El servicio público en la democracia ¿Es necesaria una ética del poder?
En opinión de Aura Hernández
El éxito es fácil de obtener. Lo difícil es merecerlo
Albert Camus
La semana pasada en este espacio, me referí a aspectos de la Constitución y la democracia a propósito de la obra de Erik Hosbawm “Guerra y paz en el siglo XXI”, dejamos para la reflexión la coherencia entre “el imperio de la ley” y la vigencia plena de la democracia, y concluí algo que no es novedoso: el estado de derecho no garantiza la democracia, ni tampoco la justicia.
Aludí a regímenes como el nazi y a algunos de Europa del este, antes y poco después de la caída del muro de Berlín, pero también a países como Colombia que aun cumpliendo estrictamente los cánones del traído y llevado estado de derecho, durante años tuvo a amplios sectores de su población viviendo prácticamente en la barbarie. Afortunadamente y sobre todo a raíz de la creación de su nueva Constitución en 1991, esa situación se ha ido remontando y hoy el Estado colombiano, o por lo menos su aparato de justicia, se ha convertido en paradigma para el resto de América Latina.
Pero ¿qué pasa en México? En el país de la dictadura perfecta, como bien lo apuntó Vargas Llosa, tenemos desde 1917 (por lo menos formalmente), un pleno estado de derecho, y hemos vivido “la pax” que nos dio un régimen de partido hegemónico una gran parte del Siglo XX hasta la alternancia en el año dos mil, sin que eso significara un cambio de régimen, como nos lo advirtió entonces en una clase el profesor emérito de UNAM, Octavio Rodríguez Araujo.
Sucede que a pesar de todo ello, el país que nos heredó la Revolución mexicana, hoy tiene amplias capas de su población viviendo en un estado de tal violencia, que se parece mucho a la barbarie.
Un país que se desangra, sobre todo a raíz de que en el 2006 el Gobierno Federal declaró la guerra al narcotráfico, donde la mayoría de su población; me atrevo a decirlo, vive estado de absoluta indefensión y a merced del crimen organizado, que opera en la absoluta impunidad, porque el Estado no existe y también porque quienes deberían defenderla están coludidos con las bandas criminales.
Esta situación de impunidad tan grave en las zonas urbanas, pero mucho peor en los pueblos y rancherías donde impera la ley del más fuerte, debería comprometer a la clase política a tratar de transformar el estado de cosas y a decir no a la corrupción y transformar la cultura del servicio público. Pero no siempre sucede así, por ello insisto, es indispensable una ética para el poder.
Veamos en Morelos: ¿es necesaria una ética para los integrantes del Congreso del estado? En la actual Legislatura, la mayoría de los representantes populares fueron electos por el partido Morena, como consecuencia de fenómeno “López Obrador” y, formalmente, constituyeron una mayoría que les hubiera permitido la transformación que tanto necesita el estado.
Sin embargo, los recién estrenados legisladores no tardaron en dilapidar ese gran capital político a cambio de canonjías y empleos para familiares y amigos, para posteriormente enfrascarse en enfrentamientos internos por espacios de poder al interior del Poder Legislativo.
Actualmente, las diferencias entre los representantes populares es por la designación de titulares de los órganos autónomos; lo vimos con la designación del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y ahora sigue el culebrón de la designación de un Comisionado del órgano garante la de transparencia y ni se diga lo que veremos con motivo de la designación del titular del órgano de fiscalización. Este manoseado y poco escrupuloso proceso de designación de funcionarios trae como consecuencia, que quienes resulten seleccionados no cuenten con los perfiles, ni con la especialización que reclaman las condiciones que requieren el estado y el país
¿Habrase visto una forma tan eficiente de dilapidar un capital político? Pero también una manera tan grosera de traicionar la confianza de los ciudadanos que con su voto los llevaron a esa representación. Sobre todo después de la experiencia de la prepotencia y el abuso del poder que padecimos los ciudadanos en las legislaturas anteriores y que se recrudeció en la inmediata anterior. Lo más triste del asunto es que normalmente aquí están representados los partidos políticos pero no los ciudadanos.
Según Erick Hosbawm, en el mundo habría Estados no democráticos que están cimentados en el imperio de ley, en los que se garantiza el respeto al voto universal y que tengan asambleas o congresos elegidos democráticamente, pero que paradójicamente no representen a la ciudadanía que los eligió, sino a los intereses de una élite política y en Morelos están representados los partidos políticos y no los ciudadanos. Concretamente, los intereses de las personas que los partidos políticos han seleccionado para que los representen. Eso lo afirmo yo.