Escala de Grises - María Fernanda Turrent

María Fernanda Turrent, después de divorciarse de Édgar González por la violencia de género que ejercía hacia ella, regresó a vivir a Veracruz con sus tres hijos de 11, 9 y 6 años. Su expareja estaba informado de la situación y, dada la custodia que compartían, tenía permiso para visitar a los menores.

En 2023, María Fernanda denunció a Édgar por violencia de género. A principios de este año, solicitó medidas para proteger a sus hijos, luego de que el padre los retuviera por 90 días sin permitirle ningún tipo de contacto con ellos. En respuesta, lejos de obtener el apoyo de las autoridades, la mujer recibió múltiples demandas por parte de su expareja, entre las que se encontraba una por sustracción de menores.

Por esta razón, fue detenida el 22 de enero y, posteriormente, fue enviada a prisión. A pesar de las múltiples pruebas que presentó en contra de Édgar, el juez dictó prisión preventiva en  contra de María Fernanda y, momentos más tarde, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla.

Minutos antes de ser privada de su libertad, María Fernanda compartió su historia en plataformas digitales. “Por proteger a mis hijos quieren meterme a la cárcel”, aseguraba Turrent en un video que se viralizó casi de inmediato. Múltiples colectivas y mujeres feministas se posicionaron a su favor y denunciaron la negligencia de las autoridades involucradas en el caso.

Al mismo tiempo, la familia de Turrent compartió videos en los que se demostraba la violencia de la que Fernanda y sus hijos eran víctimas. La situación de María Fernanda llegó hasta Citlali Hernández, titular en la Secretaría de las Mujeres, quien lo calificó como un asunto “indignante” que señalaba influyentismo y corrupción.

Por su parte, Bertha Alcalde Luján aseguró que no permitiría “la manipulación del sistema” a través de recursos económicos o los vínculos de los agresores con el poder. Con base en sus declaraciones, la fiscal capitalina destituyó a Miguel Ángel Barrera, quien fuera responsable de supervisar los casos de delitos cometidos en contra de infantes y adolescentes.

Luego de que se hiciera público el traslado de Turrent a Santa Martha Acatitla, se agendó una audiencia (con 10 horas de duración) en la que se tomó la decisión de no vincularla a proceso. María Fernanda Turrent fue liberada la noche del lunes. Sin embargo, aún quedan denuncias en su contra.

Gracias a que el caso de María Fernanda se viralizó y llegó a las autoridades competentes, la situación para ella y sus hijos parece esperanzadora. Sin embargo, ¿qué hay de todos los casos de violencia que no logran esa respuesta inmediata? ¿Qué hay de todas las autoridades y funcionarios que repiten el mismo comportamiento que fue señalado por Citlalli Hernández y Bertha Alcalde?

Lamentablemente, la corrupción, los nexos con quienes ejercen (no así representan) y el influyentismo son cuestiones que no se limitan a los casos de violencia de género, ocurren todo el tiempo y son la principal causa de la impunidad en nuestro país. ¿Cuáles son las acciones que se implementarán al respecto?

Pretender que un caso sea lo suficientemente representativo para erradicar el problema de raíz es iluso. Y, aunque sería lo ideal, hay que ser conscientes de todo el trabajo que queda por hacer a nivel federal, local y hasta municipal. Es urgente (como siempre) que se investiguen los actos de corrupción dentro del sistema y que se apliquen acciones efectivas para erradicarlos.

Ahora, implementar perspectiva de género en el sistema de justicia (o cualquier otro) también es fundamental. El contexto importa, siempre importa. Necesitamos personas que estén lo suficientemente capacitadas para darse cuenta de que, si hay una violencia extrema, lo más seguro para las infancias es no quedarse con el tutor que la ejerce. Tampoco es tan difícil.

Sin embargo, lo que para muchas personas (ojalá). podría parecer obvio, para otras es inconcebible. Resulta esencial que las y los funcionarios tengan la capacitación y la asertividad suficiente para interpretar la ley, no sólo la habilidad para aplicarla conforme se lee en un libro.

El bienestar y la integridad de mujeres e infancias ya no puede estar en segundo plano por razones tan absurdas como la corrupción o la ausencia total de perspectiva de género. Sí, es importante la imparcialidad, pero aún más lo es la conciencia y la capacidad de analizar la realidad que tenemos enfrente.

Sin perspectiva de género no hay justicia:
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