Graquista llegó a hacer el trabajo sucio en Los Pinos
Pocos días antes de Navidad, exigió renuncias a trabajadores de confianza
Al firmar sus finiquitos, los empleados perdían sus derechos de antigüedad y pensión
Héctor Rangel Terrazas 
Alejandro Álvarez Ramírez, médico-funcionario durante la administración de Graco Ramírez y quien hoy cobra como "cronista presidencial", en la oficina de Andrés Manuel López Obrador, llegó a hacer el trabajo sucio a Los Pinos, en cuanto recibió su nombramiento con abultado salario.
A decir de denuncias de trabajadores que se mantuvieron en la que fue la residencia oficial de los presidentes mexicanos, cuando se dio la transición, los nuevos administradores decidieron esperar hasta cerca de la primera quincena de diciembre, poco antes de la Navidad, para dar a 200 de ellos la cruel noticia: dejaban de trabajar en Los Pinos.
Y quien se prestó para hacer esa labor fue Alejandro Álvarez, médico sin trayectoria antes de empezar a “colaborar” con Graco Ramírez, en el gobierno de Morelos, a finales de 2012. Como lo dio a conocer El Regional este lunes 22, gracias a su cercanía con el exmandatario estatal, el doctor escaló posiciones hasta llegar a dirigir el Seguro Popular en el estado (con señalamientos formales de desvíos) y, de ahí, se fue a laborar a la oficina de la presidencia del país, en la nueva administración.
A pesar de tener el cargo de "cronista presidencial", con sueldo mensual de 132 mil pesos, fue el amigo de Graco Ramírez quien se dedicó a exigir a los de confianza en Los Pinos que entregaran su renuncia "voluntaria", sin ser esto ámbito de su competencia.
A decir de las denuncias recogidas por los principales diarios capitalinos y en redes sociales, los despedidos acusaban a Álvarez Ramírez por su actitud burlona e irónica, además de déspota. Según distintas notas periodísticas en esos días finales de 2018, el médico metido de cronista argumentaba tener instrucciones de eliminar la nómina vigente antes de enero, y dar esos lugares al equipo de confianza del presidente. Les pedía a los corridos que entendieran que eran posiciones delicadas, y que López Obrador necesitaba estar seguro de la gente que trabajaría con él.
Al signar ese documento, los empleados perderían derechos de antigüedad y de pensión. Se aseguró que había personal con 20, 25 y hasta 30 años o más de trabajo en la residencia oficial presidencial que estaba dejando de serlo. Finalmente, se sabe que algunos firmaron y otros decidieron interponer demandas laborales.
