Escala de Grises - Imprecisiones

El 7 de marzo, Paulina, Mariana, Yoselin, Sandra, Gabriela y Rosa María fueron vistas por última vez en Celaya, Guanajuato. Las seis mujeres acudieron a trabajar a un evento cerca del club Álamo Country, por lo que transitaban cerca del camino a San José de Guanajuato. Tras no poder establecer contacto con ellas, sus familiares reportaron su desaparición.

De acuerdo con medios locales, su búsqueda inició tres días después. El 16 de marzo, Carlos Zamarripa, fiscal del estado, declaró que “algunas” habían sido privadas de la vida. Sin dar detalles respecto a la investigación o sobre el proceso de búsqueda, el funcionario aseguró tener claras las circunstancias por las que fueron privadas de su libertad.

“Es un hecho grave y tendremos que llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó Zamarripa. Aunque informó que “algunas” de las mujeres desaparecidas habían sido localizadas sin vida, poco tiempo después, se difundió que las seis mujeres habían sido asesinadas.

Por su parte, la Fiscalía General de la entidad publicó un documento en el que asegura haber detenido a “más de una decena de criminales”, vinculados con diversos crímenes, incluida la desaparición y posterior feminicidio de las mujeres en cuestión. Bajo esa línea, las autoridades aseguraron que no descartan ninguna línea de investigación, incluida la trata de personas.

A pesar de las pocas declaraciones, hasta el momento en que se terminó de escribir esta columna, no había más detalles al respecto; lo que también resulta alarmante. En un país con más de 110 mil personas desaparecidas y 11 mujeres asesinadas todos los días, los crímenes siguen cometiéndose sin que las autoridades estén capacitadas para prevenirlos o investigarlos.

En un estado en donde desaparecieron seis mujeres un mismo día, los funcionarios no son capaces de proporcionar más detalles sobre lo ocurrido. ¿Cuántas mujeres habrían tenido que desaparecer para que la situación resultara lo suficientemente alarmante como para iniciar las labores de búsqueda de forma inmediata?

Las respuestas poco claras, la falta de información y la imprecisión de datos proporcionados  por el fiscal también forman parte del problema y le abren la puerta a la desinformación. El esclarecimiento de los hechos es fundamental para poder proteger a las víctimas, reparar los daños y garantizar que no vuelvan a ocurrir. ¿Cómo podemos enunciar la palabra justicia en un país donde “algunas” mujeres continúan siendo víctimas de feminicidio?

Si hablamos específicamente de Guanajuato, los niveles de violencia que se han registrado en la entidad durante los últimos años ocupan los primeros lugares de la lista nacional. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los presuntos delitos cometidos en dicho estado ascendían a 12,281 tan solo durante enero del 2023.

Sin embargo, como le he dicho en diversas ocasiones, la violencia de género no se reduce únicamente a un estado de la República. La estrategia de seguridad que involucra  a los tres niveles de gobierno resulta insuficiente y, hasta cierto punto, inútil. ¿De qué sirve desplegar a elementos de la Guardia Nacional en cada entidad si crímenes tan graves siguen ocurriendo?

¿Cuál es el punto de “invertir” recursos en una estrategia que sigue sin funcionar? ¿Bajo qué criterios se evalúa la eficiencia de estas medidas implementadas en pro de la seguridad? ¿Cómo se reestructura un sistema que permite la desaparición de seis mujeres y deja pasar tres días para empezar a buscarlas?

Una vez más, las fallas en el sistema son evidentes. No hay protocolos efectivos de búsqueda ni de atención para casos de desaparición forzada, mucho menos para abordar crímenes relacionados con violencia de género. Los cuerpos de emergencia y seguridad están rebasados por los constantes crímenes que se registran a nivel nacional.

Ahora, esa misma falta de acciones para garantizar la seguridad de la población no exime a las autoridades e instituciones involucradas de responsabilidad. Todo lo contrario. La negligencia siempre da como resultado la impunidad. Mientras a nivel discursivo se asegura una legislatura de paridad y la implementación de medidas para garantizar que mujeres, niñas y adolescentes vivan libres de violencia, la realidad es otra.

Los feminicidios de Paulina, Mariana, Yoselin, Sandra, Gabriela y Rosa María se han convertido en una muestra (completamente innecesaria, por cierto) de la falta de seguridad que existe para las mujeres en Guanajuato y en México. Independientemente las causas que pudiera presentar la fiscalía del estado, ninguna de ellas justificaría la desaparición o el asesinato de las víctimas.

Urge el esclarecimiento de los hechos y que las autoridades de Guanajuato brinden información precisa que vaya más allá de algunos datos superficiales. Urge que los tres niveles de gobierno reconozcan la gravedad de lo ocurrido y comiencen a tomar medidas precisas para atender la violencia que se padece todos los días.

Hasta que la justicia se haga realidad:

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