudez, que recientemente se autorizó a un familiar de quien entonces formaba parte de este Tribunal.

5.- La indebida injerencia en la distribución de las demandas, acciones o impugnaciones que se turnan a los jueces de primera instancia y las Salas de este Tribunal, afectando con ello la imparcialidad, que arriesga a generar corrupción.

6.- La ausencia de información y transparencia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a este Tribunal, no solo hacia los Magistrados, sino a la sociedad morelense.

7.- Evitar evaluar las repercusiones negativas en las finanzas públicas y en general de toda la administración de los recursos realizada por la entonces Comisión Provisional Administradora, al mediar una sentencia federal que determina ilegal su funcionamiento, durante el periodo del 5 de abril del año 2018 al 3 de junio del año 2019.

8.- Las prácticas ilegales de celebrar sesiones del Tribunal, sin que exista el quórum legal establecido, justificándolo mediante un pseudo discurso patriótico, que esconde el autoritarismo y mancha de ilegalidad las resoluciones; evitar que los Magistrados cumplamos . nuestras obligaciones, mediante la negativa a entregarnos la documentación necesaria; las amenazas al personal; la desinformación para sembrar miedo; y las demás acciones que buscan mantenernos postrados ante la arbitrariedad.

9.- Desatender la imperiosa y urgente necesidad de crear o trasladar otra Sala más al Tercer Circuito Judicial, que permita disminuir la sobrecarga de trabajo, de más de un cien por ciento que existe, en comparación a las demás Salas; y la indispensable creación de otros juzgados dentro de la misma circunscripción territorial, que también se encuentran rebasados por el volumen de asuntos, en lugar de destinar los recursos públicos para gastos superfluos.

10.- La omisión de promover iniciativa que actualice y modernice el marco normativo orgánico y reglamentario de este Tribunal, terminando así con la opacidad y el autoritarismo. 

Para ello proponemos, además de la urgente designación de quien debe presidir este órgano jurisdiccional; la instauración de mesas de trabajo, a través del diálogo, incluso del debate, respetuoso, sincero, técnico, profesional y con estatura de miras; que corrijan las enormes deficiencias que padece el Tribunal y lo reencaucen al respeto inalterable del derecho; el cumplimiento del principio de justicia tanto a su interior, como en la atención de los asuntos judiciales; dejando a un lado el llamado al acuerdo o la conciliación superficial y retórico, que lo desdibujan día a día en los hechos, en perjuicio de la sociedad a la que debemos servir con humanismo y en detrimento de los derechos de nuestros compañeros de trabajo, sin importar su rango; así como de administración del dinero público.