EL PLAN B

Fue rechazada la propuesta de Reforma Constitucional Electoral por  la oposición  (PRI, PAN,PRD, MC), la cual tenía como uno de sus objetivos la reducción de diputados, senadores, consejeros, así como de prerrogativas a partidos políticos y una sustancial reforma administrativa, es decir una serie de medidas para no tener las elecciones más caras del mundo.  En 1999 se asignó un presupuesto de 13,400 millones de pesos, mientras que para 2018 el presupuesto fue de 68,300 millones de pesos, es decir un crecimiento de 409% en menos de 20 años.

De haberse aprobado la reforma constitucional el ahorro al erario hubiera sido de 15, 000 millones de pesos, con el Plan B el ahorro solo llegará a los 3,500 millones de pesos. El costo del INE es siempre el mismo haya o no elecciones.

Al ser rechazada la propuesta el ejecutivo federal estableció el plan B, aprobado por mayoría de votos en la Cámara de diputados, aun cuando se tendrán que realizar algunas correcciones y está pendiente su aprobación en la de senadores, lo cual seguramente se llevará a cabo esta semana.

El proyecto  consiste en modificar las leyes secundarias. Con este plan se reduce de manera significativa el aparato burocrático administrativo del INE, se le da mayor transparencia al uso del recurso público, ya que no es un secretario el que decide el destino,  sino un consejo. Se reducen las oficinas distritales, los mexicanos en el extranjero podrán tener voto electrónico con INE o pasaporte, o matricula consular, se prohíbe el uso de tarjetas de prepago para evitar fraudes como el de Monex con Peña Nieto. También se les niega al INE o al TRIFE la decisión unilateral de impedir el registro de candidaturas, garantizando la participación libre de los ciudadanos.

El presidente del INE sin embargo sigue terco en su empeño de dejar al INE tal y como está, con los privilegios personales que la institución le ha dado a él en lo particular y al grupo de allegados incluidos por supuesto políticos, comunicadores y analistas políticos que por años se han beneficiado de los contratos del Instituto.  Su alianza con la oposición ha sido clara, el que debería ser el actor más neutral para dar certeza democrática ha sido consistentemente parcial en sus decisiones coincidentes con el bloque opositor. Tiene la costumbre de lanzar amenazas de que las elecciones estarán en riesgo, ante cualquier propuesta de reforma, en lugar de ponerse a trabajar en la adecuación administrativa de la institución y generar un plan de austeridad interno.

Córdova, habla de la confiabilidad de las elecciones, de la calidad técnica del instituto cuando han mostrado enormes deficiencias en la fiscalización de los recursos, han actuado con absoluta parcialidad, consumaron el fraude en la elección del 2006,  dejaron pasar el tema de Monex, sin fiscalización durante la campaña de Peña Nieto en el 2012 y en otro ejemplo reciente, anularon la candidatura a Salgado Macedonio por un tema de 21,000 pesos en cuanto a comprobación de gastos. En el 2018, en la tercera contienda presidencial de Andrés Manuel López Obrador,  aunque hubieran deseado quitarle el triunfo,   tuvieron que reconocerlo pues  arrasó en la elección con un 53.19% y 30.11 millones de votos.

Las instituciones por supuesto requieren mejorarse y reformarse, esa frase de “el INE no se toca”, es absurda. Los antiguos consejeros del INE salen a la palestra diciendo que no habrá garantías para la celebración libre de elecciones, que hay riesgos para la competencia democrática, por el rediseño burocrático que plantea la Reforma, tratando de espantar con el petate del muerto a incautos ciudadanos que se movilizan con consignas de una invención inaudita como que el gobierno quieren desaparecer el INE. Estos consejeros en su mayoría son proclives al PAN y al PRI, es decir no son ciudadanos independientes como dicen.

Tratando de poner el ejemplo, la primera institución que se reformó con el gobierno del presidente Andrés Manuel, fue la propia presidencia, dejando una estructura burocrática sumamente pequeña, quitando cuanto privilegio existía para el primer mandatario, enviando a 1,585 miembros del  estado mayor presidencial adscritos al área a la SEDENA, reduciendo oficinas como convertir a los Pinos en centro cultural y despachar en el Palacio Nacional, reduciendo los gastos casi tres veces. Si el presidente de este país puede aplicar una política austera y reformar la institución presidencial para sí mismo, ¿porque el señor Córdova no está dispuesto a hacerlo?

Esta semana el Plan B será aprobado a pesar del frente opositor  y con ello el INE sí será tocado en favor del pueblo.